13.jul.2015
Foto: Archivo
El incremento de los hechos de violencia
en Venezuela en la última década obedece, sin duda, a la consolidación
de un modelo de privatización de la violencia, tradicionalmente
monopolizada por el Estado, y que conceptual y operativamente se ha
nutrido del llamado “paramilitarismo colombiano”.
Estas son algunas líneas claves del
desarrollo del fenómeno en Venezuela y que pueden ser constatadas
empíricamente. Son meramente enunciativas, ya que se trata de un proceso
altamente complejo en lo funcional, en lo económico y en lo simbólico.
En todo caso, el reto es lograr que el
debate sobre la inseguridad y la violencia en Venezuela trascienda a la
disyuntiva falaz de la “delincuencia común” y la violencia política
dirigida a la liquidación de la Revolución Bolivariana. Todo indica que,
en realidad, se trata de un mismo mecanismo dirigido a preservar el
control de la sociedad por los tradicionales sectores dominantes del
capital transnacional y la burguesía local colombo-venezolana.
1.- Privatización de la seguridad.
La base del paramilitarismo en Venezuela es la privatización del
monopolio de la violencia, tradicionalmente reservado al Estado. Ese
proceso de privatización está impulsado, al menos, por tres factores.
Uno, la lógica neoliberal que desde mediados de los años 80 exige un
Estado con menos poder. Dos, la necesidad de darle protección a
actividades sublegales, ilegales y hasta criminales de “empresarios” de
bares y discotecas, servicios sexuales, venta de drogas al detal, y
comercio informal de divisas, mercaderías de contrabando, armas y
municiones, entre otras. Y tres, la pérdida formal por parte de la
burguesía del control sobre el aparato de violencia del Estado, tras el
triunfo de la Revolución Bolivariana, y las limitaciones para usar con
total libertad la institución militar y los cuerpos policiales en la
protección de los intereses de los empresarios y los propietarios de
tierras e inmuebles.
2.- Seguridad como oficio.
La privatización de los servicios de seguridad y la creación de
policías locales por parte de los municipios creo una masa enorme de
trabajadores con adiestramiento para el uso organizado de la fuerza:
celadores, escoltas, porteros, agentes policiales entre otros. Sin
embargo al tratarse de puestos de trabajo de alta rotación y en otros
casos informales y a destajo se creó un “ejército industrial de reserva”
o de desempleados permanentes capacitados para realizar tareas de
seguridad cuando así lo necesitaran los empresarios o quien pudiera
pagarles por días o por tarea.
3.- Bandas organizadas e industrias del crimen.
Así no fue muy difícil la organización de esos trabajadores en grupos o
bandas dedicados a prestar servicios de protección o de violencia a las
industrias del crimen. Así como podían escoltar un camión con
mercancías legítimas, podían hacerlo con un cargamento de drogas. Así
como garantizaba el orden en un concierto lo podían hacer en una
discoteca donde se distribuyera estupefacientes. Y así como podían
investigar los delitos, también podían obtener información para
identificar potenciales víctimas de extorsión y secuestros. Todas esas
actividades garantizan la viabilidad financiera y operativa de esas
organizaciones delictivas
4.- Crimen, arte y cultura.
El surgimiento de esas bandas se desarrolló acompañado por un
componente simbólico que a través de expresiones artísticas ha creado
referentes culturales bien definidos y complejos. El lenguaje, la
música, los códigos visuales y audiovisuales han sido usados para darle
sustrato cultural a esos “modo de vida”. Esas expresiones culturales del
“paramilitarismo” atienden en forma segmentada socialmente las
necesidades de uso de la violencia de distintos estratos de la
población. Así hay expresiones de musica o moda en el vestir que
corresponden a capas populares, y otras en el lenguaje o los códigos
audiovisuales que expresan expectativas o temores de las llamadas
“clases medias”. Es decir, así como un hay un “paramilitarismo” del
barrio, con bandas dedicadas al crimen abiertamente violento, hay otro
“paramilitarismo” sifrinoide que administra la violencia a través de
“deportes” como el “airsoft” y fantasea con matar chavistas (o sea, a
quienes no son como ellos) y a guardias nacionales desde lo alto de su
edificio o desde la garita de la urbanización.
5.- ¿Paramilitarismo vs. delincuencia común?
Un error muy frecuente en la evaluación de este fenómeno es la
pretensión de diferenciarlo de la llamada delincuencia común. Los
hechos, tanto en Venezuela, como en la extensa experiencia colombiana,
indican que la cosa no funciona así. Al contrario, nuestra delincuencia
es una expresión clara de la lógica del paramilitarismo. La
organización, las técnicas y la ferocidad, las armas y vehículos y los
negocios son similares a los de las ahora llamadas “bandas criminales”
(bacrim) en Colombia. A eso hay que sumar el control territorial, como
expresión de la violencia monopolizada, y sus implicaciones en la
reconfiguración del poder político local. Basta ver las situaciones
recientes en Maracay, los Valles del Tuy y el norte del estado Guárico.
6.- Paramilitares contra el pueblo.
Estas bandas criminales han incluido entre su “cartera de servicios”
acciones ofensivas contra el pueblo por requerimiento de los empresarios
y terratenientes locales. Así es frecuente que actúen amedrentando y
hostigando a quienes se opongan a actividades empresariales que
perturben la calidad de vida de la comunidad, desalojen cual policía
privada a familias que ocupen inmuebles abandonados o parcelas agrícolas
improductivas, o ataquen y asesinen a trabajadores en confrontación con
sus patronos o con sindicatos patronales. Recientemente los sindicatos
de Alimentos Polar denunciaron la utilización de “bandas
delincuenciales” , al servicio de la empresa, para intimidar a
dirigentes sindicales. Asimismo se ha evidenciado como estas bandas han
intervenido estructuras sindicales para negociar las contrataciones de
trabajadores mediante el uso de la violencia, incluyendo el asesinato de
voceros laborales que les sean adversos.
7.- Latifundio y paramilitarismo.
El proceso de inserción del paramilitarismo de origen colombiano en la
vida productiva del país se realizó en los estados fronterizos a
solicitud de los terratenientes que buscaban resguardar sus inmensas
posesiones de la presión campesina por tierras. Para eso contrataron los
servicios de personal adiestrado con prácticas y técnicas usadas en
Colombia por las llamadas autodefensas de manera de alejar por la vía
del terror la posibilidad de organización campesina con el fin de
rescatar las tierras y desmontar su concentración. Otro factor ha sido
el uso de los hatos u predios para actividades ilegales como el
contrabando en general y específicamente el de ganado venezolano en pie
que es trasladado ilegalmente a Colombia, y devuelto a Venezuela a
precios internacionales donde es pagado con divisas preferenciales. Y un
último factor es el uso de estos latifundios para actividades de
distribución y almacenamiento de drogas por su ubicación sobre rutas
aéreas y fluviales usadas por el narcotráfico colombiano. En cada una de
de estas actividades se requiere de personal de seguridad que es
suministrado por las redes del paramilitarismo y de los grupos
calificados como bandas criminales. En febrero pasado esa situación
salió a la luz pública a raíz del asesinato de cuatro pescadores,
torturados salvajemente, en la ciudad de Bruzual, estado Apure.
8.- Paramilitares en el comercio.
El paramilitarismo se ha insertado en el sector comercial y en las
ciudades al menos de tres modos. Uno, con el control que ejercen sobre
el contrabando de extracción, tanto de gasolina como de alimentos y
bienes esenciales. Dos, con la realización de inversiones a través del
mercado inmobiliario y la construcción y operación de locales para
comercio, todo ello orientado a la legitimación de capitales. Y tres con
la activación de bandas dispuestas a prestar servicios de seguridad,
formales o no, a los comerciantes establecidos en los cascos urbanos de
las ciudades. En este último caso es común el mecanismo de pagos de
cuotas fijas mensuales o semanales a grupos organizados que garantizan
un mínimo de vigilancia que incluye recorridos nocturnos y atención
inmediata en casos de emergencia. En el caso de las inversiones llama la
atención la construcción de centros comerciales en ciudades pequeñas y
medianas y la apertura de establecimientos de venta de alimentos
preparados ubicados en locales comerciales cuya adquisición o alquiler
es muy costosa por su ubicación en las áreas comerciales más
tradicionales del centro de Caracas y otras grandes ciudades.
9.- Ideología del paramilitarismo.
El paramilitarismo posee mecanismos de legitimación relacionados con la
defensa de los valores de la moralidad más tradicional. Uno de ellos es
su intervención como reguladores del comportamiento individual de los
pobladores de las comunidades donde ejercen el control. Eso incluye la
vigilancia sobre niños y adolescentes que puedan participar en delitos y
faltas como pequeños hurtos o consumo de drogas (aunque en otros
lugares han usado el fomento del consumo para captar adeptos), o las
advertencias a hombres y mujeres que puedan estar siendo infieles a sus
parejas formales. De esa manera se aseguran una base social defiende su
actuación, al punto de considerarse que desde que una banda o grupo
armado tomo control de una localidad “se puede dormir con las puertas
abiertas” y hasta “los borrachos se recogen temprano”. Y además esa
“lógica” de la seguridad se impone para justificar, por la vía de la
criminalización, acciones de ajusticiamiento del cualquier persona, ya
que asume “si lo mataron fue por algo”.
10.- Tráfico de armas y paramilitarismo.
Una de las “industrias” controladas en Venezuela por el paramilitarismo
es el comercio ilegal de armas y municiones. Desde hace al meno una
década se reporta la exportación de armas adquiridas en los EEUU y
enviadas por piezas a Venezuela. En virtud de las libertades para el
comercio de armamento como rifles y fusiles en la mayoría de los
estados, o las facilidades para su transporte cuando están desarmados,
los despachos son frecuentes y han sido documentados por procesos
judiciales e investigaciones policiales tanto en EEUU como en Venezuela.
En los casos identificados en el país se distinguen dos líneas
comerciales: el reciclaje de cartuchos que permite la elaboración de
nuevas municiones con unas máquinas portables, y el rearmado de fusiles
de alta potencia y precisión por especialistas en metalmecánica y
tornería. Ese fue el caso detectado en abril pasado y que permitió la
detención y procesamiento del padre de una actriz venezolana de
telenovelas.
El debate y el estudio sobre el paramilitarismo
Un aporte valioso para el estudio del
fenómeno de la violencia paraestatal es el trabajo del experto en el
negocio de la guerra, Darío Azzellini, “Venezuela: paramilitarismo y
contra en construcción”, publicado en su compilación El negocio de la
guerra. Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado. Caracas, 2009 Monte
Ávila Editores.
Las notas, elaboradas en 2008, recogen
una realidad absolutamente alarmante. Hoy exige una actuación inmediata
del pueblo y el gobierno.
Misión Verdad
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