Editorial Resumen / Resumen Latinoamericano / 27 de noviembre de 2019
En los últimos días nuevamente Sebastián Piñera y su gobierno reemprenden sus intentos por instalar a las fuerzas armadas en labores represivas del movimiento social. Ahora recurren a nuevas trampas.
No se trata sólo de ineptitud o incapacidad de dar solución a las demandas que la ciudadanía viene reclamando en las calles desde el 18 de octubre pasado lo que lleva a los gobernantes a intentar recurrir al uso de los militares para contener la protesta social. Es peor que eso. Se trata de la irrefrenable vocación represiva que encarna el señor Piñera y su gobierno; se trata de la incontenible nostalgia por los métodos autoritarios y los usos opresivos de la dictadura militar de la que formaron parte conspicuos integrantes de la alianza gobernante.
Se trata más bien de una lógica represiva inherente a la forma de relación que la derecha oligárquica ha establecido históricamente con el resto de la sociedad, esto es, con la mayoría de la población. La lógica patronal del poder abusivo para someter a los demás, para imponer la voluntad de los privilegiados.
La pretensión gobernante de volver a utilizar a los militares es reincidente pues ya los sacaron a la calle durante los primeros días de este conflicto social. En esa oportunidad usaron el subterfugio legal de declarar estado de excepción o estado de emergencia para encubrir la utilización de los uniformados; estado excepcional que, luego de diez días, la propia movilización y presión social obligó a los gobernantes a desestimarlo.
En esta nueva intentona, Piñera y su gobierno quieren recurrir al uso de las fuerzas armadas sin necesidad de decretar ningún estado de excepción sino que pretenden imponer una ley, fraguada entre gallos y medianoche, que les faculte para utilizar esta medida de fuerza sin verse limitados por las actuales exigencias legales. El pretexto para esta pretensión es una supuesta destinación de los efectivos militares a resguardar instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. Raro, por decir lo menor. Ninguna de las eventuales instalaciones estratégicas que los autoritarios de La Moneda o del ministerio de Defensa puedan enumerar ha estado puesta en riesgo de ninguna naturaleza en esta crisis social. Ninguna. Y no se percibe ni en los métodos ni en los objetivos de la movilización social algún afán o interés por afectar supuestas instalaciones estratégicas. Ni siquiera les sirve si quieren poner de ejemplo el Metro de Santiago, pues resulta que durante el estado de emergencia en que los militares estuvieron desplegados en las calles no protegieron ninguna instalación del Metro.
Todo indica que el propósito gobernante es aplastar la revuelta social. Aumentar la capacidad represiva recurriendo una vez más a las fuerzas armadas. No le bastó con la reincorporación de policías jubilados, ni le parece suficiente dar término anticipado a los cursos de formación para destinar personal inexperto a labores represivas, ni queda satisfecho con la serie de leyes coercitivas que busca manipular en el congreso. El hambre represora de Piñera y su gobierno es insaciable. El hecho de querer desplegar a los uniformados en instalaciones estratégicas solo oculta el propósito de provocar amedrentamiento entre la población movilizada, particularmente a los trabajadores de los sectores productivos que han realizado paralizaciones puntuales, participado en manifestaciones y se han movilizado en las masivas marchas de protesta popular. Pero del amedrentamiento al escarmiento hay un trecho demasiado corto; ya se evidenció durante el estado de emergencia.
De modo que el interés por volver a sacar a la calle a los militares obedece a fines más oscuros y perversos; por algo el proyecto de ley ingresado hoy por el gobierno busca otorgarle impunidad a los uniformados ante eventuales delitos de violación de derechos humanos. Es decir, otorgarles carta blanca para reprimir, disparar y matar. Según la hipocresía habitual de los gobernantes, los militares no estarían destinados a labores represivas, pero al mismo tiempo buscan ofrecerles impunidad para cometer crímenes. Raro, incongruente, por decir lo menos otra vez. Ya sabemos que no hay alienígenas invadiendo al país, así que los blancos u objetivos de los uniformados no pueden ser más que la población civil movilizada.
Para intentar esta grosera medida, Piñera busca contar con el apoyo no solo de su coalición gobernante sino también de los sectores con más vocación represiva de la vieja y descompuesta Concertación o Nueva Mayoría, particularmente de ciertos oscuros parlamentarios de la Democracia Cristiana. Estos últimos tienen un particular árbol familiar plagado de conflictos de intereses que hacen presumir que su interés es recurrir a los militares para proteger las instalaciones de su incumbencia, lo mismo que motiva a Piñera y su coalición de gobierno.
Es y sería mucho más simple para cualquier gobierno democrático buscar fórmulas para dar respuestas satisfactorias a las demandas ciudadanas, pero para la derecha gobernante y sus aliados, para los poderosos y sus familias de la élite social burguesa, siempre es más fácil recurrir al uso de la violencia, de la fuerza, de las armas, de las balas, para responder a las demandas de los pueblos. Y para ese fin tienen a las fuerzas armadas y policiales.
Los cuerpos tradicionales de las fuerzas armadas chilenas han dado sobradas muestras a lo largo de nuestra historia de ser servidoras útiles para esos fines. En particular durante el golpe militar de 1973 y la posterior dictadura. Pero ese período también marca el inicio de la degradación institucional y descomposición moral de la policía uniformada, el cuerpo de carabineros. Los fines iniciales de protección ciudadana y de resguardo de la seguridad pública que dieron origen a esta institución, derivaron prontamente al desquiciamiento de la doctrina de seguridad nacional y su conformación como cuerpo represor de la propia ciudadanía.
Más aún, en el marco de la situación mundial post caída del bloque socialista, del término de la guerra fría, y del surgimiento de las técnicas llamadas conflictos de baja intensidad, el cuerpo de carabineros fue derivando hacia una entidad militarizada, una entidad de uniformados destinada prioritariamente a la guerra interna y la represión de las luchas sociales. Esta transformación, surgida desde los tiempos de la dictadura (como tantas de las otras plagas que nos azotan y asolan como país) fue acompañada de una creciente descomposición moral que ha derivado en corrupción, robos, estafas, malversaciones, a niveles grotescos que aún no termina de conocerse y sancionarse por la justicia. Fenómeno, por lo demás, que también ha hecho escuela en las ramas tradicionales de las fuerzas armadas, en especial en el ejército.
La represión sobre el pueblo mapuche durante las últimas décadas en los territorios usurpados por las forestales, y la brutal represión constatada sobre la movilización social actual, son un claro ejemplo de esta función de cuerpo militarizado destinado a combatir a la propia población, por mandato de un gobierno de turno, por una parte, pero por otra, por la imposición de una doctrina bastarda y perversa en la conformación y formación de los cuerpos policiales y uniformados. Los informes y reportes de los organismos internacionales de observación de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Right Watch, CIDH) y de los organismos y entidades nacionales en la materia, han dado categóricas evidencias de este flagelo en que se ha convertido el cuerpo de carabineros de Chile.
Esperemos que en la mayoría de los parlamentarios prime un sentido de responsabilidad social, que graviten en algo estas observaciones respecto de los derechos humanos conocidas por todo el mundo, y tengan la decencia de no aprobar esta ley absurda y estúpida de Piñera y su gobierno.
De todo esto surge la necesidad de, entre todos los problemas y demandas que nuestra sociedad busca solucionar, debemos plantearnos de que la nueva constitución que surja de esta crisis ponga término al actual cuerpo de carabineros. Se hace imprescindible reformular la conformación de las policías chilenas y crear un cuerpo nuevo, desprovisto de dogmas represores y de funciones anti sociales.
Del mismo modo, se hace también imperioso reformular la doctrina, los criterios, reglamentos y parámetros de conformación y formación de las fuerzas armadas tradicionales. No puede ser que entidades que se supone deben proteger a los chilenos, que además son financiadas por los chilenos y sostenidas por el estado de Chile, sean concebidas y utilizadas como instrumentos de poder y de uso discrecional de los poderosos. También en estos asuntos llegó la hora de decir basta.
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