Fiscal General: fueron incluidas tres personas en el alerta roja de Interpol por muerte de estudiante en el Zulia

Tal hecho ocurrió el pasado viernes 30 de octubre

(Caracas, 10 de noviembre de 2015) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que fueron incluidos en el sistema de alerta roja de la Interpol Carlos David Palma Quintero, Yorman Enrique Varilla y José Gregorio Díaz Vera, quienes estarían vinculados con la muerte del estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, Eleazar Hernández.
Ortega Díaz recordó que este hecho ocurrió el pasado viernes 30 de octubre, en la Facultad de Humanidades de esa casa de estudios, al tiempo que destacó que esta acción permitirá que sean aprehendidos por la policía internacional en cualquiera de los destinos donde se encuentren para que rindan cuenta ante la justicia venezolana.
Tal información la dio a conocer este martes 10 de noviembre durante la transmisión de su programa Justicia y Valores, a través del Circuito Unión Radio.
Por otra parte, la Fiscal General exaltó la labor cotidiana que llevan a cabo los expertos y especialistas del Ministerio Público, quienes contribuyen con su saber en el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los delitos, y además dan grandes aportes para lograr la paz.
En este sentido, extendió sus felicitaciones al equipo que conforma la Dirección contra la Extorsión y Secuestro de la institución, pues hoy se conmemora un año de creación, tiempo durante el cual se ha llevado adelante la difícil labor de luchar contra estos flagelos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad ciudadana.
También recordó que el pasado 2 de noviembre la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral a las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes cumplió cinco años de funcionamiento, lapso durante el cual han realizado 6 mil 633 experticias psiquiátricas, psicológicas y sociales, que sustentan los pedimentos de los fiscales en casos vinculados con violencia a este sector de la población.

La buena fe como principio orientador
En el tema del día, Ortega Díaz habló de la buena fe, por lo que hizo un llamado a las personas para que obren con honradez y lealtad en cualquier ámbito de sus vidas, pues este principio debe establecerse como característica rectora de todo ciudadano.
Expresó que en materia penal, la buena fe es un principio orientador, como lo es para el desempeño de cada una de las tareas llevadas a cabo en el Ministerio Público, las cuales se enmarcan en actuaciones apegadas a la moral, los principios y valores.
La Fiscal General destacó que la institución que representa está orientada a garantizar los derechos constitucionales de las personas involucradas en un proceso penal, al tiempo que ratificó su compromiso de procurar celeridad procesal, así como investigaciones exhaustivas en aras de determinar la verdad de los hechos y establecer así las responsabilidades penales derivadas de una acción punible.
Aprovechó la oportunidad para invitar a las personas a denunciar a través del 0-800-FISCA-00 (0800-3472200) o acudir personalmente a las diferentes unidades de Atención a la Víctima, las cuales están permanentemente a la disposición de la ciudadanía.
En ese sentido, reiteró que el Ministerio Público en nombre del Estado ejerce la acción penal, procura la investigación, la protección de la víctima y la reparación del daño.
De igual manera, indicó que desde la institución se procura la justicia como interés primordial de la sociedad, pues cada funcionario actúa con estrictos criterios de imparcialidad y objetividad a fin de proteger los derechos de los ciudadanos.
Por último, Ortega Díaz hizo referencia a la resolución conjunta Nº 40.780 publicada en la Gaceta Oficial el pasado 3 de noviembre, en la que se dejó constancia de los compromisos suscritos por los integrantes del Sistema de Justicia Penal Venezolano.
Puntualizó que entre los acuerdos se encuentran la celebración oportuna de las audiencias judiciales, para avanzar en materia de justicia y garantizar así los derechos humanos de los venezolanos
Agregó que las partes deben procurar cumplir con estos lineamientos de acción, con el propósito de materializar esta resolución concebida para impulsar la celeridad procesal y promover la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

ACP