.Dos de los directores designados – de manera ilegal – este martes por el presidente de la Asamblea Nacional – instancia que se encuentra en desacato desde 2016 – Juan Guaidó; para estar frente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional se encuentran vinculados a actos de corrupción.
De acuerdo con una investigación realizada por el blog La Tabla, Enrique Manuel Castells, quien fue designado para ser el presidente de la CVG Internacional; y Dich Souki; cuentan en su historial imputaciones por casos de corrupción. En el caso de Castells, fue durante los gobiernos de Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993); mientras que Souki, estuvo involucrado en este delito cuando era miembro de CVG Ferrominera.
El «nuevo» presidente de la CVG Internacional es cuestionado por su gestión en 1987 frente a CVG Industria Venezolana de Aluminio C.A. (CVG VENALUM), empresa que contó – durante esa época – un alto desorden administrativo y endeudamiento.
De igual forma, durante su gestión, se incendió un tráiler ubicado en la CVG Venalum – empresa encargada de producir aluminio – en el que se guardaban documentos que comprometían a la administración, entre ellos Castells, en referencia a un presupuesto que se había solicitado para la ampliación de esta zona de la empresa. Este presupuesto, habría sido pasado con un sobreprecio para la realización del proyecto; refieren las investigaciones realizadas por medios locales en ese momento.
Asimismo, en 1998, Castells fue uno de los promotores de privatizar el sector aluminio.
Por su parte, Souki, miembro de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y dirigente de Primero Justicia – una de las organizaciones políticas promotoras de las acciones violentas y golpes de Estados ejecutados desde 2002 – , fue imputado por el Ministerio Público por casos de corrupción en CVG Ferrominera.
Souki, refiere el blog de investigación, ejerció el cargo de gerente general de la empresa Construcciones Limaeb C.A que entre 2000 y 2006 tuvo 27 licitaciones por trabajos en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Durante su nombramiento, Guaidó señaló que esta «junta directiva ad-hoc» tendría la tarea de «proteger los activos del país» tal y como se pretende con Citgo, en el que recientes investigaciones realizadas por el Gobierno Nacional, forma parte de operación criminal – que cuenta con respaldo de Estados Unidos – para robar los activos de la empresa estatal en la nación norteamericana.
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