Resumen Latinoamericano / Telesur-PL / 02 de diciembre de 2015 – La aceptación por el líder de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, de un pedido de juicio político contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, abre hoy un extenso proceso con un final imprevisto.
Al anunciar esta decisión, Cunha resaltó que no había motivaciones políticas en su posición de dar luz verde a una acusación contra Rousseff por supuestas anomalías en las cuentas públicas este año.
Puntualizó que hasta ahora había rechazado 27 de 34 reclamaciones de juicio contra la jefa de Estado por considerarlas en desacuerdo con la ley y por referirse a actos cometidos el pasado año, en el anterior mandato de la gobernante.
Censuré todos los pedidos relacionados con hechos registrados en el mandato anterior para respetar la Constitución, pero acepte esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales e imputa a la dignataria de crímenes de responsabilidad fiscal reportados en este 2015, aseveró.
Miembro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la máxima autoridad de la Cámara, no ofreció detalles sobre la acusación presentada por varios abogados y agrupaciones políticas de oposición.
Según la Carta Magna de Brasil, el presidente del país puede enfrentar un juicio político cuando existen razones jurídicas que determinar la violación de delitos de responsabilidad fiscal por la ocurrencia de anomalías en las finanzas públicas.
Tras este paso, se deberá ahora crear una Comisión especial parlamentaria, la cual estará integrada por 132 legisladores (66 congresistas e igual número de suplentes) que tendrá la misión de evaluar el pedido de juicio político y pronunciarse tras la celebración de 10 sesiones plenarias.
En el caso que este consejo se pronuncie a favor del enjuiciamiento de la jefa de Estado, esa decisión será presentada ante el plenario de la Cámara y deberá contar con el respaldo de 342 los 513 diputados.
De aprobarse este pedido, Rousseff sería apartada de manera temporal de sus funciones durante un máximo de 180 días para presentar su defensa en el Senado, órgano encargado de decidir la destitución de la jefa de Estadio.
De aprobarse este pedido, Rousseff sería apartada de manera temporal de sus funciones durante un máximo de 180 días para presentar su defensa en el Senado, órgano encargado de decidir la destitución de la jefa de Estadio.
Sin embargo, todo este proceso podría anularse por un dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF), en caso que algún parlamentario presente una queja y se determine que el pedido de juicio carece de fuerza legal por no contar con evidencias solidas contra la jefa de Estado.
La autorización para iniciar un proceso de juicio político se registró poco después de que diputados de Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno. anunciaron que votarían a favor de la continuidad de un proceso en contra de la autoridad parlamentaria por supuesta quiebra de decoro.
La reunión de la Comisión de Ética, en la cual sería votado este trámite, fue pospuesta pues coincidía con la celebración de una sesión plenaria de esa casa.
Cunha, según medios de prensa locales, amenazó en días pasados con aprobar el pedido de juicio político, presentado por varios abogados y partidos de oposición, si percibía que sería procesado en el consejo de Ética.
Acusado de tener cuentas bancarias no declaradas en Suiza, el líder de la Cámara es también investigado por la Fiscalía General por recibir propinas de fondos desviados y sucios negocios con Petrobras.
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