La Revolución Bolivariana, en los últimos 15 años, se ha empeñado en crear nuevos mecanismos y espacios para la planificación, coordinación y financiamiento de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local. El Comandante Chávez siempre impulsó el desarrollo regional, por lo que siempre nos orientó a transformar y redificar la lógica y los mecanismos de aplicación de los recursos que recibían las regiones. Imperaba el uso del situado constitucional, por parte de alcaldías y gobernaciones, casi que exclusivamente para el pago de nómina y de los servicios básicos, sin poder priorizar o tener la capacidad real para enfrentar el tema de la inversión local y la solución efectiva de los problemas en las comunidades. Así, se fueron adecuando organismos como el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), que del producto de la recaudación fiscal, del 15% del Impuesto al Valor Agregado, destinaba recursos para financiar los procesos de descentralización y desarrollo regional, a través de proyectos de infraestructura, de inversión, de transformación institucional o socioproducivos. En esta etapa, se logró incorporar la participación ciudadana y el acceso al financiamiento por parte de las comunidades organizadas. Posteriormente el FIDES fue pionero al asumir la responsabilidad de iniciar el financiamiento a los nacientes Consejos Comunales.
El FIDES dio paso al Consejo Federal de Gobierno y al Fondo de Compensación Interterritorial, instancias que han permitido fortalecer la construcción de un sistema de planificación nacional, atendiendo a las necesidades de la población, de acuerdo a los requerimientos y realidades de cada ámbito territorial. Se establece que el Consejo Federal de Gobierno (Artículo 2 de su Ley), “es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. En consecuencia, el Consejo Federal de Gobierno establece los lineamientos que se aplican a los procesos de transferencia de las competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del Poder Popular”.
Estos planteamientos han permitido dar viabilidad técnica y financiera a lo contemplado en el artículo 184 de nuestra Constitución, en el sentido de permitir el desarrollo de “mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen”. Los ámbitos de transferencia abarcan todos los aspectos de la vida local, pasando por la prestación de servicios de salud, educación, construcción de viviendas, aseo urbano y mantenimiento, construcción de obras, entre otros.
En el Consejo Federal de Gobierno están representados todos los actores de la vida política nacional, regional y local. Su plenaria está integrada por el Vicepresidente Ejecutivo, los ministros, todos los gobernadores, un alcalde representante por cada estado y veinte voceros del Poder Popular. La Plenaria, entre otras funciones, propone al Presidente políticas para la descentralización y transferencia de competencias y servicios. Elabora, en base a cálculos técnicos, de acuerdo a la población, territorio, necesidades, al índice de desequilibrio territorial, el presupuesto destinado a cada gobernación y alcaldía del país, sin ningún tipo de discriminación política o territorial. El proceso de asignación y transferencia de los recursos se realiza a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
El Consejo Federal de Gobierno es una extraordinaria instancia de planificación que desarrolla y operativiza las políticas nacionales y regionales, para el abordaje de los problemas de las comunidades, sus necesidades y las desigualdades territoriales. Privilegia la participación, la organización, la planificación y el desarrollo regional, ya que a través de los consejos locales y estadales de planificación de políticas públicas, se instauró y consolidó una cultura de participación e involucramiento de todos los actores sociales a todos los niveles de la vida local y regional. En estas instancias, las políticas públicas, los proyectos de desarrollo, de infraestructura, productivos, etc., son aprobados en asamblea abierta y en discusión directa con las comunidades. Lejana está la época en que los proyectos eran diseñados e impuestos desde oficinas por los burócratas, totalmente alejados de las prioridades y de las necesidades de la gente.
Capriles y Ocariz
La soberbia y prepotencia de la derecha es inocultable. Su repudio a la Constitución Bolivariana y a las distintas instancias de gobierno legalmente constituidas, los hace rechazar todos estos logros, que como el Consejo Federal de Gobierno, han permitido la mejora efectiva del desempeño de los gobiernos regionales y locales, y la satisfacción de las necesidades de la gente.
El Consejo Federal de Gobierno es una instancia de planificación de políticas públicas nacional, es para beneficio de todos los ciudadanos en cada ámbito territorial. Sin embargo, el desprecio más palpable lo encontramos en el gobernador de Miranda, Capriles, el cual se niega, una y otra vez, a asistir a las reuniones y plenarias del Consejo. Su actitud es patética. Evade sus responsabilidades de manera vergonzosa y en perjuicio de los habitantes mirandinos. Al parecer, sus múltiples ocupaciones conspirativas le impiden asistir a las reuniones de planificación y asignación de los recursos presupuestarios que tanto necesitan los habitantes del estado Miranda.
El resultado de esta actitud es un incoherente y disparatado uso de los recursos asignados a la gobernación de Miranda, ejecutando proyectos alejados de las necesidades más imperiosas de los mirandinos. Así vemos, como en el año 2014, el gobernador de Miranda, Capriles, recibió una asignación del Consejo Federal de Gobierno de Bs. 423.389.186,00. De este recurso no destinó ni un solo bolívar a la adquisición de patrullas o equipamiento para los funcionarios policiales, siendo la delincuencia el principal problema del estado. No invirtió ni un solo bolívar en proyectos de saneamiento ambiental, siendo la crisis de la basura en Petare uno de los más graves problemas que año tras año sufren sus habitantes. Para el año 2015, ya el Consejo Federal de Gobierno le aprobó a la gobernación de Miranda una asignación inicial de Bs. 706.013.964,87. Imaginamos que todo seguirá igual, en el abandono, y que el gobernador continuará aplicando estos recursos en sitios donde no hay gente y a proyectos alejados de las necesidades de las comunidades. Una inmensa mayoría (más de 80%) de los habitantes de los barrios, urbanizaciones y caseríos del estado Miranda han declarado, muy molestos, que nunca han visto en su comunidad al desgobernador de Miranda.
El caso del alcalde Ocariz es aún más patético que el de su compañero de partido (Primero Justicia), Capriles. Ocariz es especialista en “queso rallado”, es decir, en diluir el presupuesto en infinidad de intrascendentes “obras”. Es también especialista en construir aceras por donde nadie pasa (la construcción de aceras es el negocio más “lucrativo” de esta gente). Ocariz recibió durante el año 2014, por parte del Consejo Federal de Gobierno, la cantidad de Bs. 38.946.791,00. De esos recursos no invirtió, al igual que su amigo el desgobernador de Miranda, ni un solo bolívar en equipamiento policial, ni una bicicleta, ni un chaleco antibalas para la protección de sus oficiales. Tampoco invirtió ni un solo bolívar en la adquisición de equipos de recolección de basura para el municipio, a pesar de la catastrófica crisis ambiental que ha generado en sus seis años de desgobierno local. Sí invirtió, eso se destaca, una gran parte de los recursos recibidos en este año 2014, en aceras, muchas aceras y en brocales (cemento y cabillas, el negocio del siglo). Para el año 2015, el alcalde Ocariz recibirá del Consejo Federal de Gobierno Bs. 62.666.681,32. Ojalá que con parte de esos recursos, aunque sea unos poquitos, puedan destinarse a adquirir equipamiento policial, patrullas y unos cuantos camiones de basura (para que no siga dependiendo el municipio de sus amigos contratistas). Esperemos que ocurra un milagro.
En el ínterin de las locas aventuras de la derecha amarilla (Primero Justicia), destaca la indiferencia de Capriles en ejecutar obras de importancia en el Municipio Sucre. Parece como si hubiera dejado solo, triste y abandonado, a su socio y compinche Ocariz. Se nota como un divorcio, una ruptura afectiva. Y es que en el medio del desastre ambiental con la crisis de la basura en el municipio Sucre, Capriles no ha ayudado ni con un monopatín, ni un camioncito, ni una pala, nada de nada, ni siquiera un comentario de aliento. En cambio Ledezma, más vivo y avispado, ha apoyado más a Ocariz. Claro, enviando unos gigantescos camiones recolectores de basura que se esmeran en recoger la basura solamente en los Centros Comerciales. Para barrios y urbanizaciones populares no van, solo van a Centros Comerciales. Cuidando sus business y a sus socios, pensarán algunos.
Cosas de la locura amarilla.
Richard Canan
Sociólogo
@richardcanan
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