El pasado 10 de noviembre Bolivia vivió uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Tras 13 años de Gobierno, la intentona de golpe de Estado que se gestaba desde las elecciones del pasado 20 de octubre se consumó, y el legítimamente electo presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, se vio obligado a renunciar a su cargo por la paz del país.
Tras la renuncia de los principales funcionarios del gobierno del líder indígena, una nueva figura aparece en el horizonte político boliviano y replica la táctica de Juan Guaidó, autoproclamándose presidenta de Bolivia, ella es la senadora Jeanine Áñez.
Horas antes de su renuncia, la Organización de Estados Americanos (OEA) había hecho público un informe preliminar en el cual destacaba ciertas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre, sin mostrar pruebas del supuesto fraude. Pero esto solo fue una pieza más para completar el golpe de Estado, que ya estaba configurado desde todos los frentes, incluido el militar.
Ahora bien, ¿es por azar que se da un golpe de Estado al único presidente indígena de Bolivia? ¿Quiénes han sido los principales afectados por la violencia antigubernamental en el país latinoamericano?
Por supuesto que no. Funcionarios y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), una fuerza política con gran representación de los sectores originarios, denunciaron persecución y atentados contra su propiedad e integridad física.
En el barrio de El Alto, fue necesario incluso montar una vigilia de autoprotección por parte de los propios pobladores, temiendo la violencia de los sectores radicales.
De acuerdo con la antropóloga Francisca Fernández, investigadora y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, este es un golpe realizado por la ultraderecha, «que reactivó el viejo conflicto entre las zonas altas, el altiplano y el mundo indígena, versus la zona baja, en el sector oriental del país, caracterizada por cierto fanatismo cristiano y un marcado racismo hacia los sectores indígenas”.
La antropóloga asegura que tal racismo, con el líder cívico boliviano, Luis Fernando Camacho al frente, se expresa fundamentalmente en la quema de la wiphala, la bandera indígena, que se adoptó en Bolivia como símbolo de la plurinacionalidad. Asimismo, se han podido ver imágenes de la policía arracándose la insignia indígena de sus uniformes.
Por otro lado, Camacho recalca que el factor con que cuentan Camacho y su grupo para concretar su plan es sin dudas el apoyo externo, por lo que se hace necesario investigar más profundamente y reunir evidencias sobre qué actores internacionales colaboraron con su estrategia, «y no solo actores políticos; también sectores cristianos fundamentalistas”, señala la investigadora.
El gesto de violencia contra la bandera de los pueblos indígenas ha hecho que este sector se muestre realmente reticente al golpe de Estado, más aún cuando quien es forzado a dejar el poder es uno de los suyos, un líder indígena que logró llevar a Bolivia a índices económicos impensables hace poco más de una década.
Por otra parte, la integrante del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, y Feministas de Abya Yala, Adriana Guzmán, quien además estuvo ligada a la Guerra del Gas en 2003, dice que es la oposición económica la que ha encabezado este golpe de Estado.
«El Comité Cívico representa a los empresarios, oligarcas, a los terratenientes, socios de las transnacionales, del Oriente boliviano, que está tomado por los terratenientes, que han obtenido sus tierras del regalo de la dictadura, y que han sometido ahí a los pueblos indígenas, a migrantes de La Paz, de otros departamentos, migrantes aymaras y quechuas, para su servicio, como sus peones».
Además, agregó que Luis Fernando Camacho está vinculado a los carteles del narcotráfico. «Es hijo de un paramilitar que ha estado al servicio de la dictadura. Eso es lo que representan quienes ha encabezado este golpe de Estado».
De hecho, tras la renuncia forzada de Morales, quien entró al Palacio de Gobierno fue Fernando Camacho, quien no era candidato presidencial en los pasados comicios. Allí impuso una única bandera y la biblia.
A Guzmán le llama la atención que esta acción golpista ha tenido una característica peculiar, que promueve «el enfrentamiento entre vecinos, lo que se ha logrado gracias a la profundización del racismo».
«Todos los que tenemos cara de indios somos señalados como parte del MAS (Movimiento Al Socialismo), especialmente las que somos mujeres originarias indígenas», enfatizó.
Al mismo tiempo, la comunicadora indígena Sandra Coscío declaró a Radio Tortuga, medio argentino, que antes de la renuncia del presidente Evo Morales secuestraron a familias, quemaron casas de autoridades para obligarlos a renunciar.
«Nuestro presidente decidió renunciar para cuidar al pueblo boliviano y ha dicho en conferencia de prensa que dejen de dañar a los pueblos indígenas y a toda la gente que pertenece al movimiento del socialismo para que podamos seguir, pero no lo han hecho», declaró Coscío.
La OEA y otros gobiernos de derecha del mundo no reconocen esta «transición» como un golpe de Estado, pero los hechos dicen lo contrario. ¿Qué significa querer desaparecer toda la institucionalidad del país y obligar a renunciar mediante amenazas y agresiones a todos los líderes del MAS?
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