Las protestas, manifestaciones de estudiantes, marchas y la solidaridad de todo el pueblo mexicano exigiendo el fin de la violencia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, han paralizado el país. Las voces pidiendo la dimisión del presidente Enrique Peña Nieto muestran un gobierno incapaz de revertir el descrédito en el cual han caído las principales instituciones del Estado. Mientras tanto, la clase política, cuyo ideario neoliberal compromete a los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD, y sus aliados menores, prefiere enrocarse con un discurso grandilocuente de éxitos privatizadores y de lucha contra el narcotráfico. Desde hace treinta años, el neoliberalismo es el mantra con el cual gobiernan el PRI y el PAN, tándem conocido como PRIAN.
Fue Miguel de la Madrid, presidente entre 1982-1988, quien abrió las puertas a la reforma neoliberal del Estado, promoviendo la apertura comercial-financiera, la descentralización, desregulación y privatización del sector público. Lentamente, la revolución mexicana perderá identidad. La lucha antiimperialista, y el nacionalismo revolucionario se trasforman en sumisión a Estados Unidos. Mientras tanto, el régimen político conservará los mecanismos de control de un Estado autoritario. La guerra sucia, el fraude electoral, el cohecho, el crimen político y la censura son las armas preferidas para detener la protesta social y la crítica política. De la Madrid, en un acto de claudicación de soberanía, cedió parte del territorio a Estados Unidos, para ser utilizado por la CIA, la DEA, el FBI, el Pentágono y el Departamento de Estado en la lucha contra el narcotráfico, dentro de la estrategia de guerras de baja intensidad, diseñadas por la administración Reagan.

Pacto que se rompe

El narcotráfico se trasformó en un problema de seguridad nacional. Los organismos civiles y judiciales, la policía, serán desplazados por las fuerzas armadas. Una visión global y hegemónica de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se adueñan del escenario. El pacto entre poder político y el crimen organizado, que en México suponía un acuerdo de no interferir en la política de forma directa y por parte del poder político de hacer la vista gorda, se rompe. La dinámica del comercio, tráfico y producción de coca, marihuana y amapola puso a México en la ruta del lavado de dinero y financiación de la contrarrevolución en Centroamérica y el Caribe.
El dinero entra a raudales, impulsando la compra de senadores, gobernadores, diputados, policías, militares, jueces o empresarios. En el año 2000, concluida la hegemonía del PRI, tras setenta años de gobierno ininterrumpido, la narcopolítica permeaba la estructura social y de poder. El triunfo electoral de Vicente Fox, perteneciente al Partido de Acción Nacional (PAN), organización católica, conservadora en lo político y liberal en lo económico, suscitó el siguiente comentario de su asesor y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Aguilar Zinser: “La transición democrática llegó a México cuando el crimen organizado comenzaba ya a estrangular al Estado y a agobiar a la sociedad. Más que ninguna otra fuerza, el crimen organizado aprovechó el deterioro del viejo sistema para corromper a las instituciones, para ampliar clientelas y complicidades, para lavar sus ganancias, vertiéndolas imperceptiblemente en el sistema financiero, los bienes raíces, el comercio, los servicios, la industria del país”.

Carteles mexicanos y colombianos

Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI a las elecciones presidenciales de 1988, hace trizas su organización política. Su marcada ideología neoliberal irrita al sector nacionalista, que abandona el partido. En medio de una profunda crisis de legitimidad, la sociedad civil levanta la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. En ella confluyen las fuerzas progresistas y de Izquierda. Ex-gobernador por el PRI en el Estado de Michoacán, hijo del general Lázaro Cárdenas, nacionalizador del petróleo y las riquezas naturales en 1938, su triunfo pondría en peligro la nueva alianza entre México y Estados Unidos. El fraude electoral le priva de ser presidente. Salinas de Gortari se proclama ganador, profundizando las reformas neoliberales: privatización, desregulación, desnacionalización, flexibilidad laboral y cambios constitucionales. Durante su mandato, la narcopolítica se hace visible. Entre los años 1990 y 1994, los carteles colombianos realizan un acuerdo con los clanes mexicanos para el transporte de cocaína a Estados Unidos por la frontera norte. Toneladas de coca pasaron por túneles fronterizos. Estados como Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco o el Distrito Federal, irán consolidando sus clanes. La lucha por la hegemonía desatará guerras y la construcción de grupos paramilitares. Las víctimas de la narcopolítica van dejando un reguero de sangre. La militarización crece y la actuación de mafias que emergen al amparo del narcotráfico se defienden para consolidar su poder. Negocian, llegan a acuerdos con los partidos y establecen fronteras de actuación.
Las protestas ante la criminalización de los movimientos sociales, considerados terroristas, se generalizan. La legitimidad del gobierno de Salinas de Gortari es cuestionada. La sombra del fraude le persigue. Aumenta la represión sobre sindicatos, estudiantes, pueblos originarios y el movimiento campesino. Casi al final de su mandato, el 1º de enero de 1994, entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y Canadá. La noche del 31 de diciembre, se produce el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. México ya no será el mismo. La presencia del EZLN supuso un giro en la política interna, la lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la Humanidad.

La matanza de Acteal

La narcopolítica sigue su andanza. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Donaldo Colosio, en plena campaña, el 23 de marzo de 1994 y pocos meses después, el 28 de septiembre de 1994, el de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, descubren toda la podredumbre de la nomenclatura priista.
La violencia institucional y la lucha contra el “narcoterrorismo” marcan la agenda política. Una nueva derrota del candidato Cuauhtémoc Cárdenas a manos del PRI encumbra a la primera magistratura al neoliberal, hijo político de Salinas de Gortari, y tecnócrata Ernesto Zedillo, 1994-2000. Será el último presidente del PRI en el siglo XX. Profundizó la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Su gobierno se verá inmerso en crímenes de lesa humanidad al haber planeado la matanza de Acteal, en 1997.
Los setenta años de gobierno del PRI tocan a su fin el 2000. Sin embargo, no será la Izquierda democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien gane las elecciones. El proyecto neoliberal tendrá en un empresario católico, tradicionalista, gerente de la Coca-Cola y ex-gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, su continuidad. En este periodo la narcopolítica toma carta de ciudadanía. Los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, consolidan el unilateralismo. México cede a las presiones del presidente Bush. La política contra el narcotráfico se incorpora a la lucha contra el terrorismo internacional. Por primera vez en la historia de México, un general de las fuerzas armadas será nombrado titular de la Procuraduría General de la República. El pacto estaba sellado. La narcopolítica se institucionalizaba.

Salvajismo neoliberal

Durante su mandato (2000-2006) y del también militante del PAN, Felipe Calderón (2006-2012), la violencia política, el asesinato de dirigentes sindicales, estudiantes, periodistas, los femicidios en Ciudad Juárez, van moldeando el perfil salvaje del capitalismo neoliberal. La esclavitud infantil, el tráfico de mujeres complementan el desarrollo de las empresas de maquila; la desestructuración productiva y la persecución de los sindicatos independientes confluye con la criminalización de los movimientos sociales y el movimiento indígena.
Unas fuerzas armadas con un poder absoluto en la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia marcan la agenda política en México. El subcomandante insurgente del EZLN, Marcos, se refiere en esta forma al sexenio de Fox y el negocio de la droga: “En la ‘era Fox’ se puede decir que el cartel del Chapo Guzmán fue el consentido del sexenio. Toda la estructura del Estado: ejército, policía federal, sistema judicial (con jueces y directores de penales incluidos) fue puesta al servicio de este cartel en la lucha contra otros”.
El miedo, la sensación de inseguridad y la impotencia ciudadana crecen. Miles de muertos, fosas comunes, violencia indiscriminada, tanto como el fraude electoral, esta vez contra el candidato progresista Manuel López Obrador, en 2006, generan hartazgo. El sexenio de Felipe Calderón, inmerso en denuncias de corrupción y complicidad con el narcotráfico, continúa su plan de reformas estructurales. Más desregulación y flexibilidad laboral. Los servicios públicos básicos se desmantelan y un Estado laico ve cómo la Iglesia gana en presencia política. Pobreza, exclusión social, desigualdad, aumento de la conflictividad laboral y social son el resultado de estas políticas de exclusión social del capitalismo salvaje. En este contexto, los carteles del crimen organizado imponen su ley y muestran el fracaso de las políticas antidroga del neoliberalismo. La compra de jueces, ministros, diputados, gobernadores, senadores, alcaldes, policías locales, empresarios, aseguran la impunidad del crimen organizado.
Hoy, las movilizaciones ciudadanas que sacuden México reclaman un cambio, el fin de la narcopolítica y de un régimen corrupto en manos del neoliberalismo y el crimen organizado. México clama por su dignidad. Ese es el dilema.
Punto Final