Contrabando de extracción: alimentando al vecino

El contrabando de extracción es un antiguo flagelo, arraigado fuertemente a todo lo largo y ancho de nuestra línea fronteriza. Solo del lado colombiano hablamos de más de 2.000 Km de frontera, abarcando los estados: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. El contrabando se realiza por razones económicas, pero trae implícito graves componentes de evasión tributaria, violación de normas sanitarias, corrupción, etc. El contrabando de extracción ha alcanzado enormes magnitudes, generando consecuencias negativas para nuestra seguridad y soberanía alimentaria, afectando sensiblemente nuestro abastecimiento y generando enormes pérdidas económicas para el país.

El diccionario de la RAE señala claramente que el contrabando es el “Comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares; introducción o exportación de géneros sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente; y mercaderías o géneros prohibidos o introducidos fraudulentamente”. Es a todas luces una actividad ilegal, donde se comercializan bienes que no han pagado impuestos o aranceles aduaneros, ni poseen ningún tipo de permisos legalmente emitidos por las autoridades nacionales.

Si revisamos la noción de contrabando de extracción aplicado a nuestra realidad, podemos afirmar que “consiste en sacar productos nacionales, sometidos a control de precios o que están subsidiados por el Gobierno, hacia fuera de nuestra fronteras… estos productos son desviados de su destino original con el fin de traspasarlos a países vecinos de manera ilegal para su comercialización a mayores precios…” (Dirección de Investigación de la Asamblea Nacional, 2014). Hablamos de la extracción ilegal, de manera masiva, de gasolina, gas doméstico, alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y cuanto producto sea rentable para los contrabandistas. Las razones son meramente económicas. Existe un enorme diferencial, primero entre los precios de nuestros productos subsidiados y los del libre mercado colombiano; y en segundo lugar, por el diferencial cambiario en el valor de las divisas entre ambos países.

El contrabando de extracción genera también una distorsión en el sistema productivo, ya que para el sector industrial es más “rentable” importar que producir. La burguesía parasitaria prefiere contrabandear que vender al precio regulado en el mercado nacional. Estas desviaciones en la cadena de comercialización de los productos de la cesta básica impactan negativamente en la población, la cual no encuentra los productos que requiere en los anaqueles, por lo que debe recurrir al mercado informal especulativo.

Esta actividad ilícita, penada por las leyes venezolanas, se agrava por el hecho de que algunos productos estratégicos, ni siquiera se producen en cantidades suficientes en el país, por lo que son importadas por el Gobierno Nacional con un alto componente de subsidio. El caso más ejemplar es el de la Leche en Polvo, cuyo precio internacional ha llegado a rondar entre los 4.000 y 5.000 dólares por tonelada, pero el Comandante Chávez siempre instruyó mantener este producto, prioritario para nuestra dieta alimenticia, con un precio subsidiado. Así el kilo de leche en polvo jamás ha llegado a superar, en el mercado interno, un precio equivalente a los 3.000 dólares por tonelada. Más adelante veremos el diferencial de precios.

Otro aspecto importante es que las grandes mafias que controlan el contrabando de extracción, han constituido una vasta red logística que les permite disponer de todo tipo de camiones y centros de acopio. Han logrado consolidar su dominio territorial sobre las rutas de extracción, tanto en vías principales como en trochas. Incluso se han encontrado casos de empresas fachadas, que aparentan formar parte de las cadenas formales de distribución, accediendo legalmente a las guías de movilización del Sistema Integral de Control Alimentario (SICA), pero resultando que desvían los alimentos a destinos fuera del país.

Esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulos. La voracidad depredadora de quienes dirigen el contrabando de extracción, les ha permitido maximizar sus ganancias a costillas de corromper y violar cuanta norma aduanera, tributaria o sanitaria exista en el país.

Diferencial de Precios

Las políticas de subsidio y de control de precios han sido implementadas por el Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de nuestra población. En términos reales, esta efectiva política permitió que el país elevara su disponibilidad energética alimentaria de 2.127 Kcal/persona/día en 1998 a 3.182 para el año 2012, siendo ampliamente reconocida por la FAO y varios organismos internacionales. Nuestra política alimentaria ha logrado el objetivo de llevar los alimentos a nuestro pueblo, mejorando sus niveles nutricionales y minimizando las condiciones de hambre y miseria que predominaron en la Cuarta República.

Al otro lado de la frontera no es así, allá aplica la tesis neoliberal del capitalismo salvaje, “el capital por encima del ser humano”, por lo que el precio de los productos lo fija el mercado, donde sus defensores solo velan por maximizar su ganancia. Veamos algunos ejemplos del enorme diferencial de precios en algunos productos esenciales:

Gasolina: para el mercado interno nuestra gasolina es la más barata del mundo. En cambio en Colombia es de las más caras del planeta. Mientras nosotros pagamos 7,76 Bolívares por llenar un tanque de 80 litros, en Colombia equivale a más de 2.100 Bolívares. Es abismal la diferencia y enormes las ganancias para las mafias del contrabando. La gasolina es el producto de contrabando más apetecible y rentable, muy a pesar de los riesgos de seguridad por su peligroso manejo y almacenaje. Ahora bien, los llamados “pimpineros” son una nimiedad en comparación al contrabando en grandes y medianos camiones cisterna, los cuales pasan la frontera para surtir directamente a las bombas de gasolina. Este contrabando de extracción genera anualmente cientos de millones de dólares en pérdidas para PDVSA y para el país.

Productos de la Cesta Básica: la comercialización ilegal de los productos de la cesta básica deja enormes ganancias a las redes de contrabandistas. Un kilo de leche en polvo que en Venezuela tiene un precio de venta al público de 70 Bolívares al otro lado de la frontera se vende por un equivalente de 450 Bolívares, es decir con un margen de 642%; un kilo de arroz de 25 Bolívares allá se vende por 95 Bolívares, con un margen de incremento de 380%; un kilo de azúcar que aquí cuesta 17,3 Bolívares allá alcanza los 81 Bolívares, con un margen de 468%; el paquete de pañales grande de 24 unidades tiene un precio de venta al público de 95,7 Bolívares y al otro lado de la frontera alcanza los 636 Bolívares, con un margen de incremento superior al 664%.

Como vemos, las mafias que dirigen el contrabando de extracción se han aprovechado de la enorme diferencia existente entre los precios de los productos que nuestro país subsidia y mantiene regulados, para beneficio exclusivo de su población, y los elevados precios que representa adquirir los mismos productos en su mercado interno, a merced y antojo del mercado capitalista.

A plena luz del día, alimentando al vecino

Como ya hemos visto son muchos los productos que se comercializan en la “canasta básica” de los contrabandistas. Todos son enviados más allá de la frontera sin ningún tipo de limitación u obstáculo, ya sea bajo la modalidad “al mayor”, extraídos por las grandes mafias o los del “bachaqueo”, que son adquiridos al detal por una enorme masa de personas. Todos estos productos se comercializan luego tanto en el mercado formal como en el informal.

Al otro lado de la frontera llegan diariamente toneladas de nuestros productos básicos, la gran mayoría con precios subsidiados por el Gobierno Nacional. Estos alimentos y productos de la cesta básica “alimentan y “mantienen”, nada más en los 40 municipios que conforman el departamento del Norte de Santander, a más de 1.320.000 personas. Para que se tenga una idea, el estado Táchira tiene apenas una población de 1.168.000 habitantes. Sin embargo, Venezuela soporta el peso de alimentar a toda esta población y más. Las rutas y redes de comercialización creadas por los contrabandistas trasciende a los municipios fronterizos llegando a “colocar” los productos venezolanos al interior de toda Colombia, encontrándose fácilmente productos venezolanos en todas las poblaciones y departamentos hasta llegar a las zonas del Caribe y el Pacífico Colombiano. Esto es un crimen organizado de grandes magnitudes, es un evidente saqueo, una depredación sistemática de miles de toneladas de nuestros alimentos subsidiados y con millones de bolívares, pesos y dólares en beneficio para las mafias de contrabandistas.

Del otro lado de la frontera nadie controla. Hay una especie de política de total tolerancia hacia el contrabando de extracción, muy a pesar de todos los riesgos de tipo sanitario y las evasiones fiscales y tributarias. No hablamos de que nuestros productos se venden en caletas ocultas o solo en el comercio informal. Hablamos de su venta directa, a plena luz del día en una vasta red de comercios formales, supermercados, abastos y bodegas. Nadie toma correctivos. Estamos hablando de una gran cantidad de instituciones del otro lado de la frontera como la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario, adscrito al Ministerio de Agricultura), la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud Pública o la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene competencias sobre la propiedad intelectual, empaques y metrología. Los reportes de incautaciones dan cuenta de la ínfima proporción de decomisos frente a la enorme cantidad, imposible de ocultar, de productos venezolanos ilegalmente comercializados en Colombia.

Ni hablar del vergonzoso mecanismo del “Carrusel”, mediante el cual empresarios venezolanos y colombianos se confabularon para sobrefacturar o simular operaciones de exportación-importación de productos bajo control de precios, desfalcando a CADIVI y al SENIAT de este lado de la frontera y a la DIAN y al ICA del otro lado. En el caso del sector ganadero, con un mismo permiso, simulaban varias operaciones de compra-venta de ganado en pie o carne en canal, el cual nunca entraba al país o que entraba solamente para realizar el control aduanero y luego salía nuevamente por los caminos verdes, generando millonarias ganancias en divisas para los supuestos “importadores”, pero vulnerando los controles aduanales y sanitarios de ambos países. Se pagaron los dólares pero ni el ganado ni la carne ingresaron al país.

Debemos avanzar en el combate diario contra la guerra económica, seguir protegiendo a nuestro pueblo aplicando todo el peso de la ley a las mafias de contrabandistas. Debemos aplicar contundentes sanciones penales, comiso de productos e incautación de todos los bienes y medios utilizados para el contrabando (galpones, camiones y gandolas). Reducir sus capacidades operativas y logísticas a la más mínima expresión.

Que no nos queden dudas, el contrabando de extracción es una actividad ilícita que afecta gravemente a toda nuestra población. Todos los venezolanos, sin excepción, estamos en la obligación de acompañar las políticas adelantadas por el Gobierno Bolivariano para enfrentar la Guerra Económica y combatir las acciones que la burguesía parasitaria viene implementando para agobiar y asediar a nuestro pueblo.

Richard Canan

Sociólogo

@richardcanan