lunes, 9 de marzo de 2020

PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS EMITIDOS POR DELCY RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA REPÚBLICA


FECHA: 06.03.2020
MEDIO: VTV
PROGRAMA: EN DIRECTO

TEMAS
1.- CAMPAÑA NACIONAL “LAS SANCIONES SON UN CRIMEN”
   Queremos mantener informado a la población y a la comunidad internacional sobre el desarrollo de lo que ha sido la remisión de la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, derivado de los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano a través de medidas coercitiva unilaterales.
  El 13 de febrero nuestro Canciller Jorge Arreaza se presentó ante la CPI en la Haya y entregó a la Fiscal la situación de Venezuela referida a un caso muy especial a nivel de la justicia penal internacional.
 Por primera vez se está presentado un caso donde se demuestra que las medidas coercitivas unilaterales, que hoy constituyen un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, constituyen delitos de lesa humanidad.
 Nosotros hemos presentado un extenso informe donde documentamos todas las acciones derivadas, confesiones directas del gobierno de Estados Unidos, donde informamos de cómo ha estado afectando a la población venezolana en general.
 Son delitos de lesa humanidad porque está dirigida contra toda la población civil venezolana, están siendo ejercidas de forma sistemática y deliberada como una política de gobierno de los Estados Unidos con un objetivo ilegal que es el cambio del gobierno constitucional de Venezuela.
  Las medidas coercitivas unilaterales también constituyen una violación a la prohibición expresa de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de las fuerzas contra poblaciones civiles. Las sanciones matan en ese sentido, las medidas coercitivas unilaterales constituyen una herramienta directa de agresión contra el pueblo.
 Hay una causalidad directa entre la intencionalidad, que es el cambio de gobierno en Venezuela, y las medidas que están utilizando para causar sufrimiento a toda la población civil venezolana, y tal como lo prevé Estatuto de Roma, está dentro de sus supuestos para ser denunciados y para que se determine los responsables de estos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela.
 El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que estas sanciones ilícitas han sido coordinadas directamente por él y el presidente Donald Trump, allí está la causalidad, ellos lo confesaron, lo manifiestan, lo ratifican.
 La política exterior de los Estados Unidos está al margen de la ley es una política ilícita contraria al derecho internacional, violenta toda la legalidad internacional y nacional, pretende vulnerar y violentar nuestra jurisdicción nacional.
 Este delito de lesa humanidad se ha venido configurando desde diciembre del 2014, cuando se dictó aquella ley que dio fundamento al ilícito decreto de Barack Obama, que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política internacional, orden ejecutiva que fue ratificada el día de ayer.
 Desde diciembre del 2014 al año 2020 ha habido una línea de tiempo que es importante documentarlo y tiene que ver cómo ellos han venido asfixiando a la industria petrolera nacional, han atacado directamente a PDVSA, han restado operatividad financiera, logística, administrativa a nuestra industria nacional, afectando directamente a los ingresos en Venezuela que han caído en más del 90.5%.
 Su objetivo es crear el colapso económico en Venezuela causando sufrimiento a toda la población. Al día de hoy 176 entidades públicas venezolanas han sido sancionadas ilícitamente, 133 funcionarios han sido sancionados, 22 personas naturales por tener relación económica, financiera, comercial con Venezuela; 9 buques extranjeros han sido sancionados por transporte de crudo venezolano, 40 buques de PDVSA fueron sancionados, 15 aeronaves de CONVIASA sancionadas, 41 aeronaves de PDVSA han sido sancionadas, 9 empresas venezolanas han sido sancionadas, 9 empresas del Estado venezolano y 61 empresas extranjeras relacionadas con Venezuela.
 Las sanciones han ido tejiendo una estructura para imposibilitar el ejercicio financiero por parte del Estado venezolano, para imposibilitar al Estado venezolano la adquisición de medicamentos, de alimentos, de vacunas.
 Sabemos lo que significó la tragedia de la paralización de los programas médicos que tenía Citgo para atención en personas que necesitaban un reemplazo de su médula ósea, sabemos lo que ha significado la paralización de programas médicos de PDVSA-Argentina para la atención de pacientes con enfermedades especiales, sabemos el impacto sobre las enfermedades crónicas. El Canciller Jorge Arreaza tiene identificado 27 informes por sector que serán remitido a la Corte Penal Internacional.
 Dentro de los informes más relevantes que ya tenemos identificados y que serán presentados: informe sobre las dificultades para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos, informe sobre obstáculos para la adquisición de vacunas, informe sobre suspensión del programa de asistencia de PDVSA en Italia y en Argentina, informe sobre el impacto sobre las medidas unilaterales en niño, niñas y adolescentes, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en las mujeres, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad, en las personas con enfermedades crónicas, el impacto en materia de alimentación y nutrición, el impacto en materia de importación de productos para los CLAP, los obstáculos para importación de productos para la actividad agrícola, el informe para obstaculizar la producción y comercialización del petróleo venezolano, el impacto sobre los servicios públicos: agua potable, sistema eléctrico nacional, transporte; el informe y el impacto de las medidas que tienen sobre las finanzas públicas, sobre los ingresos del Estado.
 Las sanciones significan las existencias de un mundo financiero encarecido para que nosotros podamos acceder a nuestros propios servicios financieros.
 Un informe sobre la migración venezolana promovida por estas medidas coercitivas unilaterales, que, según expertos independiente de la ONU, informe de relatores de las ONU, están pensando incluso que esta migración por deportación forzada también es un delito de lesa humanidad.
 El tema de las medidas coercitivas unilaterales de las cuales hoy en mundo abarca 36 países que han sido víctimas de esta políticas intervencionistas, injerencista y que constituye una agresión no convencional, pero que también tienen el mismo efecto de muertes y grave sufrimiento contra poblaciones civiles.
 Está configurado en este caso un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano y así lo estamos demostrando en la Corte Penal Internacional.
 Es importante informar a la nación y a la comunidad internacional que CPI, el día 19 de febrero ya a abrió un examen preliminar sobre esta grave denuncia que ha presentado Venezuela en La Haya. Ya existe el examen preliminar, es la primera etapa y luego eso va a derivar en una investigación, allí demostramos con números el impacto que ha causado en cada sector de la población, en los sectores más vulnerables y que ha promovido que el presidente Nicolás Maduro haya diseñado planes especiales para la atención de los más vulnerables.
 En sus conjuntos estos delitos de lesa humanidad atentan contra los derechos sociales, económicos, culturales en el concepto de la indivisibilidad de los derechos humanos.
 Hoy estamos presentando al país una campaña nacional con este concepto: “Las Sanciones Son Un Crimen”, una campaña que debe movilizar a todo el pueblo venezolano y a la solidaridad internacional.
  Los pasos que vamos a dar en esa dirección son: Primero, el Canciller se dirige a la Corte Penal Internacional para presentar los informes especiales sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los distintos sectores de la vida económica, social y cultural de Venezuela.
 Segundo: Ha dictado el presidente Nicolás Maduro y saldrá mañana en Gaceta Oficial, un decreto que crea el registro único información sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales que debe llevar cada órgano y organismo entes del Estado llamados a registrar justamente este impacto.
 Este registro estará a cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y allí deben ser consignados trimestralmente el impacto negativo y para tener un registro único y centralizado que permita de forma directa establecer la comunicación que debe generar el Canciller con la Corte Penal Internacional. En este informe se debe presentar los daños directos e indirectos causados por estas medidas coercitivas unilaterales.
 El Defensor del Pueblo ha puesto a disposición las 33 sedes de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, para que los venezolanos que hayan sido víctimas de las medidas coercitivas y unilaterales puedan llevarlas a estas sedes para que organicemos y acompañemos la debida articulación del expediente que deberá ser presentado ante la CPI.
 Todo el país debe movilizarse, ya que estas acciones deliberadas, sistemáticas que es una política de los Estados Unidos afecta a toda la población venezolana.
 Esta no esta no es una campaña partidista, es una campaña de toda Venezuela, toda Venezuela unida debe movilizarse, debe denunciar y que esa voz llegue a instancias internacionales para que se determine quienes son los criminales que agreden a Venezuela.
 Arranca a partir de hoy esta campaña de gran movilización y unión nacional, de gran conciencia nacional, para que todos demostremos de cómo hemos sido víctimas de estas medidas coercitivas y unilaterales.
 Este caso está en examen preliminar y nosotros en este momento nos dirigimos a la CPI a presentar los informes sobre los impactos negativos que han tenido estas medidas coercitivas unilaterales.

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