Recomendación de Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no es vinculante
(Barquisimeto, 15 de octubre de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que ningún organismo internacional puede darle órdenes a Venezuela en ninguna materia, puesto que “somos un país soberano, libre e independiente”.
La aseveración de la máxima autoridad del Ministerio Público correspondió a una conferencia de prensa efectuada posterior a la instalación del Encuentro Regional "Prevención es Seguridad Ciudadana", que se llevó a cabo este miércoles en la Torre David, en Barquisimeto, estado Lara.
Al preguntársele sobre el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el caso de Leopoldo López, señaló que esas injerencias y recomendaciones no tienen ningún efecto en Venezuela.
La Fiscal General aclaró que la recomendación del citado grupo de trabajo no es vinculante.
Por otra parte, al ser consultada respecto a la muerte del diputado Robert Serra y de la joven María Herrera, informó que el Gobierno designará a un vocero oficial por considerarlo un problema de Estado.
Recordó que por este hecho están privados de libertad Eduwin José Torres Camacho y Carlos Enrique García.
"El vocero oficial que designe el Estado venezolano informará todo lo que ha ocurrido, todas las actuaciones que se han hecho hasta donde la reserva legal nos permita decir", reiteró
Respecto a la muerte de José Odreman y cuatro personas más durante un operativo realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el centro de Caracas el pasado 7 de octubre, dijo que la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público es la que está practicando todas las diligencias de investigación.
"Para garantizar la transparencia, la objetividad y la imparcialidad, hemos asumido totalmente la investigación con nuestros expertos", indicó.
Advirtió que independientemente de quien sea la persona, ningún ciudadano puede perder la vida a manos de otro, "porque sería justificar que todos aquellos que cometen un delito tienen que ser ejecutados, tienen que morir sin una fórmula de juicio, sin ni siquiera tener derecho a la defensa".
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