Se han producido recientemente, desde el Ejecutivo venezolano, dos decisiones fundamentales y complementarias para la recuperación del ingreso real de la población venezolana: un nuevo aumento salarial, y ajustes a la legislación y mecanismos que rigen los sistemas de precios en la economía real.
El aumento salarial es una cosa y la vorágine expansiva de los precios es otra. El Gobierno nacional entiende que lo segundo es complementario de lo primero, por lo cual abatir la inflación generada por comportamientos especulativos de los actores económicos, pensándola en variable de la felicidad social, pasa por amalgamar las dos variables en simultáneo.
Contrarios a la tesis neoliberal de que hay que sacrificar los salarios para no colocar combustible a la inflación, en Venezuela esta idea ha sido más que avasallada en la economía real. Ya el pueblo venezolano ha sacrificado su bolsillo en restricciones salariales, mientras la vorágine especulativa ha seguido haciendo lo suyo sobre el ingreso real, sucedió en la Cuarta República hartas veces traduciéndose esto en la depreciación sistemática y sostenida del ingreso real de las familias, perdiendo la clase trabajadora venezolana su capacidad adquisitiva fundamental. Esto se debió en buena parte a las creencias del economicismo de catecismo neoliberal, sacrosanto e incuestionable a veces. Redujeron el problema inflacionario a un problema de expansión monetaria o aumento de la liquidez, obviando con ello los patrones consistentes y concretos de comportamiento especulativo en los actores económicos.
La protección del salario ha sido un principio practicado en Revolución Bolivariana y contra viento y marea, los derechos de la clase trabajadora han estado constantemente legitimados en una lucha a pulso contra los actores de la especulación.
Pero la lucha no es sólo salarial. Es multivariable. La cuestión de los sistemas de precios, fuertemente influenciados por la especulación del dólar paralelo, ha inhibido el desarrollo de una economía en condiciones saludables y previsibles. Esta, la nuestra, es una economía en guerra. Está fuertemente intervenida por variables políticas y consiste en un acto articulado de los factores de peso en el sector privado para derrumbar el actual poder político del chavismo, pues situaciones propias en los sistemas de precios distan mucho de ser variables y comportamientos espontáneos, son más bien un acto de destrucción generalizado y profundo del ingreso familiar como variable del descontento político.
Sobre el salario
El aumento salarial del 30% en el salario mínimo, con cobertura a más de 1 millón de trabajadores que reciben ese salario y 3 millones de adultos(as) mayores, fue complementado con el aumento del CestaTicket que beneficia a la clase trabajadora. Pero el aumento es mucho más que eso.
El Estado tiene relativo alcance para construir una gobernanza económica efectiva en el sector privado golpista
El aumento es uno general de sueldos y salarios y beneficio de CestaTicket. Estos aumentos se extienden a todos los tabuladores del sector público del país, teniendo un radio de alcance de 3 millones de trabajadores(as) sólo en el sector público. El aumento se amplifica a toda la clase trabajadora dependiente en el sector privado formal, al incorporar el nuevo 30% de aumento a sus tabuladores, 6 millones de trabajadores(as) asalariados(as) en ese sector resultan beneficiados(as). El impacto de la medida alcanza también de manera indirecta a la economía informal, compuesta por un aproximado de 4 millones de trabajadores(as), según información suministrada para este año desde el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Básicamente el alcance en el decreto salarial, tiene un alcance significativo sobre los ingresos de 14 millones de personas de la clase trabajadora y pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).
Pero el factor complementario al ingreso salarial, en cuestiones referidas a la recuperación del ingreso real, se basa en los sistemas de precios finales al consumidor, variante asociada a la inflación. La matriz para la conformación de los sistemas de precios en Venezuela ha sido nuevamente intervenida por vía ejecutiva. Veamos.
Sobre los precios
La medida yace en desmontar la Providencia Administrativa Número 057/2014, publicada en Gaceta Oficial del 24 de noviembre de 2014 por la Superintendencia Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos, destinada a regular el marcaje o rotulación de la información del precio, y que se convirtió en el soporte legal para que las empresas de bienes de consumo masivo ajustaran el valor de venta de sus productos sin requerir la autorización o conformación gubernamental. En palabras del Presidente Maduro, estos mecanismos han resultado ser medulares para "penetrar y burlar" las capacidades regulatorias de la ley y del Ejecutivo en materia de precios.
Al parecer, la fórmula de dejar que ciertos productores e importadores de productos no regulados manejaran precios sin la autorización gubernamental, inspirada en la idea de que "existan los productos, sin importar que salgan caros", permitió la referenciación automática de las estructuras de costos con base al tipo de cambio paralelo, lo que se trasladó con usura e intermediarios a los precios especulativos del comercio, generándose un efecto cascada hasta el consumidor final. Los componentes especulativos en la economía real venezolana quedaron demostrados y el Gobierno nacional asume recuperar la cualidad de los "costos reales" como base fundamental para conformar "precios justos".
Esto implica el replanteamiento de las variables para el cálculo de precios finales con techos de ganancias de hasta un 30%. El marcaje del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP, complementario al PVJ) en todos los productos (no regulados) en existencia, desde las fábricas y desde los almacenes de importadores. Por otro lado, se establecerá un máximo de ganancia del 20% para productos importados. También se prevé la protección de la cadena, aumentando la eficacia en la distribución de bienes relegando a los factores intermediarios, actores medulares en la especulación.
La protección del salario e ingreso de las familias pasa contra los principales actores del despojo
La cuestión sobre los precios finales y marcaje de los productos yace en dos principios fundamentales que se retoman en la nueva ley: quien determina el alcance real de los costos para la fijación del precio final es la Sundde y no los empresarios "pagándose y dándose el vuelto". Sobre lo segundo, Jorge Arreaza, vicepresidente de la República en reunión con sectores empresariales, afirmó que "cada productor e importador será el encargado de realizar el marcaje o troquelaje de precios en sus productos que los distribuidores y comerciantes no podrán cambiar ni burlar", aclarándose con esto las ambigüedades sobre el marcaje que ha habido durante este año 2015.
Medidas de coyuntura, pero a largo plazo
Los principales problemas económicos con los que ha lidiado el Gobierno Bolivariano yacen en espacios de la economía real donde le ha sido bastante cuesta arriba intervenir, regular y equilibrar, por ser estos sectores, precisamente, espacios controlados por los factores del golpismo económico. Dicho de otra manera: en el sector privado, captador de divisas, especulador, oligopólico, importador y distribuidor, el Estado tiene relativo alcance para construir una gobernanza económica efectiva. Los desbarajustes van y vienen por doquier, el sabotaje es articulado y programado, pues el móvil de estos actores es político.
Aquí se está lidiando es con una serie de capataces (de órdenes superiores desde el norte) que se han autonombrado como los amos del país, llegando a ser apenas los amos del valle. Coloquemos eso en primer orden. Construir gobernanza sobre ellos es luchar contra 80 años de economía parasitaria rentista anquilosada y consolidada en las decisiones nacionales impuestas por minorías. Es una lucha por gobernar a una élite que, además de no dejarse gobernar por nadie (de Venezuela), se ha acostumbrado más bien a gobernarnos a todos.
La construcción de una gobernabilidad en la coyuntura de guerra económica debe pasar también por una mirada al mediano y largo plazo, si asumimos que la guerra económica se basa en el desgaste. Hay que mirar más allá del 6D y más allá de la inflexión actual en la economía y el ingreso real de las familias. Si bien los factores del terrorismo económico en Venezuela han tomado al ingreso real de las familias como rehén para destruirlo y degradarlo, la reacción contundente de la autoridad debe ser la respuesta. Y he ahí que la lucha por la recuperación del ingreso real familiar es una lucha más que política, por la dignidad de la gente, las verdaderas víctimas de la guerra económica.
Se abre paso a una nueva contraofensiva económica. Esta tiene el aliciente de penalizar la referenciación de precios a dólar paralelo, lo que ya es polémico y que ya trae a muchos culpables consigo. Viene el aumento de penas a criminales económicos y la cárcel a los reinicidentes. Pero el pulseo más duro ocurre ahora en los sectores con mayores posibilidades de monitorear, que son cadenas bien armadas de importación, procesamiento y distribución, sectores bien específicos donde hay actores muy poderosos.
La construcción de una gobernanza económica efectiva pasa por la imposición del factor de fuerza, si el factor de consenso no es posible. El Gobierno y el sector privado se encuentran en ese punto de definición. Dicho de otra forma: la protección del salario e ingreso de las familias pasa necesariamente por la lucha, de frente, contra los principales actores del despojo y el robo contra nuestros bolsillos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario