Colombia. IV encuentro por la Verdad: Impactos a las poblaciones campesinas en el marco del conflicto armado.

 11 diciembre 2019.

Impactos a las poblaciones campesinas en el marco del conflicto armado: afectaciones y resistencias

A manera de introducción

Este documento presenta el de enfoque temático del proceso de reconocimiento sobre los impactos del conflicto armado interno en la población campesina, el mismo, incluye el Encuentro por la Verdad en Cabrera, Sumapaz. Es importante resaltar que el texto es el resultado del trabajo conjunto de diferentes equipos de la Comisión: el equipo de reconocimiento, la Dirección de Conocimiento, que ha apoyado a las necesidades investigativas; la Dirección de Territorios, con las macroterritoriales y sus Casas de la Verdad, que han participado activamente en la elaboración de esta propuesta inicial y han retroalimentado permanentemente el presente documento proponiendo nuevas formas de acción para la realización de los encuentros territoriales preparatorios y el Encuentro por la Verdad de diciembre; y los equipos que conforman la Dirección de Diálogo Social, los enfoques, las estrategias y demás objetivos.

Este proceso no ha sido impulsado únicamente por quienes hacemos parte de la Comisión. En el camino hacia el reconocimiento, se han vinculado investigadores, académicos con experticias en los temas rurales y agrarios y, principalmente, las organizaciones campesinas en todo el país. Es en ese diálogo participativo (y con el soporte de los mapas de vientos de las territoriales) que nace este documento base de trabajo, que recoge las pistas obtenidas, las reflexiones presentadas sobre el sentido de este reconocimiento y los enfoques posibles. Con estos insumos y la orientación permanente de los comisionados Alfredo Molano y Marta Ruiz, más la retroalimentación del plenario, se construyó esta propuesta.

Enfoque del reconocimiento

Es sabido que el conflicto armado en Colombia ha estado atravesado a lo largo de su historia por el problema de la tierra, el control de su propiedad y uso. La tierra ha sido también botín de guerra y factor de poder regional y local. Es en las tierras de nuestra ruralidad que, durante más de 50 años, se ha vivido la trayectoria histórica del conflicto, la lucha incesante, política y armada, generando impactos en los hombres, mujeres y niños que las habitan. Es decir, en aquellas gentes labriegas, colonas, indígenas, afrodescendientes, campesinas mestizas, jornaleras sin tierra, aparceras, terrasgueras, pescadoras, y un sinfín de categorías que se usan para nombrar la diversidad de habitantes del campo y trabajadores de la tierra.

De las entrañas de las zonas rurales, de sus campesinos que las habitan, han salido todo tipo de actores del conflicto, activos y pasivos. Del campo salieron las huestes de los ejércitos liberales y conservadores de las guerras decimonónicas y la Guerra de los Mil Días; salieron las comunidades liberales, comunistas, gaitanistas, conservadoras y laureanistas que incendiaron al país con debates y pugnas políticas en los años treinta, y luego con violencia en las décadas de los cuarenta y cincuenta. Del campo salieron los que conformaron los grupos de pájaros y chulavitas (aun cuando no eran campesinos quienes decidieron conformar estos grupos), y también los primeros guerrilleros liberales y comunistas. Eran campesinos los que se resguardaron en Riochiquito, en

Villarrica, en El Davis y en Marquetalia; los que colonizaron armados y desarmados el piedemonte caqueteño, metense, el Cañón de las Hermosas, la región de Tierradentro, las selvas del Putumayo, el tapón del Darién, las montañas y llanuras del Nororiente y también los que poco a poco entraron en el Litoral Pacífico, encontrándose en muchas de estas regiones con comunidades indígenas y afrodescendientes que ya poblaban desde tiempo ancestrales estas tierras.

Del campo fueron surgiendo una parte muy importante de los comandantes de las guerrillas, de los paramilitares y muchos de sus combatientes, y también son del campo la mayoría de los soldados y policías rasos. Todas y todos, hijas e hijos de las diversas regiones colombianas, recibieron y acudieron al llamado de la guerra, a veces a voluntad, a veces forzosamente, pero finalmente, un llamado que no admitía otra elección para estas gentes desposeídas y olvidadas por la historia. Entonces se armaron y se enfrentaron, cada cual, con banderas y colores diferentes, y dejando en suspenso su arraigo a la tierra, la sabiduría de la agricultura, la pesca, la minería artesanal y muchas más actividades que daban sentido a las verdes praderas y a los anchos ríos en los que habitaban.

Pero del campo también provienen aquellos que, sin tomar nunca un arma, se han visto involucrados en la guerra y la han vivido en carne propia. Los que han ido usados como carne de cañón y los que han visto a sus hijos morir o ser reclutados contra su voluntad; los que han perdido la vida en las condiciones más indignas, los que han visto cómo sus tierras son arrasadas por bombardeos y fumigaciones, y como sus cultivos se intercambian por extensiones de desolación y pisadas de violencia, esos mismos hombre y mujeres que han tenido que dejar atrás sus tierras para salvar sus vidas y perdiendo así el continuo de los sueños y esperanzas sembradas en la tierra que abonaban. Los que han visto sus productos perecer a falta de canales de comercio justo, vías e infraestructura para el desarrollo social, y los que han encontrado en la economía ilegal de la coca, la marihuana y la amapola la única forma de sostener a sus familias.

Es en el campo donde reposa la memoria de la gran mayoría de las tragedias del conflicto armado. El campo es donde han tenido lugar las más graves y sistemáticas vejaciones y crueldades del conflicto armado: con sus tomas y ataques a municipios de tradición campesina, masacres, desplazamientos, confinamiento y reclutamiento forzados, desapariciones forzadas, instalación de campos minados, enfrentamientos entre los armados. Lo inimaginable de la banalidad el mal pasó por el campo y sus pobladores y en ocasiones, el único testigo que nos queda son las frías cifras estadísticas.

Es también en el campo en donde se revierten todas las disputas y contradicciones institucionales que alimentan las violencias y el conflicto armado. De las reformas y contrarreformas agrarias que dan y quitan tierra y derechos; de la variopinta ley que en ocasiones reconoce la necesidad de entregar tierra baldía al colono, al campesino, al indígena o al afro, pero a la vuelta de la esquina permite el despojo y la concentración de predios; de esa gran base legal que promulga la función social de la tierra, más en su curso no convoca al campesino para la toma de decisiones, sino que las deja en manos de los intereses privados.

Pero del campo también nacen la esperanza, la resistencia y la soberanía que nos llega en forma de vida con cada alimento, copla, canto, y en cada manifestación de ese intangible que nos compone como nación y que extiende sus raíces en la vida campesina. En el campo está la gente que se organiza en la junta de acción comunal, en la asociación campesina, en la zona de reserva campesina, en el cabildo y el consejo comunitario; que solidariamente se junta en mingas, convites, manos cambiadas para sembrar y cosechar; que cultiva alimentos y sigue siendo, aún en épocas de importaciones, la despensa alimentaria de nuestras ciudades; que se asocia para comercializar juntos y evitar vender a pérdida sus productos. La gente que se organizó y resistió dignamente a los actores armados, que le apostó a la paz a pesar de sus dolores y levantó su cabeza para seguir luchando para sacar a sus hijas e hijos adelante; la gente que en medio del conflicto cantó, bailó, enseñó, curó y permitió que, aún en los peores momentos de la guerra, hubiera un futuro para construir.

Y cómo no decirlo, es de esta complejidad y diversidad que compone al campo y sus habitantes, donde se gesta uno de los impulsos y el respaldo más determinante de las conversaciones que devinieron en el punto 1 del Acuerdo Final: el de la Reforma Rural Integral. Esta condensa gran parte de las propuestas y clamores históricos que se han formulado en torno a la tierra, a la protección de la economía campesina, a la provisión de bienes públicos y garantías de derechos sociales, y a la participación de las poblaciones campesinas y rurales en general, en la planeación de sus propios territorios en clave de la construcción de la paz.

La Comisión de la Verdad quiere llevar a cabo un proceso para reconocer esas afectaciones e impactos de la población campesina, en tanto parte del conflicto, en tanto víctima, pero también como sujeto de resistencia, resiliencia y transformaciones positivas. Esto pasa por reconocer a sus organizaciones nacidas para afrontar dignamente el conflicto armado y los modelos de desarrollo excluyentes; las luchas que han emprendido por sus derechos en un país con una altísima desigualdad en el acceso a la tierra; y los impactos que el conflicto ha tenido en todas las regiones donde habitan campesinos, pero también nos convoca a reconocer el valor moral con el que han asumido su pervivencia imaginada desde la paz.

El reconocimiento a la población campesina, a las afectaciones e impactos del conflicto armado, deberá integrar aquellas circunstancias particulares que evidencien la dignidad de las víctimas. En consecuencia, es necesario enfocar la mirada sobre las mujeres campesinas, la dignidad que han inculcado en los procesos de resistencia pacífica al conflicto armado, y también las violencias sistemáticas que los actores armados generaron contra ellas. Se debe hablar sobre las afectaciones a los niños, niñas y jóvenes campesinos; sobre el rol de los adultos mayores que han sido cuidadores y trasmisores de sabiduría, memoria y conocimientos; y entender que la comprensión de la complejidad del campo colombiano, implica hablar de las relaciones entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, y cómo estas comunidades hicieron de la solidaridad un potencial para la resistencia en medio del conflicto armado.

Así mismo, el reconocimiento debe lograr hablarle a la sociedad, a nivel regional y nacional. Esto implica diseñar un ejercicio comunicativo que invite a la reflexión a la población urbana, a los diferentes sectores de la sociedad, a los medios de comunicación, a las instituciones y en general, a la opinión pública. Solo de esta manera lograremos reconocer a las y los campesinos en su aporte a la verdad colectiva, y blindar nuestro campo ante las amenazas de la violencia.

Ejes temáticos

En el marco del reconocimiento se propone trabajar desde tres ejes temáticos generales, en donde se ubicarán casos puntuales a reconocer, así como lecturas profundas y estructurales que permitan avanzar en el entendimiento del por qué el conflicto armado tuvo un impacto tan fuerte sobre las poblaciones campesinas.

El primer eje temático tiene que ver con las afectaciones en el territorio y la territorialidad. Estas se manifiestan con:

1) El despojo de tierras y el desplazamiento forzado; acciones históricas alrededor del acaparamiento de la tierra y el control del territorio que incluyen los pactos entre élites regionales, gamonales y hacendatarias; así como la acción de los grupos armados ilegales para controlar recursos y concentrar tierras y de algunos funcionarios estatales que sirvieron a estos intereses desde notarías y oficinas de registro. 2) Transformaciones profundas en la economía campesina y desarraigo. Entre los paros armados y ofensivas de guerra, se han generado la pérdida de cosechas, pequeñas especies y otros proyectos agropecuarios campesinos. La guerra y el aprovechamiento que terceros oportunistas han hecho de esta, ha cambiado los mapas productivos de muchas regiones que otrora producían alimentos y que hoy se dedican a la ganadería extensiva, a los monocultivos o a la minería a escala o al cultivo para el uso ilícito de coca y marihuana. Pero también está el impacto del campesino despojado que tuvo que convertirse en jornalero, con salarios paupérrimos, o que en su defensa por la vida y de su familia se vio obligado a migrar a las ciudades, para engrosar los cinturones de miseria.

3) Movilización social del movimiento campesino: este subtema se refiere al relato del campesino que se organizó en los años setenta para que les incoraran las tierras y se lograra una reforma agraria efectiva; de los éxodos campesinos y las movilizaciones de los años ochenta y noventa, denunciando al paramilitarismo y los desplazamientos forzados que estaban sucediendo. Y los diálogos interculturales con las comunidades indígenas sobre la noción de territorio, la defensa del medio ambiente y la naturaleza, incorporando esta reivindicación a su proceso social y sus luchas. Se habla de los intentos de reforma agrarias y los planes de contrarreforma, y cómo en medio de estos últimos los actores armados fueron una herramienta para intensificar el despojo y, con éste, el acaparamiento de tierras. 4)Los fenómenos de colonización forzada producto del conflicto armado: miles de familias campesinas se vieron obligadas a salir de sus tierras por causa de la violencia y la guerra y a abrir la frontera agrícola en zonas apartadas del poder central y de los actores armados que les perseguían. Específicamente, de campesinos del centro del país que entre las décadas de 1940 y 1970 abrieron monte con machete en mano y sus familias y enceres a cuestas y entraron al piedemonte de la cordillera oriental, allá en las cuencas de los ríos Ariari, Duda, Guayabero, Pato, Guaviare, Caquetá entre otros; y más recientemente, la colonización de algunas partes del litoral pacífico, o en algunas partes del Catatumbo y de la serranía del Perijá.

El segundo eje temático plantea la reflexión sobre la estigmatización y la destrucción de procesos organizativos del campesinado y, en general, los impactos a las organizaciones campesinas y la persecución por razones políticas, territoriales o familiares. Alrededor de este eje, orbitan los siguientes subtemas:

1. La persecución y exterminio de miles de campesinos asesinados o expulsados de sus tierras por ser liberales o por ser comunistas; departidos políticos exterminados de pueblos y veredas; de municipios de tradición campesina que eran señalados como militantes, colaboradores o afines a algún grupo; del constreñimiento al voto y la movilidad. La estigmatización llegó al punto que, a partir del lugar de expedición de la cédula o de los apellidos se tildara a su portador de guerrillero, paramilitar o aliado de la Fuerza Pública. Los homicidios selectivos, amenazas y desapariciones forzadas han sido estrategias contra el campesinado que han debilitado sus estructuras organizativas, y favorecido el control territorial de actores armados.

2. Reconocimiento de la reacción positiva y el valor de la organización campesina; de las juntas de acción comunal, de las asociaciones de productores, de los comités de impulso de zonas de reserva campesina u otras figuras territoriales formales o no, y cómo estas formas organizativas y asociativas permitieron a los campesinos de muchas regiones del país resistir y protegerse ante la persecución, manteniendo así la dignidad a pesar de las múltiples estigmatizaciones y persecuciones.

El tercer eje temático habla de la identidad y la cultura campesina y cómo esta ha sido afectada y violentada por causa del conflicto armado, al punto que muchas comunidades han perdido, paulatinamente, los elementos que dan cuenta de su arraigo social y cultural con la tierra y sobre los cuales se erige la identidad y la vida campesina. Sin embargo – y a pesar de la distancia del desplazamiento-, la memoria, la música, la gastronomía; las narraciones, las expresiones artísticas y las acciones transformadoras de muchos hijos e hijas de ese exilio, han contribuido a procesos de fortalecimiento de la identidad del Ser campesino. Esto desde escenarios académicos, políticos y culturales, convirtiendo la identidad y el amor por el origen en otro motor para afrontar la violencia y visibilizar la lucha histórica por la tierra.

El abordaje del reconocimiento desde estos ejes temáticos nos permitirá tener una visión amplia en el reconocimiento y dará la oportunidad para conectar un ejercicio del reconocimiento de casos puntuales, con una análisis estructural y explicativo sobre el papel del campesinado en el conflicto, en tanto víctima, y en tanto sujeto que ha generado resiliencias, afrontamientos y transformaciones positivas.

Algunos indicios de las dimensiones de los impactos sobre el campesinado

Las poblaciones campesinas en Colombia cuentan con la enorme dificultad de no aparecer enunciadas específicamente en los registros institucionales como censos, índices o cifras de victimización. Las categorías que se emplean en estos registros son del orden general como “resto rural”, “otro” “pobladores o trabajadores rurales”, las cuales son aplicables a un universo muy amplio de pobladores del campo que puede incluir a comerciantes, empresarios, etc. Consecuentemente, no existe claridad estadística de las afectaciones e impactos del desplazamiento forzado, del despojo de tierras o de la persecución política a las organizaciones campesinas que nos permita dimensionar, al menos en términos cuantitativos, lo vivido por esta población en el marco del Conflicto armado Interno. De las pocas cifras susceptibles de desagregación, es posible extraer algunos datos ilustrativos.

Según datos del Registro Único de Víctimas en el país tenemos 8.6 millones de desplazados forzados, los cuales el 87% han sido desplazados en zonas rurales, y el 14% reportan pertenencia étnica. Dado que no existe una categoría específica para e campesinado en el RUV, no es posible establecer con claridad cuántos campesinos sin pertenencia étnica han sufrido el desplazamiento forzado, pero al cruzar las cifras de zonas rurales y pertenencia étnica podemos afirmar que la mayoría de personas desplazadas en el país son campesinas.

La ley 1448 define despojo como la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Desde la vigencia de la ley en 2011 hasta hoy, se registran más de 120 mil solicitudes de restitución de tierras despojadas, las cuales cubren un área de más de 2.3 millones de hectáreas según datos de la Unidad de Restitución de Tierras. No obstante, estas cifras se engrosan si se consideran los hechos ocurridos antes de 2011, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que el despojo de tierras fluctúa entre 1-5 y 10 millones de hectáreas despojadas, afirmando que entre la década de 1980 y la primera década de los 2000 se despojaron 5.504.517 hectáreas, que equivalen al 4,82% de la superficie del país.

Para el caso de la persecución política la situación es aún más compleja, ya que, a la no enunciación de la categoría de campesinado, se suma el subregistro de las afectaciones a organizaciones sociales rurales, a sus líderes y lideresas. Por ejemplo, de acuerdo al informe de Somos Defensores, para el 2018, los líderes comunales asesinados suman 63 de los 155 casos de asesinatos selectivos reportados. Las Juntas de Acción Comunal son una figura esencialmente campesina, por lo que probablemente muchas de las personas asesinadas por su liderazgo comunal eran campesinas. Adicionalmente, según el mismo informe, en 19 de los homicidios registrados se identificó un liderazgo campesino, correspondiente al 12%. Sumando los líderes comunales asesinados, el porcentaje asciende al 53%.

Articulación con el mandato

Este reconocimiento está ligado con varios puntos del mandato de la Comisión. En primer lugar, con el mandato 10 debido a que la victimización por parte de los actores armados tuvo lugar en las zonas rurales y en regiones alejadas, implicando que las víctimas campesinas se cuenten en cifras de millones. El despojo y el desplazamiento no han venido solos, han traído consigo afectaciones al campesinado en cuanto a sus economías, su cultura, su salud, su relación con el ambiente y el territorio y, en términos generales, en la garantía de sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (Mandato 3). Merecen atención especial las mujeres campesinas, los menores de edad y el campesino mayor, quienes por su condición han sufrido múltiples afectaciones.

La concentración en la propiedad de la tierra se cuenta entre los factores determinantes del origen y persistencia del conflicto armado, así como la falta de oportunidades y del fomento a la economía campesina, la insuficiente presencia del Estado en las zonas rurales y el desconocimiento del campesinado como un sujeto político y de derechos. Estos problemas se agravan con el transcurso del tiempo y la profundización de un modelo económico basado en la explotación indiscriminada de recursos naturales y la producción agroindustrial de gran escala (Mandato 7).

Testimonios de campesinos y campesinas

En el marco del cuarto encuentro por la Verdad #ElCampoCuentaLaVerdad la Comisión de la Verdad llevará acabo un ejercicio de escucha y reconocimiento a las trayectorias de individuos y comunidades campesinas que en el marco del conflicto han vivido impactos, afectaciones, pero a partir de estas, también han generado afrontamientos y resistencias.

Articulado con los ejes temáticos, en el cuarto encuentro por la verdad se reconocerán tres hechos victimizantes que han impactado las vidas de campesinos y campesinas, y que se han dado en el marco de la lucha por la tierra y el territorio, y de la lucha por la participación política.

En primer lugar, las trashumancias forzadas que ha generado el conflicto y que se materializan en el desplazamiento forzado del campo a la ciudad, engrosando, en la mayoría de casos, los cinturones de miseria que crecen en prácticamente todas las ciudades del país. Así mismo, hablamos de las expulsiones de comunidades que en lugar de desplazarse a las ciudades han huido del conflicto hacia las zonas apartadas más allá de la frontera agrícola y colonizando forzosamente amplias regiones del país.

En segundo lugar, el despojo de tierra en sus múltiples facetas, que incluye los mecanismos jurídicos que han llevado a los campesinos y campesinas no solo a abandonar sus tierras sino a perder sus derechos de propiedad, posesión y usufructo de la tierra.

Por último, hablaremos de la persecución política de la que han sido víctimas los campesinos y campesinas, sus asociaciones y organizaciones a nivel local, regional y nacional, y la imposibilidad que esta población, en muchas zonas del país, ha tenido para participar políticamente en el marco de un Estado Social de Derecho en las decisiones que les incumben, de hacer oposición política o elegir libremente un partido, postura o corriente política.

Sobre estos tres tremas se recomiendan las siguientes trayectorias y testimonios:

Desplazamiento forzado y colonización campesina
Víctor Pulido, Villarica Tolima, región del Sumapaz

La historia de Víctor Pulido es la historia de las colonizaciones campesinas de la década de 1960 en la región del Sumapaz, en particular en la cuenca del río Duda. Campesinos procedentes del Huila, Valle del Cauca, Tolima y del viejo Caldas fueron expulsados de sus tierras en el marco de la Violencia bipartidista de los años de 1950, y viajaron a pie hacia la cordillera oriental. Este episodio triste de la historia del campesinado se ha conocido como las columnas en marcha y da cuenta del poblamiento de todo el piedemonte de la cordillera oriental, y de un drama colectivo de miles de familias que luego de ser expulsadas de sus tierras por la Violencia, fueron estigmatizados en los primeros años del Frente Nacional como “repúblicas independientes” y posteriormente, como auxiliadores de la insurgencia o como insurgentes. La historia de Víctor narra la colonización de la cuenca del Duda en particular, y de la colonización campesina en general. Su historia individual y colectiva es el reflejo de un drama de miles de familias, silenciadas durante años y olvidadas en la historia oficial del conflicto armado.

Roberto Carlos Fuentes, Su familia fue desplazada por la guerrilla al ser reclutado como soldado campesino.

En todo el país se vivió un drama y una victimización contra familias campesinas por el ingreso de alguno de sus familiares a la Fuerza Pública, sobre todo en zonas llamadas de retaguardia de la insurgencia, o después de 1982, en zonas donde las guerrillas se disputaban el control territorial.

Esta situación es una de las violencias vividas por Roberto Carlos xxx y su familia, quién luego de una infancia llena de carencias y vinculado a la economía de la coca como raspachín, y de vivir en una zona de tránsito de la insurgencia y recibir amenazas de éstos y de grupos paramilitares, es reclutado como “soldado campesino” en la primera década de los años 2000, por lo cual fu familia recibe amenazas y se ve obligada a dejar su tierra y desplazarse.

La historia de Roberto es la historia de muchos campesinos que, tras ingresar al ejército, tuvieron que ver cómo sus familias tenían que salir de sus tierras, abandonar su arraigo, y sufrir por una guerra que no eligieron, pero cuyas consecuencias siempre llegan a tocar su puerta.

Despojo de Tierras
Claudia Machuca, Las Pavas

Las décadas de 1990 y 2000 pasaron a la historia como los años donde el despojo de tierras y el acaparamiento de baldíos mostraron cifras alarmantes. El caso de la hacienda Las Pavas (Sur de Bolívar) narra una sucesión de despojos consecutivos, donde decenas de familias ocuparon y trabajaron tierras baldías que habían sido apropiadas por testaferros de narcotraficantes, con la esperanza de que las instituciones agrarias adelantaran los procesos de formalización de la propiedad. Sin embargo, antes de lograr la formalización de sus tierras fueron desplazados por grupos paramilitares en 2003, y luego de los acuerdos de paz de Ralito, al intentar retornar, su tierra tenía un nuevo dueño, que, pasando por encima de las disposiciones legales en torno al uso de baldíos y a la Unidad Agrícola Familiar, detentaba la propiedad formal de la hacienda. Años de lucha a través de mecanismos judiciales y protestas pacíficas, así como de esfuerzos vanos de las instituciones para recuperar los baldíos, de amenazas, de asesinatos, persecuciones y estigmatizaciones han generado un caso emblemático de despojo, pero también de resistencia y dignidad campesina en la lucha por la tierra a través de las vías constitucionales.

La historia que nos contará Claudia es la historia que se repite en cientos de procesos de restitución de tierras, donde la tierra, en lugar de estar en manos campesinas para la producción de alimentos, se es explotada para fines de especulación financiera en el mercado de tierras, la ganadería extensiva o proyectos agroindustriales Siempre bajo la amenaza de grupos paramilitares, bandas criminales o sicarios a sueldo.

Cecilia Lozano, Mapiripán

Es conocida la historia de cómo en 1997 dos aviones, trasportaron un centenar de paramilitares desde el Urabá antioqueño a San José de Guaviare, y luego de fueron trasportados en camiones oficiales a Mapiripan en donde perpetraron durante tres días el asesinato de 49 personas y el desplazamiento de cientos de familias. Lo que no es conocido es el drama de estas familias y la secuencia de persecución y victimización a la que estuvieron sometidas. Cecilia es parte de la historia viviente de este desplazamiento, es la memoria que recuerda a su esposo desaparecido forzosamente por exigir justicia, es la narración de un ir y venir en cuatro desplazamientos posteriores. También, es la voz de la mujer que no se cansa, que clama justicia, que sabe que no está sola y por eso se organiza en juntas de acción comunal, respalda organizaciones municipales de campesinos, asociaciones de mujeres campesinas locales y departamentales, y de esta manera ha ido construyendo y viviendo en la certeza personal y política que ante el dolor y la muerte de los campesinos, la dignidad y la lucha por los derechos se revela como la única opción para seguir de pie y construyendo futuro en el campo.

La historia de dolor, lucha y dignidad de Cecilia es la historia de miles y miles de mujeres campesinas que han perdido todo en el conflicto, ¡todo! menos la palabra para tejer memoria y las manos para trabajar pon un país en paz, para que las generaciones futuras habiten un campo más incluyente.

Persecución política
Luis Pérez

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ha sido reconocida como sujeto de reparación colectiva siendo esto un reconocimiento de la responsabilidad que el Estado y la sociedad tiene con esta organización que vivió la muerte, el exilio, el desplazamiento y el olvido. Desde finales de los años 80, la ANUC vivió una persecución a nivel nacional cuyo episodio más cruento fue el desmantelamiento por amenazas y asesinatos de su seccional en Córdoba. La historia de Luis Pérez es el relato de cómo la organización campesina más potente y emblemática del país en la época de la reforma agraria generada por la ley 135 de 1961 e impulsada en el gobierno de Carlo Lleras Restrepo, cuyas acciones más contundentes de recuperación de tierras tuvieron lugar precisamente en el Caribe colombiano, fue perseguida por grupos paramilitares en una dinámica de despojo de las tierras recuperadas. Esta persecución estuvo marcada por el asesinato de sus líderes, o el exilio de estos.

Sin embargo, estos tiempos de muerte fueron transformados con la tenacidad del campesinado del caribe. Así en el 2013 la ANUC fue resurgiendo en un departamento aún azotado por la violencia y el acaparamiento de tierras, en un ejercicio de dignidad campesina y de resistencia comunitaria. Luis Pérez es testigo de este renacer, porque la semilla bien cuidada siempre podrá retornar a la tierra.

Ana María Acosta, Mesa de víctimas municipio de Santa Rosa bota Caucana

La bota caucana es uno de los territorios históricamente más olvidados por el Estado con altos niveles de NBI, geográficamente distante de los centros de poder. Éste fue uno de los territorios de retaguardia y control hegemónico de los grupos armados en el departamento, particularmente de las guerrillas de las FARC y ELN. En ese contexto, sus habitantes mayoritariamente campesinos, fueron sometidos a innumerables victimizaciones, y fueron también los protagonistas de las grandes movilizaciones campesinas de resistencia, reivindicación de derechos y exigencia de una salida política negociada al conflicto armado. Ana María Acosta, una campesina de 55 años, relatará lo que significa ser mujer en un contexto de pobreza y de presencia de actores armados. Ella, debió abandonar su parcela y su casa de tabla debido a que sentía temor que les reclutaran sus hijos y a que las FARC se tomaron sus predios para utilizarlo como centro de entrenamiento.

Desplazada, analfabeta, abandonada por su esposo y con dos hijos adolescentes llega a la ciudad a trabajar como empleada del servicio doméstico. Su lucha diaria se centraría no sólo en conseguir para la comida, sino en sacar a sus hijos de la drogadicción en la que cayeron ante la ausencia de cuidado, ella también se centraría en estudiar, pues quería aprender a leer.

La lucha de más de cinco años, fue por regresar a su tierra, a su parcela, no perder la identidad campesina. Lo consiguió cuando la Unidad de restitución de Tierras le devolvió su predio, al que

encontró transformado: con una casa grande de material, con vestigios que daban cuenta de que esa había sido la morada de secuestrados, también la infraestructura para entrenamiento militar, y con minas antipersonal a bordo. Su regreso no sólo estuvo marcado por la devolución de su predio, Ana María se dedicó a hablar con las mujeres víctimas y organizarlas, a participar de acciones a favor de la paz, a alfabetizar niños y niñas en los lugares más apartados de Santa Rosa.

Hoy, es integrante de la Mesa municipal de víctimas representando el hecho victimizante abandono forzado de tierras y es una lideresa local, referente de muchas mujeres campesinas que no han tenido la posibilidad de alzar su voz, para indicar que la guerra, no sólo extermina físicamente, sino que despoja predios y cuerpos, genera pobreza, pérdida de los hijos y las hijas, pero también que las mujeres desde su cotidianidad y con su valentía y dignidad se unen para hablar a otras, para proteger a las otras y transformar sus vidas

Elizabeth Pabón, la organización campesina en el Catatumbo

El Catatumbo generalmente ha sido relacionado o más bien descrito como un escenario de violencia. Sus habitantes han tenido que padecer las consecuencias de la disputa por la tierra y los recursos por parte de distintos actores; sin embargo, este territorio ha sido mucho más que esto. En las décadas de los 70 y 80, antes de que el conflicto se ensañara, sus habitantes se caracterizaban y siguen caracterizándose por la fuerza y la capacidad de organizarse. Es así como surgen las organizaciones campesinas representativas de esta región: la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Movimiento por la constituyente popular y el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA). Estas organizaciones han realizado un trabajo para reconstruir el tejido social, diseñar planes de vida campesina y se han convertido en los voceros de las y los catatumberos, lo que les ha significado persecución, amenazas, asesinatos de sus líderes y ser estigmatizados y relacionados con grupos armados.

La historia de Elizabeth es la historia de cómo una organización campesina surge, crece y resiste en medio de una guerra abierta que hoy persiste entre tres guerrillas, la fuerza pública, grupos paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes, entre otros, en la parte más conflictiva de la frontera con Venezuela.

Comisión de la Verdad

*Agencia prensa rural