El inicio de la 74 Asamblea General de Naciones Unidas está siendo aprovechada por los golpistas venezolanos y el gobierno de los Estados Unidos para intensificar el cerco internacional contra la República Bolivariana de Venezuela.
Nuevamente, la violación al derecho internacional y la usurpación de las funciones diplomáticas del Estado venezolano, recubre el accionar de la dirigencia pro estadounidense.
Más sanciones, por favor
Como se había anunciado días atrás, la delegación del ala golpista del antichavismo conformada por Julio Borges, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro y Williams Dávila, le darían rostro «institucional» al falso interinato del militante de Voluntad Popular, Juan Guaidó, en la reunión anual de Naciones Unidas en Nueva York.
El mantra de aumentar las sanciones punitivas contra Venezuela fue la principal línea de acción y discurso. En una reunión de países adheridos al Grupo de Lima, como en la del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que se daría inmediatamente después, esta «urgencia» fue expresada por el emisario de Guaidó, Julio Borges.
Canalizando esta línea frente a los medios, el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, Elliott Abrams, afirmó que la política neoconservadora hacia Venezuela se mantiene invariable. Bajo el esquema de la «máxima presión», el halcón aseguró que los esfuerzos en Nueva York apuntaban en la dirección de escalar las sanciones contra Venezuela.
Con este objetivo en el horizonte se desarrollaron las reuniones del Grupo de Lima y del TIAR.
No está saliendo como se esperaba
El cuestionado gobierno de Brasil incluyó -ilegalmente, vale acotar- a varios de los emisarios de Guaidó dentro de su delegación diplomática, esto con el propósito de empujar su presencia en los foros de la Asamblea General en un intento por disputar la representación del país con el cuerpo diplomático del Gobierno de Venezuela.
Si bien en las reuniones del TIAR y del Grupo de Lima, la presencia de los emisarios antichavistas estaba garantizada, dado que ambos espacios funcionan como brazos diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, los delegados de Guaidó se han visto frustrados en sus intenciones.
El diputado Juan Guaidó tuvo unas palabras mediante una videollamada en un evento organizado por el tanque de pensamiento Atlantic Council, mientras que sus emisarios han participado en eventos marginales, paralelos o en aquellos donde Estados Unidos tiene la voz de mando.
Esto se aleja de los objetivos iniciales a medida que el canciller Jorge Arreaza sostiene reuniones bilaterales con homólogos y la representación diplomática del país hace valer sus funciones en la Asamblea General frente a los discursos de los presidentes.
Sin embargo, el fantasmagórico caminar de la delegación del falso interinato de Guaidó sigue siendo un factor de alerta y una expresión concreta de cómo el gobierno de los Estados Unidos viola la ley internacional para encaminar sus objetivos geopolíticos.
Campañas personales y una reunión con un final controversial
La reunión del órgano de consulta de los Estados parte del TIAR fue a puerta cerrada.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y Haití asumieron los puestos directivos del órgano y abrieron el espacio con una paradoja que ha venido normalizándose a lo largo del ciclo de cambio de régimen: mostrar «preocupación» por la situación venezolana, pero, al mismo tiempo, amenazar con un recrudecimiento de las sanciones que sólo ahogan al país. De esta línea se hizo eco el Grupo de Lima, amenazando con sanciones ilegales a Venezuela.
El resultado de la reunión, como era de esperarse, no escapó de las controversias.
Trinidad y Tobago se abstuvo de aprobar la resolución, y Uruguay, por su parte, denunció el tratado y acotó que la resolución implicó una violación del derecho internacional. Fueron en total 16 votos a favor del texto, confirmando que el bloque geopolítico que opera contra Venezuela sigue sin variaciones desde el año 2016.
La presencia de Julio Borges, usurpando la representación diplomática del país, fue tomado por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa como una demostración de esta violación a la convivencia entre Estados.
De manera abierta y acompañado por el resto de emisarios frente a los medios, Julio Borges transformó el final de la reunión en una especie de victoria personal, orientando parte de la narrativa hacia los convenios militares de Venezuela contra la Federación de Rusia.
Para Borges, las relaciones militares entre Rusia y Venezuela son una señal de «alerta» para la región.
Carlos Vecchio no se quedó atrás y con una agresiva campaña personal en sus redes sociales, anunció que las conclusiones de la reunión del TIAR representaban un escenario de presión definitiva contra lo que llaman «el régimen».
Tanto para Borges como para Vecchio la reunión fue una ventana de oportunidad para ganar posiciones en el marco de la guerra interna que vive el antichavismo. Un mensaje interno hacia el sector opositor que ha firmado los acuerdos parciales de la mesa de diálogo nacional con el gobierno de Nicolás Maduro.
La resolución
La resolución del TIAR implica un grave precedente para el derecho internacional, representa una amenaza abierta del uso de la fuerza (no se descarta la intervención militar en la resolución) apoyándose en el reconocimiento ilegal de un gobierno ilegítimo que ha violado todos los artículos de la Constitución venezolana.
Aunque en varias oportunidades se ha expresado que el TIAR no conlleva necesariamente a una acción bélica, la naturaleza del tratado así lo dispone y nada garantiza que su cláusula correspondiente a la intervención militar no sea activada. Este hecho, en sí mismo, representa una violación monumental del derecho internacional.
Otro aspecto a detallar es la criminalización del Gobierno de Venezuela bajo una narrativa que mezcla hechos no comprobados de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y apoyo al terrorismo, en miras de hacer creíble que Venezuela es una «amenaza para la región».
La guerra comienza por el lenguaje, y la narrativa empleada en la resolución implica una agudización en la hostilidad de los países proxy de Estados Unidos contra una República Bolivariana de Venezuela ahogada por sanciones punitivas de amplio espectro.
Esta criminalización tiene efectos prácticos a la luz de la resolución e intentará oficializar la persecución ilegal contra altos funcionarios venezolanos, mediante acusaciones sin pruebas que supuestamente los vinculan a actividades criminales, de corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación de los derechos humanos.
El objetivo de esta medida no es sólo intensificar el cerco e inmovilizar las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con los Estados parte del tratado, sino proyectar a la dirigencia del Gobierno de Venezuela como «criminales».
Esto, en las primeras de cambio, no representa un fin en sí mismo, sino un medio para justificar a largo plazo una acción de fuerza contra el país y sus representantes legítimos. Se trata de transformar el caso venezolano en una trama de tipo policial.
Otro aspecto de la resolución invoca la cooperación judicial y la integración de una red de inteligencia financiera entre los Estados parte para investigar hechos sobre los cuales no se tienen pruebas. Esto es un aspecto de elevada gravedad, ya que detrás de la supuesta lógica selectiva de las medidas, radica el interés de ahogar aún más las relaciones comerciales y financieras del país con su entorno internacional inmediato.
Es necesario acotar que este objetivo no se había podido cristalizar tras el fallido intento de aprobar la Carta Democrática de la OEA y la posterior desconfiguración del Grupo de Lima.
La resolución, en tal sentido, amplía el procedimiento de las sanciones contra Venezuela al momento de iniciar la operación de cambio de régimen en enero de este año: basta con argumentar, sin importar la escasez de pruebas, que existen «activos producto de la corrupción gubernamental» para bloquear la importación de productos básicos para la sociedad venezolana.
El caso paradigmático de este método de guerra económica son los CLAP: emplear un intenso tratamiento narrativo que vincula el programa de alimentos con «corrupción» y «lavado de activos», es suficiente para agudizar el sufrimiento de la sociedad venezolana.
Por último, la resolución tiene una naturaleza de expediente.
El plazo de dos meses para la próxima reunión del tratado nos indica que ese tiempo será aprovechado para hinchar con pruebas falsas y acusaciones sin base un argumentario jurídico lo suficientemente creíble para activar otros frentes de asedio: un nuevo intento de militarizar la cuestión venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU o aumentar presiones para que el caso venezolano en la Corte Penal Internacional desemboque en una persecución contra el presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, este tiempo no corre en una sola dirección.
La brecha puede ralentizar el apoyo de los Estados parte y desacoplar la aplicación de la resolución entre los más leales y los menos comprometidos con el golpe. Esto abre paso para que la ofensiva del diálogo en el frente interno gane la iniciativa y descarrile las medidas que buscan un final apocalíptico al conflicto venezolano.
En resumen, la resolución del TIAR da cuenta de la sensación de vértigo, falta de tiempo y desesperación de los operadores internacionales del golpe. El tiempo juega en contra.
