Durante presentación de informe sobre
esta materia en Ginebra, Suiza
(Caracas, 29
de junio de 2015) La fiscal general de la República, Luisa
Ortega Díaz, aseguró ante el
Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en Ginebra,
Suiza, que en Venezuela se ha creado un modelo civil
profesional,
predominantemente preventivo y respetuoso de los derechos
humanos.
Durante
la presentación del informe sobre los avances del país en
materia de derechos
civiles y políticos, Ortega Díaz destacó
que actualmente en el país se ejecutan acciones que hacen
efectivas las
responsabilidades de los funcionarios del Estado.
En
este sentido, expresó que el derecho a la
vida es sagrado e inviolable, tal como lo establece la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Indicó
que se ha concebido la
seguridad
ciudadana con el fin de lograr la protección de las personas
frente a
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo
para la vida,
integridad física, propiedades o disfrutes de sus derechos
humanos.
Ortega
Díaz explicó que en el país se diseñó como política pública la “ Gran
Misión A Toda Vida
Venezuela”, en la cual
confluyen
diversas instituciones con el objetivo de satisfacer los
derechos de las
personas y, en consecuencia, tratar de disminuir los factores
generadores de
violencia.
Igualmente,
dijo que este programa social representa una concepción
integran con énfasis en
lo preventivo, el cual incluye un Sistema Nacional de Atención
a las Víctimas
como esta establecido en los artículos 6 y 7 del Pacto
Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
“El
Estado venezolano ratifica su compromiso en garantizar los
derechos de todos
sus ciudadanos. No nos está permitido, por nuestro
ordenamiento jurídico
interno, sacrificar derechos ni libertades en nombre de la
seguridad”, sostuvo la Fiscal General.
También
dentro de la referida misión, se creó el Movimiento por la Paz
y la Vida que trabaja en el
fortalecimiento de la vida comunitaria.
Por
otro lado, la máxima
representante del
Ministerio Público habló sobre los esfuerzos del Estado por
controlar y
contener la criminalidad, por lo que en los últimos años se ha
trabajado para
elevar la capacitación técnica y profesional de la policía con
la creación de la Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad en 2009.
También
mencionó que en 2013 se promulgó la Ley para el Desarme y
Control de Armas y Municiones,
como primer paso en la
construcción de
una institucionalidad efectiva con el fin de lograr el
monopolio de las armas
en manos del Estado.
La Fiscal General subrayó que dentro
de esta política se emprendió
una campaña de desarme voluntario y la destrucción de 26.518
armas de fuego
durante el año 2014.
Adicionalmente,
estas acciones se complementaron con el trabajo emprendido por
los cuerpos de
seguridad para identificar y desmantelar bandas delictivas
armadas.
Derecho a la integridad personal
En
cuanto a la prohibición de la tortura y los tratos crueles,
Ortega Díaz indicó
que actualmente existe en el país una legislación especial en
esta materia que
se integra con la Ley
de Protección a Víctimas y
Testigos.
Precisó
que durante los años 2014 y 2015 se han procesado 80 casos de
torturas,
mientras que por delitos de tratos crueles se tramitan 1.508
causas.
Otro
aspectos destacado por la Fiscal General
es que Venezuela cuenta desde 2008 con una Unidad
Criminalística contra la
Vulneración de Derechos Fundamentales y un laboratorio con
especialistas en
criminalística y ciencias forenses dentro del Ministerio
Público, las cuales se
encuentran fuera del área de influencia de los organismos de
seguridad.
Durante
2014, la referida unidad procesó 15 mil 929 pruebas periciales
en materia de
derechos humanos.
Pasado represivo
En
la presentación del informe, Ortega Díaz recordó que
anteriormente el país
hubo un escenario de
desapariciones forzadas, torturas
y asesinatos de personas cometidos por los órganos de
seguridad durante el
período comprendido entre 1958 y 1998 debido a razones
políticas.
Sobre
esas acciones, recordó las masacres de Yumare, Cantaura, El
Amparo y El
Caracazo, esta última a calificó como la más brutal represión
armada y
violación a los derechos humanos ocurrida en el país.
Expuso
que para la reconstrucción de la memoria colectiva,
actualmente se efectúan
importantes investigaciones
para
sancionar estas actuaciones contra la ciudadanía en la etapa
antes mencionada.
En
esta oportunidad, resaltó el papel mediador del Ministerio
Público y de la
Defensoría del Pueblo con sectores sociales y políticos del
país, entre los que
se hallan víctimas y familiares de procesados.
Refirió
que desde el Estado se atiende
a los privados de libertad para garantizarles sus derechos,
por lo que pueden
reunirse con sus familiares, abogados y amigos.
Respecto
a la celeridad procesal, explicó que actualmente se
constituyen tribunales
penales itinerantes, así como fiscales de protección de
derechos fundamentales
y defensores del pueblo.
La Fiscal General también mencionó el
avance en el país sobre los
derechos de los grupos vulnerables consagrados en la Carta
Magna.
Dejó
claro que en Venezuela la libertad de expresión y de
pensamiento son derechos, para
cuyo ejercicio los venezolanos pueden
valerse de cualquier medio de comunicación.
Asimismo,
indicó que las personas tienen la libertad de elegir sus
autoridades y
representantes por medio de un sistema electoral totalmente
transparente y
auditable.
Ofensiva violenta para deponer a las
autoridades
Dentro
de su disertación, la alta funcionaria del Estado venezolano
subrayó el derecho
a la reunión y manifestación pacífica, el cual está
condicionado a que tenga
ese carácter y sea sin armas. Explicó que de estar ausente
esta cualidad, dejaría
de ser un derecho.
En
este contexto, habló sobre los hechos ocurridos en Venezuela a
partir del 12 de
febrero de 2014 para deponer
las legítimas autoridades escogidas por el pueblo en
elecciones libres.
Resaltó
que tales acciones consistían en la
obstaculización de vías con barricadas, saqueos, uso de
sustancias peligrosas,
daños a oficinas públicas y privadas, entre otras.
Subrayó que estos hechos constituyeron
violaciones a los derechos y libertades del resto de la
población.
Durante la intervención, expuso que en
esta oportunidad 878 ciudadanos resultaron lesionados, de los
cuales 278 eran
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, mientras
43 personas
fallecieron.
Ortega Díaz finalizó aseverando que en
el marco de estos acontecimientos, fue necesaria la actuación
del Estado
venezolano, por lo que resultaron
aprehendidas
varias personas en flagrante comisión de delitos, siendo
puestos a
la orden de los tribunales respectivos.
WRR
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