jueves, 5 de diciembre de 2019

EL ANTICHAVISMO EN MODO "GUERRA CIVIL": EL PANORAMA DE CARA AL 2020



Aunque ya es un patrón sistemático que la capa dirigente de la oposición se canibalice a sí misma cuando la agenda del golpe fracasa, en esta oportunidad, tanto por la naturaleza de su conflicto interno como por sus alcances, el paredón de acusaciones cruzadas puede desembocar en una nueva configuración del mapa político de cara al año 2020, comprometiendo con ello el impulso del cambio de régimen encabezado por la figura de Juan Guaidó.

EL DISPARO INICIAL Y LAS SECUELAS DEL "CUCUTAZO"

El pasado 26 de noviembre, el autoproclamado Juan Guaidó destituyó mediante una carta pública a su emisario diplomático en Colombia, el empresario petrolero venezolano y ex ministro de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, Humberto Calderón Berti.
"Hemos decidido hacer modificaciones en relación a nuestra política exterior a fin de lograr los objetivos trazados por nuestro gobierno legítimo", expresó la misiva firmada por el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, sin ahondar en mayores detalles.
La información generó un revuelo inmediato en la opinión pública al tratarse de la primera remoción oficial de un cargo "diplomático" designado por Guaidó. La medida fue interpretada no solo como un síntoma de las diferencias políticas existentes entre los operadores del cambio de régimen, sino como la manifestación de una pugna más profunda.
En junio de este año el medio de la ultraderecha venezolana PanAm Post publicó un reportaje donde reveló que dos delegados de Guaidó (Rossana Barrera y Kevin Rojas) malversaron fondos de "ayuda humanitaria" que estaban destinados a pagar el hospedaje y la alimentación de los militares desertores que se sumaron a la operación del 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana.
El escándalo fue una especie de capítulo continuado del cuadro de envenenamiento con escopolamina (burundanga) en el que se vieron inmersos el diputado del partido de Guaidó, Freddy Superlano, y su primo, Carlos Salinas, cuando contrataron unas prostitutas en la ciudad de Cúcuta el mismo 23 de febrero.
En su momento, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez afirmó que Freddy Superlano tenía en su poder una suma de 250 mil dólares, apoyándose en un registro fotográfico y audiovisual que mostraba al diputado de Voluntad Popular con la compañía pagada.
Carlos Salinas falleció por intoxicación de la droga en el Motel Penélope de Cúcuta, convirtiendo el hecho en el tema central de la opinión pública. El descontento de la base antichavista por el fracaso de la operación de la "ayuda humanitaria" del 23 de febrero, encontró en el escándalo de Superlano su punto de mayor ebullición.
Al destaparse el escándalo, Calderón Berti consignó una denuncia formal ante la Fiscalía colombiana a raíz del manejo irregular de los fondos, desvinculándose con dicha acción de los gestores nombrados por Guaidó (en menoscabo de Primero Justicia) para el control y distribución de la supuesta "ayuda humanitaria".
Este caso de corrupción fue un importante factor de erosión del alicaído liderazgo del autoproclamado presidente de Voluntad Popular.
Una vez "destituido", en lo que puede interpretarse como un ajuste de cuentas por no defender a Guaidó en su momento, Calderón Berti asumió un tono vengativo. Convirtiéndose en la figura más reseñada por los medios antichavistas, el exemisario afirmó en rueda de prensa que, efectivamente, hubo "facturas adulteradas, relaciones de gastos sin comprobantes, (malversación de) gastos de manutención y de algunos otros recursos", refiriéndose a las denuncias contra el entorno íntimo de Guaidó.

CASO MONÓMEROS

Pero el empresario petrolero fue más allá: hizo referencia a Monómeros, filial de la estatal Pequiven en suelo colombiano, empresa que fue secuestrada y transferida a Guaidó como uno de los primeros movimientos pesados de la operación de cambio de régimen.
Berti contrarió la narrativa de que el secuestro de dicha empresa tuviera como objetivo su protección. Específicamente afirmó: "En Monómeros quisimos hacer un ejemplo de lo que será una Venezuela distinta, se sugirieron a unos profesionales que yo no conocía y cuando vimos las referencias todos venían del sector petroquímico. ¿Qué hicieron los partidos? Metieron la mano y pusieron a gente no calificada y de poca reputación que después sacaron pero el mal estaba hecho".
Berti ahondó en detalles: "Presencié una reunión de Monómeros en la que había dirigentes políticos maltratando a los gerentes profesionales. Me paré y me fui en señal de protesta porque no merecían ser tratados de esa manera. Se pretendía partidizar y politizar la gerencia de Monómeros y no estaba de acuerdo con eso".
Estas declaraciones representan un duro golpe a Guaidó y a su ya debilitada credibilidad como una supuesta renovación moral de la clase política venezolana. El autoproclamado le respondió a Calderón Berti negando sus acusaciones, demostrando así que la vendetta entre ambos se venía cocinando desde el 23 de febrero. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: al caso de corrupción del "Cucutazo" se agregó el de Monómeros, provocando la erosión del liderazgo del jefe local del golpe.
Un informe de inteligencia comercial al que tuvo acceso el portal de investigación venezolano La Tabla, da cuenta de la catástrofe que ha implicado el manejo de Guaidó sobre la empresa Monómeros. La empresa acumula 20 millones de dólares en pérdidas, ha perdido el 90% de su participación en el mercado internacional, además de sumar gastos operativos excepcionales de 3 millones de dólares que poco han contribuido a la viabilidad de la filial.
Fue el Departamento del Tesoro el que influyó notablemente en la parálisis de la empresa con su ronda de sanciones contra PDVSA en 2017 y 2019. Primero bloqueó su acceso al mercado de capitales y, luego, en enero de 2019, prohibió cualquier operación comercial y financiera con cualquier empresa vinculada a Estados Unidos.
En junio, una gestión de Calderón Berti desembocó en una licencia especial del Tesoro para que la empresa operara sin restricciones, una vez cristalizado el cambio forzado en su capa directiva a favor de los "gerentes" de Guaidó. Según Berti y la nueva gerencia, con esta licencia la empresa al fin se recuperaría. Esto, obviamente, no ocurrió.
La destrucción operativa de esta filial venezolana es el resultado práctico de la combinación de sanciones paralizantes con la administración ilegal de una élite corrupta a la que Washington le otorgó beligerancia legal para apoderarse de los activos venezolanos.
El caso Monómeros permite inferir que un desvalijamiento similar ha ocurrido con Citgo y otros activos venezolanos saqueados por los operadores del cambio de régimen. En consecuencia, las declaraciones de Berti han impactado duramente en la credibilidad de los gestores del golpe continuado, pero sobre todo, en su narrativa de "proteger los activos venezolanos" de la "corrupción del régimen de Maduro".

HAY MUCHO MÁS

Este cruce de acusaciones y enfrentamientos lógicamente se trasladaría a la Asamblea Nacional (AN).
Un reportaje del medio ArmandoInfo señaló a un conjunto de diputados antichavistas de hacer lobby para interceder frente a diversas instancias (caso Fiscalía General de Colombia) en beneficio de los empresarios Carlos Lizcano y Alex Saab, supuestamente relacionados como factores corruptos en la importación de cajas CLAP.
A lo largo de 2019, el Departamento del Tesoro ha emprendido una intensa campaña de gestión de la opinión pública con el objetivo de legitimar sus sanciones paralizantes contra el programa alimentario del Estado venezolano, señalando la figura de Saab como "testaferro de Maduro". En esa línea de acción, ArmandoInfo funge como un brazo comunicacional de las operaciones de bloqueo y asedio económico-financiero contra la República Bolivariana. Se encargan de predisponer el clima de opinión para que las sanciones contra Venezuela se normalicen y adquieran sentido coyuntural.
Los diputados señalados en el reportaje son Luis Parra (Primero Justicia), Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), José Brito (Primero Justicia), Chaim Bucaram (Un Nuevo Tiempo), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Pirela (Vente Venezuela), Guillermo Luces (Voluntad Popular), William Barrientos (Un Nuevo Tiempo) y Héctor Vargas (Un Nuevo Tiempo).
El lobby se armó, según el medio, desde la Comisión de Contraloría de la AN, la cual preside Freddy Superlano. La publicación generó un choque de declaraciones en la opinión pública, precipitando que la capa dirigente de los partidos antichavistas se desvinculara de los diputados, argumentando su desconocimiento y la ejecución de procesos de investigación interna y expulsiones.
Si el reportaje de ArmandoInfo tenía como objetivo cristalizar un golpe mediático a dos bandas (al Gobierno Bolivariano y a la oposición), ese propósito duraría poco.
El diputado José Brito, hablando a nombre de los acusados, negó los señalamientos del medio y acusó a Guaidó de corrupto y de malversar los fondos de la "ayuda humanitaria". Brito refirió a una "rebelión" dentro de la AN en la que convergerían 70 diputados, no sin antes amagar con retirarle su apoyo a Guaidó al momento de su intento reelección como jefe de la AN en el año 2020. También lo acusó de corrupto y de no rendir cuentas de los fondos entregados desde diversas instancias extranjeras.
Aunque cada señalado asumió su propia defensa personal, fue Brito quien monopolizó el paisaje de medios con un discurso de impugnación abierta al liderazgo de Guaidó. Oficialmente está en crisis su papel como factor de unidad de las distintas tendencias del antichavismo.
Brito denunció a Guaidó de tener testaferros que han canalizado y luego malversado recursos orientados desde el extranjero. La Tabla informó que estos aguantadores del entorno íntimo de Guaidó serían Kennedy Bolívar, Rafael Rojas Saavedra, Marco Aurelio Quiñones y Rafael Ángel Domínguez. Todos, desde 2018, han exigido la apertura del denominado "canal humanitario" y se han vinculado con figuras del Miami político (caso Marco Rubio y Luis Almagro).
Para cerrar un día inolvidable, se dio a conocer que al diputado opositor Leandro Domínguez le fue hurtado un maletín con 20 mil euros en efectivo, presuntamente a manos de su taxista de confianza.
La sumatoria del denominado "Cucutazo", del caso de corrupción en Monómeros y de la publicación de ArmandoInfo, dan como resultado la erosión definitiva del liderazgo de Guaidó, el debilitamiento de la credibilidad de la AN y un daño reputacional enorme a los países y centros de poder global y regional que apoyaron el golpe contra Venezuela.
En la periferia de este paredón de fusilamiento entre figuras del antichavismo, se suscitó otro caso singular: el falso "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio" acusó a otros "magistrados" de querer instalar un tribunal ficticio de las mismas características. Un desastre.

UNA MINI "GUERRA CIVIL": CONCLUSIONES DE CARA AL 2020

Frente a la oleada de escándalos que desembocó en un fuego cruzado de alto impacto, la USAID intentó desligarse argumentando que ni Guaidó ni los otros gerentes del golpe han manejado recursos financieros de forma directa.
Según la página web de la USAID, "desde octubre del 2017, USAID ha dado más de $158 millones en ayuda para uso dentro de Venezuela. De esa cantidad, solo $30 millones han sido destinados para asistencia humanitaria a través de organizaciones locales e internacionales", según reseña Voz de América.
Esto contrasta con una verdad ineludible: en un memorándum de la USAID al Congreso estadounidense, con fecha del 11 de julio de este año, obtenido por The Times, se da por hecho que todo el dinero (desviado de los fondos de ayuda para Centroamérica) se "destinará a Guaidó y su facción (…) para pagar sus salarios, pasajes aéreos, capacitación en buen gobierno, propaganda, asistencia técnica para celebrar elecciones y otros proyectos de construcción de la democracia".
Las crisis y fracturas en la oposición son cíclicas. Sin embargo, en esta oportunidad, no puede catalogarse como otro conflicto de intereses.
La situación ha revestido una "guerra civil” a escala micro, donde la infraestructura de los medios, las operaciones de guerra sucia y los canales de influencia institucional (tanto locales como internacionales), se han transformado en instrumentos artillados para una confrontación generalizada que puede desembocar en un colapso del impulso de cambio de régimen.
Esta "guerra civil" ha partido al antichavismo, oficialmente, en cuatro toletes difusos y contradictorios: la ultraderecha representada por María Corina que propugna por una intervención estadounidense, la tendencia moderada que participa en la Mesa de Diálogo Nacional propuesta por el chavismo, un sector de diputados alineados contra Guaidó (los 70 rebelados de Brito), pero que también están contra el sector de María Corina Machado y de los moderados, y la fracción de Guaidó que está compuesta por segmentos de cada una de estas divisiones.
Todas estas corrientes están contra Guaidó y enfrentadas con las demás.
Esta profunda confrontación se trasladó fronteras afuera. Muestra de ello fue la segunda reunión del órgano de consulta del TIAR, realizada en Bogotá el día 3 de diciembre, donde se acordó la imposición de restricciones de viaje y "sanciones financieras" a altos funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, en un intento por reforzar el cerco diplomático y financiero contra Venezuela.
El colapso interno de la oposición dejó la reunión en un segundo plano informativo, imponiéndole un límite a su capacidad de acción y reversión de la situación venezolana, donde el chavismo cierra el año con una posición dominante.
La "guerra civil" en el antichavismo tiene como resultado el aislamiento de los apoyos internacionales que tuvo el golpe al principio de su lanzamiento. A lo interno, socava el liderazgo de Guaidó, erosiona la credibilidad de los partidos antichavistas y expande las condiciones favorables para que la Mesa de Diálogo Nacional cristalice acuerdos hegemónicos en función de la estabilidad política y económica del país.
Mientras tanto, el panorama electoral estadounidense le impone altos costos políticos y económicos a una intervención militar en suelo venezolano, lo cual afecta directamente a sectores de oposición que basaron su capital político en tal promesa.
La "guerra civil" tan prometida por Guaidó a principios de 2019 la está viviendo la dirigencia del antichavismo en carne propia, y es una de la que se benefician nada más aquellos pocos que la promocionan.
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