(fusilamientos en texto claro)
El Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina no está especializado en combate. Sin embargo, en el 2006, en pleno auge de los falsos positivos, fue el Batallón que más bajas presentó en todo el país.
Johan Lotero Gil se tiró por un barranco del municipio de Santa Bárbara, en Antioquia. Estaba huyendo. Los militares lo buscaron toda la noche. Al otro día, un ayudante de un bus les dió la pista: un tipo, más arriba, estaba diciendo que lo iba a matar el Ejército. Se fueron corriendo a buscarlo y lo encontraron. Lo montaron en una camioneta oficial con rumbo al Alto de Minas, a 15 minutos del casco urbano, donde el Batallón Pedro Nel Ospina tenía una base militar. Le dieron comida y baño. Por la noche, lo sacaron de la instalación castrense y, cerca de allí, en una carretera veredal, le dispararon hasta matarlo.
La suya fue una de las 86 “bajas en combate” con las que en el 2006, el Batallón Pedro Nel Ospina ganó un macabro concurso en el que participaron las 10 unidades tácticas adscritas a la IV Brigada del Ejército: premiar al que más bajas presentara al final del año.
Ese año, el Pedro Nel Ospina, en ese entonces al mando del Coronel Edgar Emilio Ávila Doria, no sólo ganó en Antioquia. Además, fue el Batallón que registró más bajas en todo el país.
“A los comandantes les dieron medallas de orden público; a los tenientes cursos de aviación o los desplazaban al Sinaí”, dijo en un interrogatorio ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Teniente Manuel Alejandro Cuellar, hoy retirado del Ejército y recluido en la Prisión Militar del mismo Batallón donde ocurrió todo, en Bello, Antioquia.
“Es extraño que la Unidad haya quedado de primeras en resultados operacionales a nivel nacional, por encima de zonas como Caquetá, Meta y Guaviare. La mayoría de sus integrantes son soldados regulares o campesinos, con pocos soldados profesionales”, dijo.
El Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina opera en la comuna 13 de Medellín y el oriente antioqueño. Es un batallón para el control militar de área, especializado en la construcción de obras como puentes y alumbrados para los civiles, no en operaciones de combate.
Sin embargo, dice Cuellar, el triunfo hizo que aumentara “la presión del Coronel Ávila, el Mayor Cadena y el Mayor Raúl Huertas (las tres cabezas del Batallón) para que las tropas dieran resultados”.
El Coronel Edgar Emilio Ávila Doria, quien hasta hace poco fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar, es acusado por estos dos militares de haber coordinado y presionado a las tropas para que produjeran tantas bajas como en el 2006.
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El fiscal Luis Fernando Zapata que imputó a estos dos militares por 19 hechos de falsos positivos entre el 2006 y 2007, también ha sido el fiscal del caso del coronel Robinson González del Río, uno de los militares salpicados por este escándalo y quien negociaba con el Consejo Superior de la Judicatura para que los casos quedaran en la justicia penal militar.
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El pasado 18 de noviembre, por primera vez desde que se destapó el escándalo de falsos positivos, la Fiscalía imputó cargos contra dos militares no sólo por un hecho, como suele hacerlo, sino por 19. Todos de una sola sentada. Un hecho que fue catalogado por el fiscal del caso, Luis Fernando Zapata, como “sui generis”.
Él es el mismo fiscal que en 2012 mandó a interceptar el teléfono del coronel Robinson González del Río que permitió descubrir cómo éste negociaba con el magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura, para que les ayudara a él y a otros militares implicados en falsos positivos, a que sus casos pasaran de la justicia ordinaria a la penal militar.
Los acusados son el teniente Manuel Alejandro Cuellar y el sargento William Darley García Ospina, ambos de la sección de inteligencia del Pedro Nel Ospina. Aunque sólo por la muerte de Johan podrían enfrentar una pena de mínimo 40 años de cárcel, están colaborando con la justicia para que les reduzcan la pena, que puede llegar a ser menos de la mitad. Por eso, su testimonio sobre cómo murieron las 25 personas en 19 hechos a manos del Batallón Pedro Nel Ospina se ha convertido en la clave para revelar el modus operandi con el que el Batallón se hizo acreedor del premio.
Cuellar, que para entonces era el Jefe de Inteligencia del Batallón, calcula que entre 2006 y 2007 fueron 72 víctimas que, como Johan Lotero, fueron asesinadas por el Ejército pero presentadas como muertos en combate.
Además de escribir los informes de inteligencia que sustentaban los resultados operacionales, Cuellar y el sargento García también reclutaban a las bajas del Pedro Nel Ospina. Eran los que sabían cómo se hacían los “trabajitos”, dijeron. Para esto, se apoyaban en dos informantes que participaron en varios de estos hechos: alias “Román” y alias “Pan de 10” con quienes buscaban a las víctimas y se las entregaban a los hombres del Batallón.
Uno de ellos, Pan de 10, fue quien quien recogió en marzo del 2007 a Jorge Humberto Lotero en su casa en el municipio de Risaralda, en Caldas. Era su primo, Luis Norberto Serna que se llevó a Lotero con la promesa de un trabajo en construcción en Medellín donde le iban a pagar 300 mil pesos quincenales.
Aunque en el Montero verde en el que se lo llevaron iban tres personas más, sólo Lotero se bajó cuando se detuvieron en la vía entre Sabaneta y Caldas, en Antioquia.
El teniente Cuellar lo estaba esperando y se lo llevó a tomar trago durante siete horas en la plaza mayorista de Itagüí -el Corabastos que suple a toda Antioquia-. En la noche, pasó a recogerlos un carro que los llevó hasta la vereda el Sesenta, del municipio de Caldas. Las tropas al mando del teniente Wilmar Ezequiel Cárdenas del Batallón Pedro Nel Ospina lo bajaron del carro y lo ubicaron al lado de la vía. Desde allí le dispararon.
Jorge Humberto Lotero todavía tenía alcohol en la sangre cuando le hicieron la autopsia, aún cuando había pasado un tiempo entre su muerte y los exámenes médicos. Una borrachera leve, de esas donde el cuerpo empieza a perder coordinación y se vuelve peligroso manejar.
Esa noche el sargento García Ospina se acercó hasta el cuerpo de Lotero, le puso entre sus manos una pistola .38 y disparó con uno de los dedos inertes.
Así, los exámenes de pólvora en los informes de balística que hacía el CTI daban positivo. Eso, sumando a los anexos de inteligencia que había escrito Cuellar, que justificaban la presencia de los militares en el sitio, y las órdenes de operaciones y las misiones tácticas firmadas por el Comandante del Batallón, coronel Ávila Doria y el oficial de Operaciones, mayor Raúl Huertas Ceballos, eran las evidencias con las que probaban que hubo combate.
“En los informes de inteligencia sólo se cambiaba el análisis ya que se hacía uno para todo el mes. Se cambiaba la estructura a la cual se le colocaba el muerto y después de los hechos, se cambiaba el análisis para justificar la presencia de los miembros del Ejército en el lugar donde se había presentado la baja. Era copia y pegue”, dijo el Teniente Cuellar en el interrogatorio.
Rosa, la esposa de Lotero, lo buscó durante 15 días antes de encontrarlo en el anfiteatro de Medicina Legal en el municipio de Caldas. En cambio, los otros tres que viajaron con su esposo aparecieron un día después de su muerte, en el municipio de Segovia, al norte de Antioquia.
“Fueron distribuidos”, dice el fiscal Zapata en la audiencia de imputación celebrada el 18 de noviembre de este año. “Uno, Lotero, para Caldas, como resultado para el Batallón Pedro Nel Ospina y las otras tres en el municipio de Segovia para resultado operacional del Batallón Energético y Vial No. 8 de ese municipio”.
Por los tres hombres de Segovia ya han sido condenados cinco soldados, el capitán Hansen Ejey Gómez Ruiz, comandante del Batallón y alias Pan de 10. Este último gracias a la esposa de Lotero, que lo reconoció en el álbum familiar como el primo de su esposo.
La misma táctica ya la habían usado el 26 y 27 de marzo del 2006, pero esta vez los repartieron para dar resultados sólo entre los hombres del Pedro Nel Ospina.
“El capitán [Jackson] Moreno Moreno les dijo que iban a entregar cuatro personas en Itagüí, de las cuales dos iban para Abejorral, entregadas al Sargento [Fernando] Valencia y las otras dos para el cabo Mejía [en la Comuna 13 de Medellín]. Los asesinaron”, dijo en testimonio el Sargento García.
Y es que los mismos tenientes del Batallón competían entre sí por conseguir los resultados operacionales. Por ejemplo, uno de los tenientes que mencionan es Juan Pablo Albarracin, que “les insistía [a los informantes Román y Pan de 10] que les llevaran personas porque él era el único teniente que no había dado resultados”, cuenta García. Lo mismo dice del teniente Cárdenas, que fue trasladado a Abejorral para dar resultados porque “en ese sitio los daba el sargento Valencia y el cabo Reyes Montealegre”.
Era una operación avispa, como la que hacen los políticos para no quitarse votos entre sí, sólo que en este caso se trataba de cadáveres.
Antioquia es el departamento con más casos de falsos positivos en todo el país: 793 según la Fiscalía. Entre 2006 y 2007 según uno de los imputados en esta audiencia, el Batallón Pedro Nel Ospina tuvo 72 casos
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Los militares se repartían las víctimas entre distintos batallones. Aquí, en la audiencia donde se condenó a cinco soldados por matar y presentar como "bajas en combate" a tres personas en Segovia, Antioquia.
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García, como sargento de inteligencia de Batallón, estaba presente en todos los crímenes no sólo para hacer los informes sino porque él era quien se encargaba de arreglar la escena para que pareciera un combate. También era el que disparaba las armas hechizas que conseguían los militares (changones, escopetas, revólveres y pistolas que ponían al lado de los cuerpos) para que las pruebas dieran positivo. En algunos casos, dice el Sargento, los hombres de inteligencia proveían radios de comunicación y granadas de mano con las que disfrazaban de delincuentes a las víctimas.
La única vez que le pusieron un fusil largo [Ak-47] a una de las “bajas” del Batallón fue el 15 de mayo de 2007, cuando mataron a dos personas que presentaron como resultados operacionales en la vereda Los Rastrojos del municipio de Abejorral. Uno de ellos era Eiber Alexander Pino, un drogadicto que había estado internado en la Fundación Luz del Camino en el municipio de Guarne.
García dijo que le pusieron un fusil porque el coronel Ávila estaba presionado por sus superiores después de que la guerrilla incendió por esos días un bus en la vía a Santa Bárbara.
Las “presiones” de sus superiores se repiten en casi todos los 19 hechos que narra el fiscal Zapata. Según ellos esos comandantes estaban al tanto de todas las operaciones y ayudaban a coordinarlas. Aseguran que Ávila daba el “visto bueno” para comprar las armas que les ponían a los cadáveres y que otro de los comandantes, José Zanguña Duarte, les pedía que no usaran para estos trabajos los carros de la institución, sino que le dijeran a él para "contratar carros de afuera".
En una ocasión, el teniente Cuellar mató a una de las víctimas y cuando llegaron las tropas a ayudarle, el cadáver tenía un pasamontañas, pero al revés. Cuellar dijo que “si no daba una baja lo retiraban del Ejército porque estaba en período de prueba”. A García le tocó arreglarle la prenda para maquillar la escena.
“El Coronel Edgar Emilio Ávila Doria les decía a los soldados en la formación que suministrarán información y que esto les daba permisos”, dijo el Sargento García a la Fiscalía.
Así fue como un joven soldado -cuenta García- se les acercó a los comandantes y les dijo que conocía bandidos en Copacabana, Antioquia. Les llevó a un joven y a cambio, lo eximieron de prestar el servicio militar.
La mayoría de las víctimas de este Batallón tenían un perfil claro: eran extorsionistas, habitantes de calle, desmovilizados de las AUC o supuestos guerrilleros. Posibles delincuentes. Sin embargo, ninguno de ellos murió en combate como reportaron los militares. A algunos, incluso, los sacaron de sus casas y los llevaron hasta el punto donde los iban a matar para registrar resultados en zonas donde se podían justificar sus muertes en supuestos combates.
Ese fue el caso de un presunto guerrillero llamado Nelson Marín. Personas de la comunidad de Copacabana le dijeron al coronel Ávila que Marín pertenecía a las Farc y vacunaba y extorsionaba a las personas de la vereda.
El teniente Cuellar junto con otro sargento de apellido Ochoa coordinaron el operativo y le montaron inteligencia al supuesto guerrillero.
Una noche, Cuellar llamó a la tropa por teléfono. Les dijo que se había metido a la casa de Marín en Copacabana y que lo llevaba en un camión. En medio de la operación, el camión tuvo problemas mecánicos pero eso no evitó que llegaran hasta un sitio en el municipio de Barbosa, a media hora de Copacabana, donde lo esperaba el resto de la tropa. Los soldados le avisaron al mayor Padilla, entonces jefe de operaciones del Batallón, que “tenían un trabajo especial con el teniente Cuellar, por lo cual, él ya sabía de qué se trataba”, cuenta el Sargento García.
Nelson Marín murió por los disparos de los soldados que lo pusieron a una distancia entre dos morros (montañitas) al lado de una vía en la vereda Los Lavaderos de Barbosa. Pertenecía a una banda que se dedicaba a la extorsión. Como él, otro de los miembros de esta banda cayó a manos del mismo Batallón Pedro Nel Ospina el 31 de diciembre del 2006, anota el fiscal, el último día del año en que quedaron ganadores en el concurso por bajas.
Además de los delitos de homicidio en persona protegida (por matar a alguien que no estaba armado ni combatiendo); porte ilegal de armas (por las que le pusieron a los cadáveres), falsedad en documento público (por haber suscrito informes de patrullaje donde justificaban el combate), y secuestro simple agravado (por haber sacado a víctimas de sus casas), en este caso, la Fiscalía le imputó al sargento García el delito de peculado.
La razón: el Ejército pagó una recompensa por un millón de pesos al informante que ayudó al Batallón a dar con Marín a pesar de que su muerte fue un falso positivo. El Fiscal Zapata lee uno a uno los siete altos mandos de la IV Brigada y el Batallón Pedro Nel Ospina que firmaron el acta de recompensa por esta muerte. Entre ellos, están tanto el coronel Ávila como Jorge Rodríguez Clavijo, Comandante de la IV Brigada y Juan Carlos Pisa, jefe del Estado Mayor de la misma.
Finalmente, en junio del 2007, el Batallón Pedro Nel Ospina cambió de mando. El coronel Edgar Emilio Ávila Doria se despidió del Batallón con resultados, como informó entonces El Colombiano. Su carrera militar continuó en ascenso. En junio del 2009, pasó a ser el Director encargado de la Justicia Penal Militar, y fue cuando Gustavo Petro, cuando era Senador del Polo, lo denunció porque supuestamente transfirió procesos de falsos positivos dentro de esa justicia lo que según el Senador, iba a entorpecer las investigaciones. Sin embargo, el Ministerio de Defensa respondió que Ávila no tenía procesos abiertos.
El último cargo que ocupó este año fue la decanatura de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, por cuatro meses hasta mayo.
Sin embargo, aún sin él, el Batallón Pedro Nel Ospina siguió buscando falsos positivos. La última baja que consiguió Cuellar en 2007 la hizo, según él, por petición del mayor Cadena, que quedó encargado del Batallón cuando salió Ávila Doria, para “poderle dar la autorización” para trasladarlo a otro Batallón.
El sargento García también siguió reclutando jóvenes para los resultados operacionales de otros batallones del Ejército junto con alias Pan de 10. A principios del 2008, recibió instrucción de que, para tener el grado de Sargento Viceprimero, tenía que trasladarse al área de Contrainteligencia del Batallón de Servicios No. 5 Francisco José de Caldas en Bucaramanga, Santander.
Allí se dio cuenta que también se dedicaban a dar este tipo de bajas operacionales, a pesar de que era un batallón administrativo. “Por la presión de los altos mandos dieron este tipo de bajas porque el batallón no podía pasar sin dar ningún tipo de bajas”, aseguró a la Fiscalía.
Después de casi tres horas de audiencia, ninguno de los dos militares se acogió a los cargos, argumentando que estaban en un preacuerdo con la Fiscalía y que aún faltaban, en el caso del teniente Cuellar, delitos por imputar. Sin embargo, ambos tomaron el micrófono para pedirle perdón a sus víctimas, algunas presentes en la sala de audiencias en Medellín.
Además, dijeron que estaban colaborando con la justicia para esclarecer otros delitos, donde podrían involucrarse a más personas. Su situación se definirá en una próxima audiencia que se hará en los próximos seis meses, como afirmó la jueza que presidió esta audiencia.
Con las rebajas por confesión, en todo caso, a Cuéllar y García les esperan por lo menos dos décadas en la cárcel si no más. Salvo si se llega a firmar un proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
El sábado, Santos se comprometió con los militares a garantizar que en el contexto de la justicia transicional que se aplicará dentro del proceso de paz los miembros de la Fuerza Pública que han cometido delitos reciban exactamente los mismos beneficios jurídicos que la guerrilla. Actualmente existe un debate sobre si los “falsos positivos” entrarían dentro de esta justicia y lo más probable es que así sea pues se cometieron en el marco del conflicto armado. Si esto se da, entonces, terminarían pagando una pena simbólica.
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