La masacre de El Aro fue perpetrada en octubre de 1997.Foto: Walter Arias.
Autoridades de la época en Antioquia y la Fuerza Pública, en la mira
El Espectador conoció una resolución en la que se estipuló que tres fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantarán las pesquisas en cinco crímenes que estarían relacionados. Entre ellos los de Pedro Juan Moreno y Jesús María Valle.
Sin mucho ruido, el pasado 21 de octubre el fiscal general, Eduardo Montealegre, emitió una resolución en la que designaba a tres fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que investigaran todos los hechos que pudieran estar relacionados con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados alrededor de 19 campesinos en octubre de 1997, durante la época en la que Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. La decisión se tomó luego de un análisis que hizo el fiscal Iván Lombana, asesor del vicefiscal, a la declaración que entregó el pasado 12 de agosto desde una cárcel de Estados Unidos Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Según la resolución 2039, las investigaciones respecto a la masacre de El Aro y los homicidios del defensor de derechos humanos Jesús María Valle; del confeso paramilitar y partícipe en la matanza Francisco Villalba; del exsecretario de Gobierno de Antioquia en la época de los hechos, Pedro Juan Moreno, y de una mujer identificada como Nancy Esther Zapata Orozco, serán realizadas por un grupo de trabajo de la Dirección de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema para determinar un posible patrón criminal que relacione todos los casos. Estos expedientes anteriormente estaban en manos de fiscales de la Dirección de Derechos Humanos y de las seccionales de Antioquia y Medellín.
Ahora, quien investigará la masacre de El Aro será Jenny Claudia Almeida, fiscal cuarta delegada ante la Corte. Ella, además de adelantar las pesquisas por el holocausto del Palacio de Justicia, deberá asumir el expediente de la masacre, ya que al parecer algunos miembros de las Fuerzas Armadas que están siendo investigados en su despacho, por los seguimientos e interceptaciones ilegales en el DAS, también tuvieron responsabilidad en la matanza. Según la hipótesis del ente investigador, al parecer la incursión paramilitar contó con el aval de las autoridades departamentales y comandantes de la Fuerza Pública de la época.
Otra de las integrantes de este grupo de trabajo será la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema y directora de la unidad, Elka Venegas. Por designación del fiscal Montealegre, ella será la encargada de asumir los procesos que se abrieron contra el abogado Sergio González y el fiscal Juan Carlos Goyeneche, quienes fueron señalados por Don Berna de ser los encargados de contactar a los desmovilizados que estaban salpicando al expresidente Uribe en sus declaraciones por la masacre de El Aro. Según el exjefe paramilitar, tanto González como Goyeneche le encomendaron la tarea de reunirse con Francisco Villaba –principal testigo contra Uribe– para que cambiara su testimonio.
La hipótesis planteada por el asesor del vicefiscal es que la estrategia de cambiar el sentido de las declaraciones de los desmovilizados fue la que determinó el asesinato de Villalba. Según explicó, Don Berna declaró que ese asesinato, ocurrido en abril de 2009, días después de que al testigo le otorgaran el beneficio de casa por cárcel en extrañas circunstancias, se trató de un crimen de Estado por tratarse de una “persona incómoda por su conocimiento sobre la masacre de El Aro y haber hablado de sectores poderosos del país que querían su muerte”. Las pesquisas de este crimen quedaron a cargo del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema, Carlos Iván Mejía, quien además deberá asumir los otros tres expedientes por homicidio que guardarían relación con la masacre de El Aro.
Se trata del asesinato de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que murió en febrero de 1998 luego de insistir en la responsabilidad de las autoridades departamentales y la Fuerza Pública en la masacre de El Aro. Valle sostenía un enfrentamiento público con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, por supuestamente no atender los llamados de alerta que se emitieron desde la población afectada. Según Don Berna, quien le solicitó a las autodefensas asesinar al líder fue Pedro Juan Moreno.
Cabe recordar que Pedro Juan Moreno, quien era el principal aliado político de Uribe, terminó siendo su mayor contradictor. Y según la hipótesis que maneja la Fiscalía, su muerte, ocurrida en un accidente aéreo el 24 de febrero de 2006, se pudo tratar de un sabotaje al helicóptero en el que viajaba. Fuentes cercanas al expediente le comentaron a este diario que al parecer Moreno se convirtió en otra de las “personas incómodas” que más conocían detalles de lo ocurrido en El Aro.
La última muerte que deberá investigar el fiscal Mejía es la de Nancy Esther Zapata Orozco. Según la resolución conocida por El Espectador, “existe información acerca de que la señora Nancy Esther Zapata conoció sobre el supuesto plan de sabotaje de la aeronave que transportó a la víctima (Pedro Juan Moreno). Mujer que posteriormente fue asesinada, al parecer, por tener tal conocimiento”. Zapata era una vendedora de un almacén de repuestos de helicóptero en el que, supuestamente, se habría planeado el sabotaje. Al parecer, ese almacén pertenecía a los dueños de la empresa Helicargo, la misma que era propietaria de la aeronave en la que se accidentó Pedro Juan Moreno. La mujer apareció muerta en un hangar del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, con un cartel que decía que no se aceptaban “sapos”.
La nueva directriz investigativa del fiscal Montealegre busca identificar el nexo entre estos cinco crímenes e identificar si las principales autoridades de Antioquia tenían conocimiento y participaron en los hechos. En manos de tres fiscales está una de las investigaciones que no han dejado de perseguir al expresidente Uribe, quien a lo largo de los años ha sido salpicado por distintos testimonios que lo involucran con la masacre de El Aro.
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