Es bien sabido, y de esto pueden dar fe los generales colombianos, que nuestros gobernantes no dan un paso sin consultar y pedir aprobación del Gobierno gringo.
Por: Joaquín Gómez, Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP
La muerte de Jairo Martínez y 25 guerrilleros más, al igual que la del coronel Alfredo Luis Clavijo y el patrullero Juan David Marmolejo, constituyen pérdidas de valiosas vidas humanas que bien pudieron haberse evitado.
¿Cómo se hubieran evitado? Con un acuerdo sobre cese el fuego bilateral, que desde el principio mismo de las conversaciones en La Habana ha sido propuesta de Las FARC al gobierno. Santos siempre ha respondido lo mismo, que no, porque la Guerrilla aprovecharía el cese el fuego bilateral para fortalecerse.
Este argumento es de una fragilidad tal que no resiste un análisis lógico. Se sobrentiende que si se pacta un cese el fuego bilateral deberá haber una comisión que verificará el cumplimiento del mismo por las partes; comisión que deberá estar integrada por prestantes personajes de la vida nacional e internacional, más representantes de cada una de las partes enfrentadas y miembros de las comunidades.
Por lo anterior, ese argumento del presidente Santos no es convincente, porque está divorciado de la lógica expresada en el sentido común.
Cuando Las FARC-EP decretaron el “cese el fuego unilateral, indefinido y verificable”, las fuerzas estatales, principalmente el Ejército, sólo vieron en este gesto inequívoco de buena voluntad y deseo de paz, la oportunidad irrepetible de derivar ventajas militares sobre la Guerrilla, la que acogió con plena subordinación la orden impartida por su Instancia Superior, y cuyo objetivo primordial era aliviar, dentro de lo posible, la zozobra, las penalidades e incertidumbres en que se mueve el campesinado colombiano frente al conflicto interno que vive el país, y que tiene su expresión principalmente en el campo.
Durante la tregua unilateral decretada por las FARC cayeron vilmente asesinados por las balas oficiales 30 guerrilleros y una decena de heridos, entre los cuales varios comandantes, uno de ellos el camarada Gilberto (El Becerro), integrante del Estado Mayor Central, y a quien después de muerto trataron de enlodarle su prestigio de revolucionario, calificándolo de narcotraficante, para tratar de justificar ante la opinión pública su injustificada muerte.
La denuncia de Las FARC, por los constantes operativos ofensivos del Ejército contra sus unidades en tregua, se volvió obsesiva por lo reiterada. 5 comunicados públicos denunciaron lo que estaba sucediendo y en todos ellos se advertía que el cese unilateral del fuego estaba en peligro; que la situación estaba insostenible, porque estaban matando los guerrilleros. Estas denuncias también las hicimos ante los delegados plenipotenciarios del Gobierno en La Mesa de La Habana. Todos ellos resultaron enfermos de “sordera colectiva”, nadie quiso escuchar.
Esa actitud provocó los lamentables y dolorosos hechos de la vereda Buenos Aires (Cauca), donde murieron 11 militares y 21 más resultaron heridos. Era algo que se veía venir, porque una de las leyes más antiguas, tan antigua como la propia existencia de la humanidad, es la ley natural del derecho a defenderse. En este caso concreto es preciso reconocer que la guerrilla disparó primero, pero forzada a ello por los desembarcos de tropa y los avances por tierra, que presagiaban la pronta muerte de las víctimas de siempre, los guerrilleros.
Dados estos hechos, el presidente Santos, de manera rápida, expresa su “incontenible ira unida a los lamentos por los militares caídos”, haciéndose visible una actitud que no es sincera.Si verdaderamente le dolieran las muertes de soldados anónimos, todos hijos de “Juan Pueblo”, hace tiempo hubiera pactado el cese el fuego bilateral. Es claro que como en ninguna de esas patrullas se encuentra Esteban, su hijo, a quien mostró a todo el país desde Tolemaida, no le parece urgente una decisión de parar la guerra de inmediato. Estoy casi seguro de que Esteban Santos, tras el pantallazo publicitario, se encuentra de nuevo en la casa paterna, disfrutando del privilegio de ser hijo del Presidente de la República y de pertenecer a la familia Santos.
Si me equivoco y aún Esteban se encuentra en el Ejército, pido perdón por la grave imprecisión. Pero sugeriría al Presidente Santos pedir a los generales que destinen a Esteban a orden público. Así doña María Clemencia y el Presidente quizás conocerían en carne propia, sin demagogia ni populismo, el inigualable dolor, por lo profundo, que todos los días sienten los humildes campesinos, al recibir la noticia de que perdieron a su hijo en un combate entre pobres.
Lo otro, que debe tenerse en cuenta, es que de pronto Santos quiera un cese el fuego bilateral, pero no pueda pactarlo por la oposición del Pentágono. Es bien sabido, y de esto pueden dar fe los generales colombianos, que nuestros gobernantes no dan un paso sin consultar y pedir aprobación del Gobierno gringo, el que no creo que esté interesado en que el conflicto se solucione. Sin conflicto interno quedarían sin pretexto para la injerencia, hoy día, cuando la meta del imperio consiste en desestabilizar, desde su plataforma en Colombia, a los gobiernos democráticos alternativos de Latinoamérica y el mundo.
En este último caso, pido comprensión para el Presidente Santos. No es su culpa que las clases dominantes en Colombia tengan tal vocación subordinada.
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