Las víctimas fueron cinco hombres
(Caracas, 28 de marzo de 2016) El Ministerio Público interpuso cuatro recursos extraordinarios de revisión constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cuatro decisiones tomadas por extintos consejos de Guerra Permanente, que declararon terminadas las investigaciones de hechos ocurridos entre 1965 y 1985.
Las víctimas fueron César Burguillos, Ramón Pasquier Suárez, Asunción Higuera Miranda, Oswaldo Arenas y Franklin Gómez.
Los fiscales 8ª, 39º, 80º nacionales y auxiliares, así como la 86ª del Área Metropolitana de Caracas, Mery Gómez, Juan Barradas, Elvis Rodríguez, Armando Saavedra, Héctor Alvarado y Eddmysalha Guillén, respectivamente, presentaron los escritos ante el TSJ, a través de los cuales solicitaron que se admitan los recursos de revisión constitucional, y una vez que se verifiquen los hechos y los argumentos jurídicos se declaren con lugar y se anulen las referidas decisiones.
Tales acciones se enmarcan dentro de la comisión que investiga los homicidios, torturas y desapariciones forzadas de venezolanos ocurridas de 1958 a 1998.
El primer caso data del 17 de agosto de 1975, cuando el maestro César Burguillos fue detenido por funcionarios de la antigua Dirección General de Policía (Digepol) en la ciudad de Carúpano, tras ser acusado de ser un activista político, hecho por el cual fue encarcelado en los calabozos del Consejo Municipal de la referida ciudad, lugar en el que se le vio por última vez con vida.
El 16 de junio de 1988, el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín declaró extinguida la investigación, sentencia que fue ratificada el 14 de agosto de ese mismo año por el extinto Consejo de Guerra Permanente de esa ciudad.
Por otra parte, el estudiante de Ingeniería de la Universidad de Carabobo y militante del frente guerrillero “José Leonardo Chirinos”, Ramón Pasquier Suárez, fue detenido el 26 de noviembre de 1965 por efectivos castrenses, quienes lo trasladaron al Destacamento de la Guardia Nacional en Puerto Cabello, donde se produjo su muerte.
Posteriormente, sentencias emanadas del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo y el Consejo de Guerra Permanente de la misma ciudad determinaron que el delito había prescrito.
En cuanto al caso de Asunción Higuera Miranda, se logró determinar que el 6 de julio de 1970 cuando trabajaba en la finca “La Veguita”, ubicada en el municipio La Cruz Tártara del estado Falcón, llegó una comisión del Ejército que lo detuvo sin motivo aparente.
Por tal motivo, trabajadores del lugar informaron de lo sucedido a la familia de Higuera, quienes comenzaron una búsqueda infructuosa en los diferentes entes policiales del estado.
En este sentido, el 24 de julio de 1970 el extinto Juzgado Militar Accidental de Instrucción de Yumare declaró terminada la averiguación, recurso que fue confirmado el 23 de marzo de 1977 por el extinto Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo.
Finalmente, el caso de Oswaldo Arenas y Franklin Gómez guarda relación con la llamada “Masacre de La Pica”, ocurrida el 8 de agosto de 1983, en la cárcel La Pica (Monagas).
Gómez militaba en el partido Bandera Roja y fue detenido el 20 de noviembre de 1981 por funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en San Félix (Bolívar), mientras que Arenas fue detenido el 6 de Junio de 1983 en la citada región por funcionarios de la Guardia Nacional.
Al intentar encerrar a los dos hombres en los calabozos, los mismos se resistieron y los uniformados actuaron de manera violenta, lo que ocasionó la muerte de Arenas, mientras que Gómez fue herido en la pierna.
Vale destacar que el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de la ciudad de Maturín, de fecha 28 de octubre de 1988, ordenó mantener abierta esta averiguación.
MJG
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