5 diciembre 2019.
En el marco de la reunión del Consejo del Mercosur, Uruguay calificó a la administración de Jeanine Áñez como un “gobierno de facto”. Asimismo, aseguró que Evo Morales fue “obligado a renunciar”, lo que originó “un quiebre institucional que representa una ruptura del orden democrático”; por ello urgió al bloque asumir medidas.
La postura del gobierno del saliente Tabaré Vázquez fue fijada en la LV reunión del Consejo del Mercado Común, órgano máximo decisorio del Mercosur que integran los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que se desarrolló el miércoles en Río Grande do Sul, Brasil.
“Al comienzo de su intervención, el Ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa hizo referencia a la actual situación que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo presidente constitucional Evo Morales fue obligado a renunciar a su cargo, provocando un quiebre institucional que representa una ruptura del orden democrático en los términos establecidos en el artículo 3 del ‘ Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, Bolivia y Chile’”, reseña una nota de la Cancillería de ese país fechada el 4 de noviembre.
Morales celebró la postura uruguaya: “Saludamos tradición diplomática de Uruguay, en su defensa de la institucionalidad, por solicitar la activación de cláusula democrática que censura a golpistas que pisotearon la democracia de Bolivia. La comunidad internacional rechaza la ilegal proclamación del gobierno de facto”.
Sanciones
Uno de los procedimientos fijados en dicho documento es la activación de consultas “entre sí y con el Estado afectado. En caso de ser infructuoso ese procedimiento, se contemplan medidas “desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.
La publicación añade que “el Canciller solicitó a la Presidencia Pro Témpore que se activen los mecanismos previstos en dicho Protocolo, a fin de comenzar las consultas tendientes para analizar las medidas a adoptarse, hasta tanto se restablezca plenamente el orden democrático en Bolivia”.
Nin Novoa “dijo que el Mercosur debe exigir a las autoridades de facto bolivianas, el pleno respeto por los derechos humanos, el control estricto del uso de la fuerza y el cese de la represión indiscriminada contra la población civil”.
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