Andrés Figueroa Cornejo / Resumen Latinoamericano / 19 de febrero de 2020
Tal cual una dictadura en regla, el Ministerio de Interior del régimen antipopular y de extrema derecha encabezado por Sebastián Piñera, ingresó una querella en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago contra el luchador antifascista y legalmente en libertad Jaime Castillo Petruzzi, por «expresiones que incitan a la subversión del orden público». La demanda está amparada en la extemporánea Ley de Seguridad del Estado, la misma justificación jurídica que usó la tiranía de Pinochet durante 17 años frente a cualquier tipo de disidencia.
Jaime Castillo, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno, MIR, permaneció 23 años en las cárceles del Perú en su condición de miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, de esa nación, y logró su libertad y retornar a Chile el 15 de octubre de 2016.
«Mi historia es la de miles y miles de jóvenes que vivieron la experiencia del gobierno de la Unidad Popular de 1970-73. Entonces resultaba inevitable participar en la contienda política. A la fecha del golpe de Estado yo era un muchacho de 17 años. Una de las experiencias que me marcó en el plano estrictamente personal fue la detención y desaparición de dos compañeros de curso del Liceo Nº 7 el 29 de junio de 1974. Ellos jamás habían tomado un arma siquiera cuando fueron apresados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y el Ejército de la dictadura. Uno de los compañeros que también estaba considerado para ser hecho desaparecer era yo”, dice Jaime.
El 16 de enero pasado, se realizó el lanzamiento del libro «Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM» del líder mapuche Héctor Llaitul, víctima del montaje denominado “Operación Huracán” que ventiló una burda trama que mantuvo en prisión a varios dirigentes mapuche, los cuales, luego de un largo proceso de pruebas falsas, fueron liberados sin cargo alguno. En la actividad cultural, Jaime Castillo participó como uno de los comentaristas del libro.
Eso fue suficiente para que el gobierno de credibilidad en ruinas de Piñera (6 % de aprobación, según las encuestas) la cargará contra Jaime Catillo Petruzzi, quien está legalmente libre, trabajando y no hace parte de ninguna organización política.
El abogado del régimen, Eduardo Riquelme, argumentó en la querella que «Don Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi formuló, ante un grupo de personas, diversas expresiones que incitan a la subversión del orden público. Habló de la guerra de guerrilla, de desgaste y sabotaje (…)”, comentarios que el luchador social hizo en el lanzamiento del libro de Lllaitul y que pueden leerse en cualquier texto de cualquier plataforma digital o de papel, o escucharse en cualquier clase de cultura general de la universidad.
Sin dudas, la acusación contra Jaime Castillo Petruzzi es una arista más de la estrategia piñerista de intentar castigar y prohibir el ejercicio de los derechos ciudadanos inscritos en la propia legislación, como el derecho a expresión, opinión o acción que no se condigan con los intereses de la ultraderecha y la oligarquía.
En Chile, Piñera y su administración persisten en perseguir y reprimir, bajo distintas formas, la cultura, el arte, la opinión, la libertad de expresión, reunión, opinión y manifestación. Se trata de los movimientos paranoicos de un gobierno desesperado y en caída vertical.
Noticia en desarrollo.
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