El ingeniero y planificador, Nelson Ortega, denunció que la legislación colombiana contribuye al contrabando de combustible mediante diferentes disposiciones presidenciales y leyes, con la finalidad de percibir impuestos sobre el mercado de combustibles provenientes de este ilícito de extracción desde Venezuela. Ortega señaló que los decretos 2338, 2339, 3353, 4236 y 4237 de 2004, especifican en su artículo 1 que los mismos aplican exclusivamente a combustibles líquidos provenientes de Venezuela y crean la figura de los Centro de Acopio controlados por la DIAN, los cuales deben estar cerca de la frontera con nuestro país
“Un litro de combustible de 91 octanos acá vale 1 bolívar, hoy un litro de combustible en Cúcuta vale más de 20 mil bolívares y es de 87 octanos. En Bogotá vale 26 mil bolívares”, añadió Ortega.
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