Salida legal. Después de la disolución constitucional del Congreso de la República, la Comisión Permanente continuará trabajando hasta que juren los nuevos congresistas electos. Transición también se da de acuerdo a ley.
Temporal. Pedro Olaechea queda a cargo de la Comisión Permanente hasta que juren los nuevos parlamentarios.redacción :
La guerra entre el Ejecutivo y el Congreso llegó a su hora final. Este lunes, el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso dominado por el ultraderechista partido fujimorista Fuerza Popular y sus aliados. Lo hizo apelando a sus atribuciones constitucionales que le permiten tomar esa medida cuando el Congreso le niega dos veces el voto de confianza al gobierno. Aunque formalmente el Parlamento le aprobó el voto de confianza pedido, el presidente ha señalado que en los hechos se lo habían negado al desconocer las razones por las que pidió este voto. Además, Vizcarra llamó a elecciones legislativas que deben realizarse en cuatro meses.
La mayoría parlamentaria respondió calificando de ilegal su cierre y poniendo en marcha un proceso para destituir al presidente. En abierta contradicción histórica, los herederos del ex dictador Alberto Fujimori hablaron de golpe de estado, acusaron a Vizcarra de dictador y amenazaron con enviarlo a la cárcel. La minoría parlamentaria -formada por la pequeña bancada del oficialismo, la izquierda y una derecha liberal- apoyaron la decisión del presidente. En las calles, la población respaldó el cierre constitucional del desacreditado Congreso, identificado con la prepotencia y la protección a políticos acusados de corrupción.
El catalizador de esta crisis final ha sido la decisión de la mayoría parlamentaria de elegir, en un turbio proceso armado en pocos días, a seis nuevos miembros de los siete integrantes del estratégico Tribunal Constitucional (TC), principal instancia jurídica del país. Una maniobra para controlar ese organismo cuando sus principales dirigentes enfrentan procesos por corrupción. El fujimorismo espera que un TC a su medida deje sin efecto la prisión preventiva de su jefa, Keiko Fujimori, procesado por corrupción. Para detener ese intento de copamiento, Vizcarra pidió el voto de confianza condicionado a que se detenga ese proceso de elección y se adopte un nuevo mecanismo más transparente.
Al comenzar el día, la mayoría parlamentaria intentó impedir, cerrando las puertas del hemiciclo, que el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, presente ante el Congreso el pedido de confianza. Pero no pudieron hacerlo. Del Solar pudo abrirse paso junto con sus ministros entre congresistas de la mayoría y personal de seguridad que le querían impedir el ingreso. Finalmente pudo hablar unos minutos: “En este momento hago cuestión de confianza”, dijo. Eso ponía el tema del voto de confianza sobre la mesa para que se debata en ese momento. Pero la mayoría parlamentaria no lo hizo, en lugar de eso puso en marcha el cuestionado proceso para elegir a nuevos magistrados del TC.
La mayoría parlamentaria no pudo elegir hoy a seis nuevos miembros del TC como tenían previsto, pero logró elegir a uno. Lo hizo en una sesión de escándalo, con una votación cuestionada por denuncias de manipulación de votos. Un segundo candidato no alcanzó los votos necesarios. Luego de esto, el fujimorismo ya no siguió con la votación y anunció que continuaría este martes. Y agendó para más tarde de ayer el debate y votación del voto de confianza pedido por el presidente. Es decir, cuando ya los hechos estaban consumados, cuando ya no tenía sentido debatir un pedido de confianza relacionado a suspender una votación que ya se había producido.
Al mismo tiempo que la mayoría parlamentaria concretaba esa burla, el presidente Vizcarra anunciaba su disolución argumentando que al darle trámite a la votación para el TC en los hechos se le había negado el voto de confianza.
Cierre del Congreso o destitución del presidente. Esas son las cartas que se juegan en esta última y decisiva batalla. Se ingresa a una etapa de incertidumbre sobre cuál de los dos poderes termine prevaleciendo.
ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN ENERO 2020
El 26 de enero del 2020 se llevarán a cabo los comicios para elegir a los nuevos representantes del Congreso luego de que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, decidiera su disolución constitucional, tras la negación de la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.
De acuerdo al Decreto Supremo publicado ayer mismo en el diario oficial El Peruano, Vizcarra decretó “convocar a elecciones para un nuevo congreso para el domingo 26 de enero de 2020 para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto, incluida la Comisión Permanente”.
Es decir, los congresistas electos en enero próximo culminarán su periodo el 28 de julio del 2021.
De acuerdo a ley, el Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo que hoy ya es efectiva la disolución congresal.
Ahora serán las instituciones del Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quienes deban trabajar para presentar el cronograma electoral dentro del plazo otorgado por el Decreto Supremo.
Al Parlamento podrá postular cualquier persona perteneciente a los 24 partidos inscritos que no sean miembros del actual Congreso de la República.
Ante la decisión tomada de disolver el Parlamento, será la Comisión Permanente la que quedará al frente del Poder Legislativo.
De acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, con la disolución del Congreso de la República “se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”.
Amplios sectores del pueblo saludan la disolución del Congreso
Con marchas y vigilias en todo el país. En el norte, centro y sur del país, la población se volcó a las calles para expresar su apoyo a la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver de manera constitucional el Parlamento. Personas de toda edad se congregaron en las plazas a fin de rechazar el proceder de la mayoría de congresistas que eligió de manera arbitraria a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional.
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