(Caracas, 22 de mayo de 2018.- Prensa DP).- La Defensa Pública (DP), órgano del sistema de justicia, cuenta con abogados gratuitos para defender, asesorar y representar a los inquilinos, ocupantes y propietarios cuyos derechos sean vulnerados.
Durante el programa “Habla la Defensa Pública en la Radio”, transmitido por YVKE Mundial, la defensora pública 1° con competencia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, Marina Romero, indicó que aquellos inquilinos y propietarios afectados pueden acudir a la sede de la Defensa Pública a plantear su problemática.
La defensora pública destacó que, según la ley vigente, la fijación e incremento de los alquileres deben estar autorizados por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), por ende, hizo un llamado a las personas que sean víctimas de la subida desproporcionada de los precios de arrendamientos a acudir a este órgano del sistema de justicia, para así garantizar sus derechos como inquilinos.
En cuanto al tema de los cobros del canon de arrendamiento en moneda extranjera, prohibido y sancionado en la ley, la funcionaria señaló que los inquilinos que sean víctimas de esta infracción deben acudir a la DP y presentar pruebas tales como correos electrónicos o mensajes de textos que haya intercambiado con sus arrendatarios en los que se puedan constatar los pagos en divisas.
Además, puntualizó que las víctimas también pueden asistir a la Sunavi, con el fin de solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, según lo estipula la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
Respecto al tema de las perturbaciones (amenazas de desalojos, maltrato, medidas de coacción, restricción de servicios básicos, entre otras) por parte de propietarios, Romero resaltó que el afectado puede solicitar a la DP orientación en materia especial inquilinaria, con el fin de que se plantee la situación al Grupo de Respuesta al Desalojo Arbitrario de la Sunavi (GRADA), para que dicho ente realice una mediación entre las partes involucradas.
En el caso de que el propietario se vea afectado por perturbaciones ocasionadas por el inquilino, entre ellas incumplimiento de pagos de la renta, el dueño del inmueble también puede solicitar los servicios de un defensor público para lograr hacer valer sus derechos como arrendador, tal como lo establece la normativa.
La funcionaria recordó que están prohibidos los desalojos arbitrarios y en el caso de que el contrato de arrendamiento entre las partes no haya sido en escrito, si no de manera verbal, el propietario no deberá usar este elemento para solicitar el desalojo de la vivienda.
Instó a aquellas personas que sean víctimas de esta irregularidad a presentar ante el Sunavi los comprobantes de los pagos realizados al propietario o la constancia de residencia emitida por el Consejo Nacional Electoral, para que el organismo pertinente constate que existe una relación de arrendamiento.
Por otra parte, Romero resaltó que en caso de que el inquilino tenga bajo su cargo a un niño o adolescente y el arrendatario le solicite el desalojo de la vivienda, este puede dirigirse al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dónde se tomaran las medidas necesarias para la protección de los infantes que están siendo perturbados.
Finalmente, dijo que en los casos en los que el arrendador se niegue a alquilar inmuebles a mujeres en estado de embarazo, las afectadas pueden acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda o a la Defensoría del Pueblo a realizar las denuncias respectivas, pues de acuerdo con la ley se les estaría negando su derecho al acceso a una vivienda digna.
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