Deben participar entes relacionados con el sistema de justicia penal y la seguridad ciudadana
(Caracas, 03 de mayo de 2016) En el marco de la inauguración de la Dirección de Política Criminal del Ministerio Público, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el combate a la criminalidad debe ser abordado por el Estado de forma estructurada y planificada.
En rueda de prensa indicó que para contrarrestar la violencia deben participar todos los entes relacionados con el sistema de justicia penal y la seguridad ciudadana.
En ese sentido informó que en el primer trimestre del año 2016, ocurrieron en Venezuela 4.696 homicidios producto de la violencia, al tiempo que añadió que la convivencia pacífica se ha visto afectada por la aparición de bandas delictivas organizadas y articuladas que operan en el país, situación que constituye una de las principales causas del aumento de la criminalidad.
Agregó que a dicha situación también se le suma el factor del tráfico de armas, por lo que siempre ha hecho un llamado para el desarme de la población.
En su opinión, la tenencia de estos artefactos debe ser controlada por el Estado, pues la misma facilita el crimen e incita a la violencia.
Reiteró que para que haya efectividad se debe articular, por lo que puso a disposición los datos que posee el Ministerio Público, en función de elaborar una propuesta.
También hizo mención a la idealización de la figura del "pranato", que ahora es visto como un líder positivo, lo que implica una inversión de los valores. De allí que es necesario rescatar la moral, la ética, el buen vivir y la solidaridad, entre otros principios.
27 militares procesados por casos de droga
Por otra parte, la fiscal general refirió que en 2016 se han procesado 27 militares por presuntamente incurrir en delitos de tráfico de drogas, cifra que calificó como preocupante.
Asimismo, indicó que en este año se han incautado 19 toneladas con 938 kilogramos de droga.
Al ser consultada sobre los linchamientos ocurridos en el país, Ortega Díaz señaló que actualmente el Ministerio Público adelanta 74 investigaciones, por las que hay 37 fallecidos e igual número de lesionados.
Adicionalmente, hay dos personas que están privadas de libertad en el estado Zulia por estar presuntamente relacionadas con las referidas causas.
Explicó que se designó un equipo especial de fiscales para trabajar en esos casos y dar una respuesta inmediata.
Reiteró que los linchamientos constituyen delitos, y que nadie puede hacer justicia por sus manos. Existe un Estado de derecho, y a través del ordenamiento jurídico venezolano se establecen las condiciones en las que serán enjuiciadas las personas que incurren en hechos delictivos.
“Nadie puede ejecutar linchamientos, aun cuando la persona haya cometido delitos, pues en ocasiones se cometen injusticias precisamente por tomar la justicia por sus propias manos. En ese sentido, también las autoridades deben actuar oportunamente y los cuerpos policiales hacer patrullaje en las calles, estar atentos a garantizar la seguridad ciudadana, porque eso también evita que ocurra este tipo de eventos”.
Por otra parte, insistió en que es necesario que la colectividad tenga confianza en las instituciones porque de lo contrario se produce la anarquía.
Recordó que anteriormente ha abordado el tema de la descomposición policial, la cual es una realidad. “En la medida que nosotros aceptemos que tenemos un problema, en esa medida estamos avanzando en la solución”.
Dijo que las instituciones tienen que erradicar un mal que afecta a todos como es la corrupción, por lo que cualquier irregularidad debe ser denunciada.
Afirmó que es importante recuperar la credibilidad y prestar un buen servicio y resaltó que, a propósito del racionamiento eléctrico, en el Ministerio Público hay funcionarios de guardia permanente, por tal motivo las personas que lo requieran pueden acudir a la institución.
Respecto a la situación del exministro Hebert García Plaza, la Fiscal General señaló que contra este existe una orden de captura librada el 24 de abril de 2015, y la solicitud de alerta roja data del 23 de mayo de ese mismo año.
Igualmente, todos los bienes de esa persona fueron incautados, y se solicitó la prohibición de enajenar y gravar los mismos; además, sus cuentas bancarias fueron congeladas.
Agregó que se están realizando las gestiones para identificar los bienes que pueda tener fuera del territorio nacional.
LMG
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