30 de enero de 2020.
La monolítica cohesión que ante la opinión pública han mostrado Voluntad Popular y Primero Justicia en la estrategia opositora sufrió esta semana una fisura que no pasó inadvertida. La aprobación del fondo de litigios por parte de la AN chimba, con el voto salvado de los justicieros alegando falta de transparencia es, por lejos, la primera fractura pública entre los dos partidos al menos desde el 23 de enero del año pasado, cuando la oposición relanzó su estrategia ante el chavismo.
La exigencia de mecanismos transparentes por parte de Primero Justicia no es un detalle menor en un contexto en el que la acera de enfrente, la directiva de Luis Parra, bajo la sombra del Gobierno, ha exigido que se investigue el uso de recursos venezolanos por parte de Juan Guaidó.
La aprobación del fondo de litigios por 20 millones de dólares se produjo sin estar contemplado en el orden del día martes y contó con el visto bueno de VP, además de UNT y AD, los otros dos fuertes del autodenominado G4 de la oposición venezolana. De acuerdo con un comunicado del Parlamento en desacato, el dinero se utilizará para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero, tanto de 2019 como de 2020.
“Estos recursos podrán emplearse indistintamente para la defensa judicial y extra-judicial de la República y cualquiera de sus entes administrativos, hasta concurrencia del monto máximo autorizado”, agregó la AN chimba en su comunicado público.
Pero más allá de la “letra chiquita” del decreto, ni Juan Pablo Guanipa, flamante primer vicepresidente del Parlamento, quien además estaba al frente de la sesión del martes por la ausencia de Guaidó; ni los diputados de la bancada de su partido, Primero Justicia, votaron a favor del acuerdo y poco pudieron hacer para diferir el punto ante la premura de VP.
En un extenso comunicado vía twitter, los justicieros alegan que “el año pasado se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de esos recursos destinados a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos (…) aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos, la designación de un contralor especial por parte de la @AsambleaVE es fundamental para lograr ese soporte institucional”.
En su comunicado, los aurinegros agregan que “tampoco existe estructurada la instancia de imputación del gasto público, tampoco los mecanismos de funcionamiento de la tesorería , por lo cual no existen condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con criterios de honestidad de los recursos públicos”.
De acuerdo con el partido de Guanipa, Borges, Capriles y compañía, “pareciese que estos 20 millones de dólares se parecen (Sic) más a un presupuesto no sometido a controles que a un Fondo Especial de Litigios en el estricto sentido de su definición”.
Incluso, Primero Justicia cuestiona el uso de recursos ya aprobados por el Parlamento en desacato. “Hasta la fecha no se han designado formalmente los miembros de la comisión técnica por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los $3,5 millones de aprobados el 19 de noviembre”.
La fisura entre los dos partidos que copan la escena de la oposición, especialmente desde el 23 de enero de 2019, hizo eco en la Procuraduría que el mismo Parlamento en desacato designó el año pasado. José Ignacio Hernández, quien funge como procurador especial de Guaidó le replicó a PJ: “La aprobación de la @AsambleaVE al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República”.
No obstante, Hernández puso su cargo a la orden “si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del fondo de litigio”; y agregó “que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”.
Las reacciones sobre el tema de fondo, que es la transparencia en le manejo de los recursos del Estado no se hicieron esperar. Un conocedor del tema de la deuda y los litigios de Venezuela en el exterior como Francisco Rodríguez opinó en su cuenta twitter: “Encomiable posición de los diputados de @Pr1meroJusticia al rehusar aprobar recursos sin que se hayan adoptado mecanismos de control que impidan su desvío. Contra la corrupción y opacidad del gobierno de facto, se debe gobernar con el ejemplo de la integridad y la transparencia”.
(LaIguana.TV/Panorama.com.ve/Heilet Morales)
Caso guiso de $20 millones de la AN chimba: Le renuncia a Guaidó el “Procurador” José Ignacio Hernández, el mismo que embargó Citgo
Este pasado miércoles se conoció la renuncia del “Procurador”, José Ignacio Hernández, designado por la imaginaria “Presidencia” interina del diputado Juan Guaidó.
Según lo expuesto en una carta en la que pone su cargo a la orden, dirigida a Guaidó, Hernández motiva su renuncia a la “polémica” suscitada por la aprobación de $20 millones de dólares que la paralela e ilegítima Asamblea Nacional aprobara para pagar honorarios profesionales, sin, he allí el meollo del asunto, la aprobación del partido que dirige Julio Borges, Primero Justicia (PJ).
“Ratifica que mi cargo se encuentra a la disposición, si ello soluciona las desaveniencias que han creado por la decisión tomada por la Asamblea Nacional”, refiere la carta.
Parece ser que cada tanto que el Gobierno de los EE.UU. y la Unión Europea desembolsan cuantiosas cantidades de dinero a las arcas de la golpistas de la dirigencia opositora en el exterior y que dirige Guaidó; la pelea a lo interno de la oposición no se hace mucho esperar.
Hernández, quien fue cuestionado en múltiples oportunidades dentro del seno de la fracción opositora por haber entregado Citgo a la compañía Owen Illinois, en brutal polémica de desfalco a la nación suscitado a mediados del 2019.
La figura de este “procurador” se ve nuevamente en el ojo del huracán por defender la causa que bajó 20 millones de dólares a diputados de la AN, sin la aprobación del gerencista, e injerencista mayor en el exterior, Julio Borges.
¿Quiénes son los asesores de comunicación y de marketing político de Juan Guaidó?
Las malas decisiones de Juan Guaidó han sido reiteradas durante su intento de crear un Gobierno paralelo en Venezuela. Esto hace preguntar quién o quiénes asesoran a este personaje en materia de comunicación y marketing político, pues al final de cuentas todo parece traducirse a que él no tiene mucho poder de maniobra en su accionar y todo lo que hace es tutelado por Estados Unidos.
Al respecto, el comunicador, analista político y filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela comentó en su programa Desde donde sea que transmite LaIguana.TV y cuestionó la decisión de Guaidó de nombrar a Leopoldo Castillo como supuesto “presidente de Telesur”, pues es un personaje con un prontuario bastante oscuro.
“¿Quién está asesorando a Juan Guaidó? Resulta que quiere hacerse de la señal de Telesur, que quiere robar la señal de Telesur y se la da a Leopoldo Castillo, quien fue el que dijo en su cuenta en Twitter —un periodista— que habían asesinado a Leopoldo López”, comentó Pérez Pirela.
El comunicador agregó que Leopoldo Castillo es conocido en Venezuela como “el matacura”, porque trabajó durante muchos para el Departamento de Estado de Estados Unidos y ayudó en Centroamérica al asesinato de jesuítas que militaban en movimientos de izquierda, progresistas, revolucionarios y algunas veces ni siquiera lo hacían.
“Alguien que esté bien asesorado y que quiera presentarse como una cara fresca y que quiera echarse al pico y que quiera robarse a Telesur como lo hizo con Citgo, al menos busca una figura fresca, un periodista que no tenga tanto rabo de paja, ¿cómo va a hacerse de Leopoldo Castillo? Un personaje sin ningún tipo de credibilidad en Venezuela, con un rabo de paja inmenso y un personaje que se encuentra también evidentemente en los Estados Unidos trabajando por los Estados Unidos”.
“La respuesta es muy sencilla, a Leopoldo Castillo no lo eligió Juan Guaidó, lo eligieron los Estados Unidos. Juan Guaidó tiene muy poco poder de maniobra, por eso lo que hace es leer, porque cuando no lee pone la torta”, agregó.
Un ejemplo reciente de estas equivocaciones de Guaidó fue decir que Cuba podría “ser parte de la solución” para Venezuela. Al respecto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Michael Kozak, rechazó la idea presentada el pasado lunes por Guaidó en Canadá y dijo que Cuba no sería jamás la solución porque, según él, “es el problema”.
Pérez Pirela comentó que en Bruselas, Bélgica, a Guaidó lo recibieron con un tortazo, algo que los grandes medios ni se atrevieron a publicar.
“Por cierto, en Bruselas le lanzaron una torta, nosotros lo publicamos en LaIguana.TV, así fue recibido y ustedes tenían que ver como trataban de limpiarle rápidamente el tortazo que le dieron. Están tratando de acomodar y de manguariar —a como dé lugar— a este personaje político al cual la gasolina ya se le terminó”, subrayó.
(LaIguana.TV)
