También pasaron a juicio dos empresarios por comercializar ilícitamente carne de propiedad pública
Caracas, 15.11.16, Ministerio Público Ante la acusación presentada por el Ministerio Público se ordenó el pase a juicio para el expresidente, la exadministradora y el exdirector nacional de Distribución de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), así como la expresidenta de la Red de Abastos Bicentenario, quienes habrían incurrido en actos de corrupción con dinero derivado de las múltiples jornadas a cielo abierto efectuadas en distintos sectores caraqueños.
De igual manera, pasaron a juicio los empresarios Mariano Crespo González y Andrés Haiek Ruiz, por estar presuntamente involucrados en la obtención, distribución y comercialización irregular de más de 100.000 reses pertenecientes al Estado venezolano.
En la audiencia preliminar, los fiscales nacionales 11º y 73º, auxiliares 67ª y 93ª, Carlos Gutiérrez, Arturo Romero, Doris Sánchez e Ivanna González, respectivamente, ratificaron la acusación contra el expresidente de CVAL, Heber Aguilar, por evasión de procesos licitatorios, concierto con contratistas, boicot y asociación para delinquir; y contra la expresidenta de Abastos Bicentenario, Bárbara González, por peculado de uso.
Por su parte, a la exadministradora de la citada red, Bárbara Neidi, se le ratificaron los tipos penales de peculado doloso propio, agavillamiento y lucro indebido en actos de la Administración Pública.
Además, al exdirector nacional de distribución de ese organismo estadal, Johanis Ascanio Gonzáles, se le ratificó la acusación por concierto con contratista, boicot y asociación para delinquir.
En el caso de Crespo González y Haiek Ruiz se les ratificaron los delitos de concierto con contratista, boicot y asociación para delinquir.
Sin embargo, el Tribunal 21º de Control del Área Metropolitana de Caracas sobreseyó los dos últimos delitos, motivo por el que los representantes del Ministerio Público apelaron la decisión con efecto suspensivo hasta que la Corte de Apelaciones decida al respecto.
Tras admitir el acto conclusivo expuesto por los representantes del Ministerio Público, la citada instancia judicial ordenó el enjuiciamiento de las seis personas.
En este sentido, Aguilar, Ascanio Gonzáles, Crespo González y Haiek Ruiz permanecen privados de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.
En el caso de Figueroa, el Tribunal decidió otorgarle medida cautelar, por lo que el Ministerio Público apeló la decisión con efecto suspensivo; en ese sentido, continuará recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques.
Asimismo, González mantiene medidas cautelares de presentación periódica cada ocho días.
Ttodos están sujetos a medidas reales de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, aseguramiento de bienes y el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias.
Ante la investigación dirigida por los fiscales del Ministerio Público, Aguilar, Figueroa, Ascanio Gonzáles y González resultaron aprehendidos durante varios procedimientos entre los días 24 y 25 de enero pasado.
Vale recordar que ese 25 de enero, tras un allanamiento en la vivienda de la exadministradora, se hallaron más de 10 millones de bolívares, que se presume sean producto de las ventas en las jornadas a cielo abierto.
Un mes después fue capturado Ascanio en Guarenas, estado Miranda.
Adicionalmente, se corroboró que Crespo González y Haiek Ruiz operaban con cuatro compañías tipo maletín, registradas con un mismo domicilio fiscal, con las que recibían reses propiedad del Estado.
La mercancía, luego de ser traída desde Brasil y procesada, era distribuida a restaurantes privados a pesar de que la colocación de la misma estaba destinada a las redes de abastos públicos y que su obtención era a precio de dólar preferencial.
En virtud de tal situación, los empresarios fueron capturados el pasado 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Vargas), cuando se disponían a abordar un vuelo con rumbo a Miami, a razón de órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por dicho juzgado.
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