Las llamadas guarimbas se han convertido en reductos violentos, que le sirven a la ultraderecha como escenarios de vandalismo, acciones fascistas y asesinatos.
Hasta este martes 25 de marzo, la violencia desatada por estos reductos desde el 12 de febrero pasado ha cobrado la vida de 36 personas, 21 de ellas víctimas directas del accionar de grupos utilizados por la ultraderecha, cuyos ataques incluyen desde colocar guayas para degollar motorizados hasta tiros de gracia a quienes intentan liberar vías bloqueadas.
En los últimos 42 días, 10 personas han sido asesinadas con armas de fuego por intentar eludir, impedir o retirar cercos que han sido montados con cauchos y basura quemada, escombros, trastos, muebles inservibles o árboles talados (hasta ahora unos 5.000) con el fin de impedir el libre tránsito. Esta modalidad de trancas forzosas de las vías, identificadas por la oposición venezolana como “guarimbas”, es alentada por voces que bajo el disfraz de la “salida” llaman a un golpe de Estado en Venezuela.
Las víctimas más reciente son un Sargento Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) identificado como Miguel Antonio Parra, de 42 años de edad, asesinado este lunes por grupos vandálicos en el sector El Campito, parroquia Spinetti Dini del municipio Libertador de Mérida, y la joven Adriana Urquiola, de 28 años de edad y quien tenía cinco meses de gestación, fue alcanzada por una bala la noche de este domingo en el sector Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda.
Urquiola recibió un disparo luego de bajarse de una unidad de transporte público, que no podía transitar por el referido sector, debido a unos obstáculos que fueron colocados en la vía por vándalos que impedían la libre circulación de las personas.
Asimismo, el pasado 17 de marzo, José Guillén Araque, capitán de la GNB de 34 años, padre de dos hijas, recibió un disparo al impedir que los violentos cerraran la avenida Godoy, en Maracay, estado Aragua. Otro uniformado de la GNB asesinado mientras trabajaba para garantizar la paz fue Ramso Ernesto Bracho Bravo, capitán de la GNB de 36 años, casado hace 3 meses, fue baleado el 12 de marzo, en Valencia, al enfrentar a bandas armadas en el Distribuidor el Mañongo, Carabobo.
Gisella Rubilar, educadora y artesana de 47 años, madre de 4 hijos, chilena, recibió un disparo en la cabeza el 9 de marzo, en el sector Pie de Tiro, en la ciudad Mérida. Alexis Martínez, obrero de 54 años, padre de dos hijos, asesinado de un tiro en el pecho el 20 de febrero, en Barquisimeto, estado Lara. Giovanny Pantoja, sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, padre de 2 hijos, recibió un disparo en la cabeza, en El Trigal, estado Carabobo, el 28 de febrero. Antonio Valbuena, mototaxista de 32 años, padre de cinco hijos menores de edad, recibió un disparo en la cabeza el 24 de febrero, en Maracaibo, estado Zulia.
José Gregorio Amaris, mototaxista de 24 años, padre de un bebé de 6 meses, recibió un disparo en el cuello el 6 de marzo, en Los Ruices, municipio Sucre del estado Miranda; ese día y en ese mismo lugar asesinaron a Acner López, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana del 29 años, adscrito al regimiento de seguridad urbana de la GNB que trabajaba para restablecer el orden público en la zona.
El pasado 7 de marzo, la detective del Servicio Bolivariano de Inteligencia, identificada como Glidis Karelis Chacón Benítez, fue alcanzada también por una bala asesina. Por este caso fue privado de libertad Aldayr Alberto Prato Sánchez, exfuncionario de la Policía Municipal de Chacao (Miranda), mientras que los PoliChacaho José Gregorio González Guevara y Erlyn Dubraska Noguera López recibieron medidas cautelares consistentes en una fianza.
Asimismo, Juan Orlando Labrador Castiblanco, de 39 años, fue asesinado este 22 de marzo por un disparo tras las acciones de grupos vandálicos en la avenida Cardenal Quintero de Mérida, estado Mérida. El efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Jhon Rafael Castillo Castillo también recibió un disparo que le quitó la vida la tarde del pasado 19 de marzo, durante hechos de violencia registrados en las afueras de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa), núcleo San Cristóbal.
Tres personas fallecieron tras chocar con obstáculos en las vías colocados por reductos violentos: Julio González (19-2-2014), fiscal del Ministerio Público de 25 años, padre de dos hijos, y Eduardo Anzola (25-2-2014), carpintero de 29 años y dirigente vecinal, ambos en Carabobo; y Luis Gutiérrez (4-3-2014), estudiante de Ciencias Agropecuarias de 26 años, en Rubio, Táchira.
En una barrera también se truncó la vida de José Méndez, de 17 años, arrollado en Carúpano, estado Sucre, por un conductor que atravesó una guarimba el 17 de febrero.
Cuatro personas más cayeron víctimas de otras trampas asociadas a las guarimbas: Elvis Durán (22-2-2014), motorizado de 29 años, fue degollado por una guaya con alambre de púas colocada en la avenida Rómulo Gallegos del municipio Sucre; Doris Lobo (20-2-2014), graduada de Misión Ribas de 41 años, madre de 3 hijos, sufrió fractura de cráneo cuando la moto en la que viajaba con su hijo chocó con una guaya en la ciudad de Mérida; también tuvo fractura de cráneo Deivis Durán (3-3-2014), mototaxista de 31 años, padre de dos hijos, al caer en una de las alcantarillas a las que les han quitado la tapa en el municipio Chacao del estado Miranda; y en esa misma jurisdicción Johan Pineda (7-3-2014), motorizado de 28 años, falleció en accidente provocado por aceite derramado intencionalmente como parte de la guarimba.
También fueron asesinadas en medio de situaciones de violencia: Daniel Tinoco, estudiante de 24 años, recibió un disparo en el pecho el 10 de marzo, en una zona bloqueada en las que él participaba, en San Cristóbal, estado Táchira; también en esa entidad Danny Melgarejo, de 20 años, fue apuñalado el 22 de febrero en medio de una riña ocurrida luego de que resultó afectado por una guarimba; en el estado Aragua, Wilmer Carballo, comerciante de 41 años y padre de dos hijos, recibió un disparo en la cabeza el 24 de febrero, en medio de una balacera ocurrida durante una guarimba en la urbanización La Fundación de Cagua; y en Carabobo fueron dos las víctimas: Jesús Enrique Acosta, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, y Guillermo Sánchez, de 42 años, fueron asesinados de un impacto de bala en La Isabelica, Valencia, el 12 de marzo.
Roberto Redman fue asesinado con un arma de fuego en Chacao. Recibió un disparo desde una moto la noche del 12 de febrero, cuando participaba en una guarimba donde fueron violentadas instituciones públicas y privadas, en ese municipio del estado Miranda. 8 días después, las autoridades de seguridad del Estado venezolano decomisaron más de 100 motos en los alrededores de Altamira pertenecientes a los grupos violentos de la derecha.
El mismo 12 de febrero en horas de la tarde fueron asesinados en La Candelaria, Caracas: Juan Montoya, de 44 años, luchador social del 23 de Enero, padre de 3 hijos; y Bassil Da Costa, carpintero de 23 años, residente de Guatire, estado Miranda. Ambos recibieron tiros en la cabeza. Por estos casos están detenidos y sujetos a investigación penal tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Alejandro Márquez, de 43 años, falleció el 23 de febrero, víctima de heridas presuntamente provocadas por Guardias Nacionales la noche del 19 de febrero durante su detención en una guarimba, en la parroquia La Candelaria, en Caracas.
Génesis Carmona, de 22 años, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, que las experticias determinaron salió de las filas de la marcha de oposición en la que participaba ese 19 de febrero en Valencia, Carabobo; y Ángel Castillo, obrero de Sidor de 36 años, fue baleado al final de una marcha por la paz y contra las guarimbas, en la que participó ese mismo día (19-2-2014) en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
En Valencia, Geraldine Moreno, de 23 años, falleció el 23 de febrero víctima de un disparo con un perdigón en el rostro que recibió el 19 de febrero. Por este caso hay siete efectivos de la GNB sometidos a investigación.
El pasado domingo 23 de marzo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el organismo, hasta ese momento, adelanta 60 investigaciones sobre presunto maltrato a la integridad personal durante los hechos de violencia promovidos por grupos armados anexos a partidos políticos de ultraderecha.
Asimismo, en la entrevista concedida al programa dominical José Vicente Hoy, que transmite Televen, señaló que 15 personas -funcionarios policiales de distintas policías y de distintas fuerzas de seguridad- están privadas de libertad por presuntas violaciones de derechos fundamentales.
Además de estas 28 víctimas, otras tres muertes se asocian a la violencia estimulada por factores de ultraderecha interesados en mantener una campaña de terror y generar caos.
El accidente de Jimmy Vargas, de 34 años, quien falleció en Táchira tras caer de una platabanda, el 24 de febrero. También los asesinatos de Joan Quintero, de 33 años, quien apareció muerto con varios impactos de bala el mismo 24 de febrero, en Aragua, en las afueras del único local saqueado durante estas jornadas; y Ángelo Vargas, de 27 años, militante revolucionario, asesinado de tres impactos de bala en el estado Bolívar, luego de salir de una reunión en la que se debatió sobre la reanudación de clases en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, donde cursaba estudios de Administración y era presidente de su centro de estudiantes.
Otras muertes
El accionar fascista también deja otro tipo de muertes, algunas ocasionadas por asedio a casas y otras ocurridas cuando estos grupos impidieron a pacientes, en situación de emergencia, llegar a centros de salud.
Ortega Díaz detalló este domingo que las guarimbas además han provocado un saldo de 461 personas lesionadas, de los cuales 318 son civiles y 143 trabajadores policiales, militares, y servidores públicos.
Las guarimbas se iniciaron hace unas siete semanas en 18 municipios del país, y en las últimas tres semanas se circunscriben a seis localidades (todas gobernadas por alcaldes de oposición). Esta disminución no es sólo en espacios tomados sino también en la cantidad de participantes. Su acción criminal es inversamente proporcional a la cantidad de gente que se logra captar o pagar. Algunos detenidos en el municipio Chacao, confesaron cobrar hasta 5.000 bolívares semanales para ejecutar estos hechos violentos.
A los ejecutores directos de la violencia les han incautado, hasta el pasado 14 de marzo, armas de fuego (incluidas armas de guerra, pistolas con mira laser) y municiones de diversos calibres, explosivos C4, más de 2.900 artefactos explosivos (sólo en San Cristóbal), además de insumos e implementos para su fabricación (químicos, gasolina, aceite, esquirlas de hierro, etc.), lanzacohetes improvisados, miles de artefactos denominados “miguelitos” utilizados para dañar cauchos y provocar accidentes (en particular de motos) y bombas lacrimógenas, entre otras herramientas destinadas para ejecutar la violencia.
Los planes estructurados para la aplicación de las guarimbas, se evidencian en los crímenes perpetrados en estos reductos violentos. Su finalidad, ya documentada durante estos días, es servir como espacio para causar muerte y destrucción, hechos que permitan generar una imagen negativa de Venezuela en el mundo, y al mismo tiempo, llenar un falso prontuario en la colectividad que alimente “la salida” violenta e inconstitucional del Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Fuente AVN
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