Paramilitarismo: proyecto político impuesto a sangre y fuegoPCC
Tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez: "La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo (a Álvaro Uribe Vélez) por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.
Con esta decisión el tribunal da pasos certeros para conocer la verdad de quienes se beneficiaron y estuvieron detrás de la guerra que ha desangrado al país. No pueden esperar menos la sociedad, no solo antioqueña sino colombiana, las víctimas del conflicto y el movimiento de derechos humanos. Urge reparar la democracia y construir una sociedad civil para la paz que dé bases firmes a un proceso de no repetición.
Un Ejército con al menos 120 mil colaboradores y 529 estructuras en todo el país fue la herencia de las cooperativas de seguridad Convivir, gestadas y autorizadas con firma de puño y letra por el ex gobernador de Antioquia, ex presidente de Colombia y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez.
En diferentes versiones libres de paramilitares como Éver Veloza, alias “HH”, y Raúl Emilio Hazbún, alias “Pedro Bonito”, han afirmado que “la obtención de las licencias de funcionamiento requería la aprobación tanto de la Brigada como de la Gobernación de Antioquia, específicamente del secretario general de la misma”.
Con ese apoyo se dotaron de “armas de largo alcance, radios de comunicación de avanzada tecnología, carros, motos, sub ametralladoras, ametralladoras, fusiles, revólveres, lanza cohetes, roquets y morteros, lo cual les dio una importante capacidad operativa”, una dotación para atacar a la sociedad civil, intimidar, desplazar, apropiarse de las tierras de los campesinos y hacer del miedo la estrategia más fuerte para la sostenibilidad de su proyecto.
De estas convivir en Antioquia fueron reconocidas 87 compuestas por 6.248 integrantes. La Convivir Papagayo, una de las más conocidas des estas estructuras, coordinaba las 12 que se gestaron en Urabá después de la propuesta que recibió Raúl Hazbún.
“Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”, importante empresario del banano de la Región, se dirige a instalaciones de la gobernación de Antioquia, donde según lo dicho por este desmovilizado, fue atendido por Pedro Juan Moreno, quien al escuchar la idea que expuso sobre la creación de una Convivir para la región de Urabá, fue replicado con la propuesta de crear doce”. (Ver: Sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, contra José Barney Veloza García La Fiscalía 17 Unidad Nacional de Justicia y Paz en Enero 31 de 2012 Pagina 87)
Hasta dónde dejamos que llegara el horror, se pregunta el grupo de Memoria Histórica. Este informe deja ver como en el país entre 1985 y 2012 se cometieron 1.982 masacres, de ellas 1.166 fueron cometidas por grupos paramilitares, solo por mencionar una de las modalidades más cruentas que ha marcado el horror de la guerra en nuestro país. Álvaro Uribe Vélez es promotor de las estructuras que mayor responsabilidad tienen en estos crímenes de lesa humanidad. Una de ellas es la Masacre del Aro en el año 1997 por la cual se sindica de manera directa el exgobernador.
La gestación de las Convivir permitió que su momento de mayor expansión llegaran a tener cerca de 87 cooperativas en el departamento de Antioquia, hicieran presencia en 24 departamentos, 529 y más de 120.000 colaboradores en todo el país. En Antioquia fueron reconocidas 87 Convivir compuestas por 6.248 integrantes, Arauca una convivir y 17 hombres, en Bolívar existieron 7 convivir y 268 integrantes, en Boyacá 92 convivir y 1.826 integrantes, en Caldas 17 convivir y 64 integrantes, en Casanare 2 Convivir con 64, en Cauca 3 convivir con 38, en Cesar 9 convivir, en Chocó 3 con 65 integrantes, en Córdoba 18 convivir y 169 integrantes, en Cundinamarca 120 y 2.970, en La Guajira 3 convivir y 103, en Huila 3 convivir, en Magdalena 5 con 352 integrantes, en Meta 11 con 472, en Nariño 5 con 17 integrantes, en Norte de Santander 5, en Quindío 3, (sic) (Ver: Tribunal de Justicia y Paz, contra José Barney Veloza García La Fiscalía 17 Unidad Nacional de Justicia y Paz en Enero 31 de 2012 –pagina 92-, Citando a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, capitulo no. IV. )
En el informe de derechos humanos del IPC, publicado en 1997, afirmábamos como “durante el año de 1996 en Colombia, y particularmente en Antioquia, el fenómeno paramilitar logró un alto nivel de expansión, consolidación organizativa y control territorial, colocando vastas zonas geográficas bajo su influencia”…esa situación va consolidando un proceso privado de reforma agraria terrateniente inducida desde la élite, que nuclea y adscribe masas enteras de población bajo la égida de los grandes propietarios que sustentan la organización paramilitar y que van conformando nuevas relaciones sociales que se mueven en la lógica de la guerra de “quien da protección exige obediencia”.
Denunciábamos un desarrollo inusitado de las cooperativas de seguridad Convivir impulsadas con gran entusiasmo por la administración departamental (nos referimos al en ese momento gobernador Álvaro Uribe Vélez) y acogida por importantes sectores empresariales, particularmente los vinculados al campo como los ganaderos. Nuestra propuesta frente a esta realidad fue la “neutralidad activa” buscando el tratamiento no violento de los conflictos. En el informe publicado en 1998 reiteramos y profundizamos este planteamiento sobre la configuración de las convivir y las veíamos como la legalización de los grupos de justicia privada. Para 1997 decíamos que en ese entonces los organismos paramilitares crecieron al unísono de las convivir.
Planteaba Jenny Pearce en el prólogo a nuestro informe “Guerra, Paz y DH en Antioquia” (Julio de 1998 – seis meses antes del secuestro de nuestros compañeros) que “esta es una sociedad “no civil” donde no predominan entre los armados la fuerza de la razón, los argumentos o las normas universales de la justicia. En este contexto, la idea de que armar más civiles, por ejemplo a través de las convivir, podría estimular grandemente la civilidad, es perversa” (IPC, 1998: XXII).
La información aquí recordada, es apenas una muestra del horror que ha vivido nuestra sociedad. Consideramos que es este un firme avance para la verdad, romper con la impunidad de los verdaderos perpetradores y avanzar en una línea de no repetición.
Esto es más que justo y reparador a trece años de la Operación Orión que ha dejado una huella de dolor y muerte en la ciudad, y la mayor fosa común del mundo donde cientos de jóvenes fueron desaparecidos sin que, de conjunto como sociedad, hagamos conciencia de la magnitud de la tragedia; y a 18 años de la masacre del Aro, una de las que inauguró esa modalidad de sembrar terror en las que la sociedad solo ha visto estructuras paramilitares, cuando detrás están estructuras de poder encumbradas en el Estados, la Gobernación de Antioquia, la Presidencia de la República, el Senado, las Brigadas Militares entre ellas la XVII y la IV.
No hay mejor noticia para la sociedad antioqueña, para el país, las víctimas y el movimiento de derechos humanos, que se conozca, se sepa la verdad completa y se juzgue a quien se beneficiaron de esta ola de terror.
No eran solo paramilitares ensañados contra la población, es un proyecto político que se ha impuesto a sangre y fuego y que desafortunadamente ha calado en una sociedad marcada por la muerte y el dolor. Es hora de avanzar en otra dirección.
Nota: Que la sociedad de Medellín no entronice la repetición de esta tragedia en estas elecciones. Esa es su responsabilidad desde una perspectiva moral.
IPC
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