Ayudarán a ubicar elementos de interés en casos de violaciones de derechos humanos
(Caracas, 26 de noviembre de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, juramentó este miércoles a 13 equipos regionales de apoyo a la Comisión por la Justicia y la Verdad, los cuales van a aportar elementos que permitan determinar las responsabilidades en casos sobre violaciones de derechos humanos entre los años 1958-1998.
El acto de juramentación se realizó en la sede principal del Ministerio Público en Caracas, donde Ortega Díaz expresó que tiene una obligación constitucional y legal de hacer justicia, por lo que al investigar estos casos de violaciones de esas garantías constitucionales, simplemente se encuentra cumpliendo con su deber, pues “este Ministerio Público no tiene miedo”, dijo.
Detalló que estos equipos recibirán la inducción necesaria para ubicar sitios en los que fueron sepultadas las víctimas, los centros de torturas, testigos de cómo ocurrieron los hechos, acción que permitirá recolectar elementos de interés criminalístico.
Indicó que en épocas pasadas se desaparecían personas por pensar distinto, disentir del régimen existente, y “este tipo de práctica no pueden volver a ocurrir porque existe un debido proceso que se debe respetar”.
Aseguró que ante cualquier hecho de vulneración de los derechos fundamentales se actuará apegado a las leyes, e hizo un llamado a la denuncia responsable, y no como en el caso de algunas personas que han señalado supuestamente 158 casos de tortura en el país sin dar nombres.
Ortega Díaz destacó que se cumplieron tres años de la aprobación de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el Periodo de 1958-1998, instrumento que dio pie a la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y la posterior juramentación de sus integrantes.
Trabajo arduo
La Fiscal General recordó hechos como el atentado contra el avión cubano, acción planificada por Luis Posada Carriles, quien logró sustraerse de la justicia y fue incorporado a la alerta roja de la Policía Internacional.
También explicó que se han hecho las diligencias necesarias para detener a Henry López Sisco y otros torturadores, aunque aún no se ha podido. Destacó que al aprobarse la Constitución de 1961 fueron suspendidas las garantías y así se gobernó durante más de 40 años, sin ningún pronunciamiento al respecto.
En referencia al trabajo realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, Ortega Díaz dijo que se han abierto 191 casos, existen cuatro personas imputadas, y un condenado, además de haberse entregado los restos de cinco venezolanos desaparecidos y muertos a sus familiares (Noel Rodríguez, Alberto Rudas Mezones, Eslaida Vásquez, Santos Martiarena y Alberto Lovera).
Por otro lado, calificó como un logro de la Comisión la descontaminación de 72 mil expedientes y archivos que se encontraban en los tribunales militares y en la sede de contrainteligencia castrense.
La Fiscal General lamentó que en muchos de los casos las causas y pruebas fueron desaparecidas, lo que ha significado un obstáculo para la labor que realiza la Comisión.
Anunció que ya se inició e inspección de 37 centros de detención para la tortura, en los cuales se han encontrado manuales para la tortura del Gobierno de esa época, pudiéndose constatar inicialmente la existencia de 885 víctimas a quienes se le violaron sus derechos humanos.
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