Desde cuando se oficializaron las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, el presidente Juan Manuel Santos ha venido insistiéndole al país en que el éxito del proceso de paz pasa, en buena medida, por ese fino lugar donde se trace la línea entre la justicia y la paz. Una delgada línea que defiea cuánto se debe sacrificar en justicia a cambio de alcanzar la paz.
Probablemente son las víctimas las más autorizadas para definir esa línea. Y por eso, el asunto de justicia se ha discutido precisamente dentro del quinto punto de la agenda, el relacionado con las víctimas, que, según el propio presidente Santos, son el corazón del proceso de paz.
La única mención que hasta ahora han hecho las FARC y el Gobierno respecto del tema de justicia fue cuando el pasado 4 de junio se acordó la creación de una Comisión de la Verdad, como parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz.
Las víctimas, que en varias delegaciones viajaron a La Habana, han priorizado sus derechos a la verdad, la reparación, y sobre todo la no repetición, y han abierto la puerta para sacrificar algunos preceptos en materia de justicia, pero han insistido en que debe haber castigo, y no impunidad.
Para trazar esa línea de la que ha hablado el presidente Santos, el Congreso fijó en la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional, con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque las FARC hayan rechazado el marco jurídico para la paz, es una herramienta que sin duda abrió las puertas a la posibilidad de que la guerrilla pueda tener penas reducidas de prisión, a manera de sanción.
Este asunto ha sido uno de los principales nudos del proceso de paz. Fuera de la Mesa de negociaciones, y en múltiples apariciones a la prensa, voceros de las FARC insistieron que no habían ido a La Habana para terminar en una prisión.
Esa era una postura que se encontraba con la posición del Gobierno, pues el presidente Santos reiteró siempre que los responsables de crímenes de lesa humanidad serán investigados, procesados y condenados, pero sobre todo de un sector de la sociedad que viene exigiendo unos mínimos en cuanto a la sanción. El procurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Álvaro Uribe han sido los más críticos y vigilantes.
Esta discusión se ha enmarcado dentro del contexto que supone el Tratado de Roma que estableció unos estándares de justicia que el proceso de paz no se podría salir de sus linderos. Si bien es cierto que Colombia es el primer país en el mundo donde se negocia la paz bajo la luz del Estatuto, la Corte Penal Internacional respeta la autonomía de los países para encontrar alternativas de justicia transicional. Es decir, lo que se acuerde en La Habana tiene un amplio margen.
El tema de la justicia transicional se ha venido discutiendo durante varios meses, incluso, aparte de los plenipotenciarios del Gobierno y las FARC, se creó una especie de subcomisión para encontrar esa receta. Los exmagistrados de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, además de Douglas Cassel, experto en este tipo de procesos, fueron los asesores del Gobierno. Enrique Santiago, Álvaro Leyva, y Diego Martínez fueron los asesores de las FARC.
Aunque todos los puntos de la agenda son neurálgicos, un acuerdo de justicia transicional es imprescindible para firmar un acuerdo de paz y “lograr la mayor cantidad de justicia posible en una negociación política”, según el Gobierno. La justicia transicional ha sido definida como la garantía para lograr un equilibrio entre la seguridad jurídica y la satisfacción de las víctimas y de la sociedad.
Aún se espera el acuerdo, probablemente se acuerde que los máximos responsables de delitos atroces paguen penas reducidas y no necesariamente en prisión. Lo que se anuncie en el acuerdo probablemente no deje contentos a algunos, como lo anticipó en la víspera el presidente Santos. Pero sin duda, le quitará el mayor nudo al proceso. Como han coincidido muchos congresistas, esta podría ser la antesala a la firma de la paz. Por algo Santos y 'Timochenko', jefe de las FARC, se reunirán en Cuba.
Probablemente son las víctimas las más autorizadas para definir esa línea. Y por eso, el asunto de justicia se ha discutido precisamente dentro del quinto punto de la agenda, el relacionado con las víctimas, que, según el propio presidente Santos, son el corazón del proceso de paz.
La única mención que hasta ahora han hecho las FARC y el Gobierno respecto del tema de justicia fue cuando el pasado 4 de junio se acordó la creación de una Comisión de la Verdad, como parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz.
Las víctimas, que en varias delegaciones viajaron a La Habana, han priorizado sus derechos a la verdad, la reparación, y sobre todo la no repetición, y han abierto la puerta para sacrificar algunos preceptos en materia de justicia, pero han insistido en que debe haber castigo, y no impunidad.
Para trazar esa línea de la que ha hablado el presidente Santos, el Congreso fijó en la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional, con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque las FARC hayan rechazado el marco jurídico para la paz, es una herramienta que sin duda abrió las puertas a la posibilidad de que la guerrilla pueda tener penas reducidas de prisión, a manera de sanción.
Este asunto ha sido uno de los principales nudos del proceso de paz. Fuera de la Mesa de negociaciones, y en múltiples apariciones a la prensa, voceros de las FARC insistieron que no habían ido a La Habana para terminar en una prisión.
Esa era una postura que se encontraba con la posición del Gobierno, pues el presidente Santos reiteró siempre que los responsables de crímenes de lesa humanidad serán investigados, procesados y condenados, pero sobre todo de un sector de la sociedad que viene exigiendo unos mínimos en cuanto a la sanción. El procurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Álvaro Uribe han sido los más críticos y vigilantes.
Esta discusión se ha enmarcado dentro del contexto que supone el Tratado de Roma que estableció unos estándares de justicia que el proceso de paz no se podría salir de sus linderos. Si bien es cierto que Colombia es el primer país en el mundo donde se negocia la paz bajo la luz del Estatuto, la Corte Penal Internacional respeta la autonomía de los países para encontrar alternativas de justicia transicional. Es decir, lo que se acuerde en La Habana tiene un amplio margen.
El tema de la justicia transicional se ha venido discutiendo durante varios meses, incluso, aparte de los plenipotenciarios del Gobierno y las FARC, se creó una especie de subcomisión para encontrar esa receta. Los exmagistrados de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, además de Douglas Cassel, experto en este tipo de procesos, fueron los asesores del Gobierno. Enrique Santiago, Álvaro Leyva, y Diego Martínez fueron los asesores de las FARC.
Aunque todos los puntos de la agenda son neurálgicos, un acuerdo de justicia transicional es imprescindible para firmar un acuerdo de paz y “lograr la mayor cantidad de justicia posible en una negociación política”, según el Gobierno. La justicia transicional ha sido definida como la garantía para lograr un equilibrio entre la seguridad jurídica y la satisfacción de las víctimas y de la sociedad.
Aún se espera el acuerdo, probablemente se acuerde que los máximos responsables de delitos atroces paguen penas reducidas y no necesariamente en prisión. Lo que se anuncie en el acuerdo probablemente no deje contentos a algunos, como lo anticipó en la víspera el presidente Santos. Pero sin duda, le quitará el mayor nudo al proceso. Como han coincidido muchos congresistas, esta podría ser la antesala a la firma de la paz. Por algo Santos y 'Timochenko', jefe de las FARC, se reunirán en Cuba.
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