Por Amaury González V.
Los últimos años han sido de verdadera guerra por la definición e interpretación de la realidad, de una realidad socio-política que ha sido muy dinámica y compleja, pero que al mismo tiempo siempre ha dejado al público suficientes elementos de juicio para saber de dónde sale la mentira y la muerte, y por tanto para saber de qué lado se inclina la balanza de la justicia.
Ha sido un asedio permanente, un golpe continuado. Después del fallecimiento del Comandante Chávez, y desde antes que ocurriera su deceso, era previsible que los sectores más recalcitrantes y reaccionarios que siempre han adversado al Gobierno bolivariano, emprenderían una serie de acciones orientadas a golpear a la Revolución bolivariana, siempre con el desalojo de Maduro del poder como propósito central. Con lo que vimos el año pasado, se pudo concluir que estábamos en presencia de una combinación de acciones subversivas, que sumó la violencia guarimbera a la ya declarada guerra económica.
Como sabemos, esa violencia dejó un saldo de más de 40 fallecidos y más de 800 heridos. Y no nos referimos a esas acciones como “protestas”, porque efectivamente, desde el mismo 12 de febrero de 2014, lo que inicialmente había comenzado como una protesta estudiantil se convirtió en una acción vandálica y terrorista en la que se destruyó la fachada del edificio donde funciona la sede del Ministerio Público, se quemaron camionetas y se destruyó una plaza completa. Ah, claro, allí se presentaron los primeros muertos. ¿Era eso una protesta? Había comenzado como marcha pacífica, pero se había trocado en otra cosa. Dependiendo de cómo definamos la realidad, actuaremos de una forma o de otra. Mal diagnostico, mala terapia.
La estrategia, quedó develada desde el instante en que desde las redes sociales se pretendió manipular los hechos, difundiendo y viralizando contenidos descontextualizados y trucados tecnológicamente para crear una matriz que siempre se quiso instalar en la era Chávez: la del Gobierno autoritario, represor, violador de derechos humanos. Desde 2007, los laboratorios al servicio de la contrarrevolución habían advertido que el Gobierno bolivariano tenía una debilidad propia de las fuerzas políticas de izquierda que han conquistado el poder del Estado. Como dice el filósofo Pablo Romero, al momento de poner los necesarios límites en “protestas” que se han tornado violentas recurriendo a las fuerzas del Estado, la izquierda tiende a titubear en su prurito por demostrar que es ética y políticamente distinta de la derecha.
Recordemos, que en las “protestas pacíficas” de 2007, los heridos se contaron entre las fuerzas de seguridad del Estado. Para cuando Chávez ordenó echarle “gas del bueno” a los grupos estudiantiles violentos, ya el chantaje había surtido su efecto.
No obstante, creemos que con lo que ocurrió el año pasado tal dilema ha sido superado, aunque al alto costo de las muertes y los heridos. La estrategia subversiva ha sido develada en todo su maquiavelismo: generar protestas violentas en la calle (que incluye el ataque a sedes de Gobernaciones y ministerios) para forzar la acción de las fuerzas de seguridad del Estado (violencia legítima, de acuerdo a la teoría política) para luego agredirlas o atacarlas directamente con armas de fuego (sofisticadas como el rifle de un francotirador o caseras como las Molotov), provocar su defensa (más que necesaria ante lo que en casi cualquier país generaría una ráfaga de “fuego legítimo”) y lograr producir los muertos que necesita el caos, siempre condición de la intervención extranjera.
Afortunadamente, en los últimos días de febrero de 2015, son muy pocos los grupos que en su irracionalidad criminal han provocado hechos lamentables que de manera irresponsable han merecido la manipulación de distintos voceros de la oposición, cuando no el mero silencio. Uno, fue el caso de los soldados que fueron perseguidos en Chacao, uno de los cuales fue alcanzado y golpeado por una turba salvaje que “protestaba”; otro, el lamentable caso del joven de 14 años Kluivert Roa quien, tal como lo cuenta el abogado Iván Agüín, ocurrió en el contexto de una agresión a unos oficiales que pasaban en moto cerca del lugar de la protesta.
A los policías los tumbaron de la moto, y si ya eso es un irrespeto inaceptable para cualquier autoridad policial mundial, lo cosa no quedó allí. Uno imagina que estos “protestantes” estaban bajo los efectos de alguna droga enloquecedora, al leer que la turba intentó despojar a los oficiales de sus armas reglamentarias, y que en medio del forcejeo se accionó el arma que dio muerte el joven liceísta. ¿Quién llamaría a este hecho un asesinato del represor régimen chavista?
Sí, hay mucha tela para cortar, pero se la dejamos a los lectores.
@maurogonzag / http://amauryagoracaracas.blogspot.com
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