Resumen Latinoamericano / 18 de septiembre de 2018 / Lucía Ruiz y Victoria Sánchez, Izquierda Diario
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufren un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la “bendición” del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
El Gobierno presentó ayer el proyecto de Presupuesto para el año próximo bajo los lineamientos directos del Fondo Monetario Internacional, esperando que su aprobación permita alcanzar un nuevo acuerdo con el organismo. Dujovne presentó al proyecto destacando su meta de “déficit primario cero”, que es el argumento central para la negociación con el FMI.
El documento refleja la proyección de un ajuste feroz hacia 2019, convalidando el recorte brutal del gasto en términos tanto por subejecución como en términos reales de 2018, y profundizando el recorte en áreas sensibles como en Educación, Salud y Ciencia y Tecnología; así como en una fuerte baja del gasto en capital, un nuevo ataque a los trabajadores del sector público y más tarifazos.
Pero también deja al descubierto los principales beneficiados: especuladores y empresarios. Los primeros tienen un enorme incremento de pagos en intereses de deuda pública de 48,9 % (sin contar deuda intra sector público). Los segundos obtienen todos los beneficios de la reducción de impuestos.
Cambiemos intenta que el presupuesto sea aprobado lo más rápido posible, pero lo cierto es que para lograrlo necesita contar con los votos del peronismo en ambas Cámaras. Con el objetivo de poder alcanzar algún tipo de acuerdo que le allane el camino, ha mantenido varias reuniones con un grupo mayoritario de gobernadores “opositores” y propios, que en su totalidad acuerdan con el ajuste sobre el pueblo trabajador, sin afectar en lo fundamental los intereses de las grandes patronales y especuladores.
Más plata para la deuda: “paritarias” sin “techo” para los especuladores
El gobierno supone la necesidad de alcanzar un “equilibrio” en las cuentas fiscales para resolver todos los problemas que aquejan a la economía y las carencias sociales por la vía de más endeudamiento. Sin embargo, mientras dice que busca el “déficit cero”, aumenta un 82 % el presupuesto destinado a pagos de intereses de deuda pública y 49 % lo dirigido a intereses de deuda sin considerar aquella intra sector público.
De manera que se propone destinar $ 596.065 millones a satisfacer las necesidades de un grupo de especuladores y organismos internacionales de crédito, sólo en concepto de intereses de deuda, de un total de $ 746.389 millones anuales.
Los intereses crecen así su representación en el gasto total, de 13,6 % en 2018 a 18 % en 2019.
Este monto equivale a 5 veces el gasto en Salud, 3,25 veces el gasto en Educación, casi 16 veces el gasto en Ciencia y Técnica y la mitad del gasto anual en jubilaciones y pensiones.
Asimismo, el presupuesto agrega un articulado peligroso en el que, entre otras cosas, se modifica el artículo 65 de la Ley 24.156 habilitando que una eventual reestructuración de deuda no esté vinculada a plazos, montos o intereses de deuda sino a las “condiciones imperantes en el mercado financiero”. Aspecto no menor si se tiene en cuenta que es una preparación ante un eventual canje de deuda, estando actualmente el stock de la misma en torno a 87 % del PBI.
Recorte profundo y alarmante en Educación y Cultura
Uno de los aspectos más alarmantes y contrastantes con el inciso anterior del proyecto de presupuesto es la partida total que tiene como finalidad el gasto en Educación y Cultura. Si el presupuesto vigente para 2018 es de $ 201.705 millones, el de 2019 pretende aumentarlo a $ 229.304 millones, esto es apenas un 13,7 % en términos nominales.
Frente a un escenario de inflación de 34,8 % proyectado por el gobierno, el pírrico aumento del gasto en este rubro implica una reducción final de 15,7 % en términos reales. El agravante de este ajuste es que ya durante 2018 la galopante inflación desatada luego de la devaluación está diluyendo los destinos monetarios a sostener la educación pública, con una caída proyectada de 14 %.
De conjunto, entre 2018 y 2019 con este panorama puede implicarse una reducción del gasto real en educación y cultura de casi 30 % en sólo dos años.
Además, entre los recortes se prevé una disminución absoluta de $ 4.817 millones en transferencias corrientes a las provincias, significando un severo ajuste no sólo real sino directamente nominal del gasto.
Cabe mencionar también que en el área de Ciencia y Técnica el aumento del presupuesto en pesos es de $ 10.769 millones (30,3 %). Sin embargo nuevamente el monto es insuficiente para hacer frente al ritmo inflacionario, de esta forma puede estimarse que también en este rubro hay una reducción real, que rondaría el 3,3 % anual.
Salud en terapia intensiva
Como parte de los cambios impulsados por Cambiemos se decidió liquidar el Ministerio de Salud y unificarlo junto al Ministerio de Desarrollo Social. Si bien este cambio dificulta comparar la evolución del gasto realizado en esa partida es posible observar algunas de sus principales características.
El proyecto de presupuesto 2019 prevé una participación de los gastos totales en Salud del 0,8 % del PBI, manteniendo similar proporción a 2018 pero en un contexto recesivo, lo que significa en los hechos una reducción real de alrededor de 2,2 % frente a la inflación.
En la presentación del proyecto se señala la importancia de “garantizar el acceso a la salud”, sin embargo esto no es más que un saludo a la bandera. Allí se propone un incremento anual de 31,8 % del gasto para el año próximo, quedando 2,2 puntos por debajo de la inflación proyectada en el mismo Presupuesto (34,8 %).
Ya en el año 2018 el presupuesto en este rubro terminaría con una caída de 16 % si se confirma el pronóstico de inflación de Dujovne de 42 % anual.
Por lo tanto, el Presupuesto convalida un recorte de 18 % real en sólo dos años en materia de salud pública.
Además debe agregarse un bajo incremento en las transferencias a provincias en Salud, de sólo 10,7 %, lo que implica una reducción en su poder de compra real.
El ajuste que se planea profundizar tiene consecuencias claras, según el proyecto en 2019 se distribuirán 5,4 % menos vacunas que este año. Mientras tanto, si se observa la participación de cada partida dentro del total presupuestado se observa que se pretende destinar tan solo a servicios de deuda pública 5 veces más que lo que se va a destinar en salud.
Luego de reconocer 10 mil despidos, otro ataque al empleo público
En un reciente informe del Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se reconocen 10.600 despidos del Estado en distintos ámbitos. Entre ellos, los más significativos son los casos de los despidos de decenas de médicos del Hospital Posadas, de los trabajadores del Ministerio de Agroindustria o del INTI.
La reciente reorganización ministerial también pone un manto de incertidumbre sobre posibles bajas contractuales y desvinculaciones laborales de personal bajo distintas modalidades precarias en relación de dependencia o relaciones asalariadas encubiertas (monotributo, asistencias técnicas, etc).
Pero el Presupuesto 2019 propone seguir en esa tónica y sostiene, en su mensaje que “en relación al gasto en salarios no se prevén ingresos de personal el año que viene ni cubrir las vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios y jubilaciones, por lo que la dotación de personal tendrá una disminución del 2 %.”
A esto se agrega que la estimación de aumento de la masa salarial hacia 2019 es de 30,8 %, 4 puntos por debajo de la inflación promedio estimada, de nuevo resultando en una baja real de salarios. Cabe destacar que los trabajadores estatales del nivel nacional han sido quienes más sufrieron una caída del poder adquisitivo en los últimos años.
Jubilaciones y Seguridad Social
Por último, un primer análisis en materia de Seguridad Social indicaría que el incremento del gasto sería similar al aumento de la inflación, resultando en 34,4 % entre ambos años. No obstante, este incremento que es uno de los más inflexibles del Presupuesto debido a la indexación a la inflación y los salarios por la reciente ley de movilidad previsional, tiene amplias disparidades.
Mientras pareciera que las jubilaciones y pensiones seguirán el ritmo inflacionario, debe advertirse que no recuperarán el monto perdido en 2018 a causa del robo a los jubilados precisamente por el cambio en esa misma ley, que además introdujo aspectos regresivos al sistema previsional como la extensión del trabajo hasta los 70 años.
Pero además, muchos rubros de seguridad social quedan por detrás de la inflación, aún incluso en 2019. Esto es así en áreas sensibles y acordadas con el FMI para “protección a los más vulnerables”, que dudosamente serán protegidos desde este organismo. Por el contrario, llama la atención que un rubros atados a la ley de movilidad expresen aumentos muy distintos. Por ejemplo en el caso de la Asignación Universal por Hijo, que muestra un incremento de 20,4 %, o las pensiones no contributivas (28,1 %), mientras que jubilaciones y pensiones lo harán a un ritmo de 37,6 %.
Asimismo, en el artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto se establece que se sustituye el Artículo 16 de la Ley N° 27.260 (de Reparación Histórica), por el siguiente: “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”, “ARTÍCULO 16.- El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia.”.
Esto significa que quien no pudo acceder a una jubilación y debió aceptar esta “Pensión Universal” que es 80 % el valor de la jubilación mínima, tampoco tendrá posibilidad de completar sus ingresos en forma legal, por medio de un trabajo “en blanco”, sino que por el contrario, se verá obligado a la miseria o a estar sobreexplotado con trabajos precarios. Se pretende así descincentivar el cobro de esta Pensión, que viene a reemplazar la moratoria, y seguir achicando el gasto.
Más que nunca, esta burla de Presupuesto Nacional, que sólo puede ser aprobada con el apoyo de gobernadores y el peronismo en ambas cámaras del Congreso Nacional, debe ser profundamente rechazada por el pueblo trabajador en las calles. El paro nacional convocado por las conducciones burocráticas el 24 y 25 de septiembre es una oportunidad inmediata para enfrentar el ajuste del FMI, el gobierno y los gobernadores provinciales, exigiendo a las centrales sindicales un verdadero plan de lucha para derrotarlos.
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