Bolivia. Gobierno de facto emite una orden de captura contra un ministro del Gobierno de Morales

Resumen Latinoamericano*, 26 noviembre 2019.
Las autoridades provisionales de Bolivia han emitido una orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia del Gobierno de Evo Morales, por presuntos delitos de sedición, instigación pública a delinquir y financiación del terrorismo. El Ejecutivo de facto de Jeanine Áñez se ha comprometido a «ir a la cacería» contra ese antiguo alto cargo.
A la par de la aprobación de una ley electoral transitoria y las maniobras para legitimar el golpe de Estado, las autoridades de facto arrecian hoy la persecución contra figuras del depuesto gobierno de Bolivia.
El Ejecutivo de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez ordenó este lunes a través de la Fiscalía la aprehensión del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, a raíz de una denuncia presentada en su contra por los supuestos delitos de terrorismo, instigación a delinquir y sedición.
Las autoridades golpistas responsabilizan a Quintana de promover hechos de violencia, en referencia a las espontáneas manifestaciones populares suscitadas en varias regiones de la nación sudamericana en rechazo a la asonada cívico-militar que dio al traste con el mandato de Evo Morales.
Apenas tres días después del fatídico 10 de noviembre en que Morales anunciara su renuncia bajo coacción de las Fuerzas Armadas, y para evitar enfrentamientos fratricidas en el país, el nombrado ministro de gobierno Arturo Murillo anunció el inicio de una ‘cacería’ contra Juan Ramón Quintana, cuyo paradero actual se desconoce.
La orden de aprehensión contra quien fungiera como ministro de la Presidencia de Evo Morales durante tres períodos (2006-2010, 2012-2017, 2019), además de embajador en Cuba (2017-2019), confirma las pretensiones de los golpistas de criminalizar a los exponentes del anterior gobierno, incluido el depuesto mandatario.
Tras la ruptura del orden constitucional en Bolivia, Morales devino objetivo de la persecución política y judicial por parte de las autoridades de facto, que adelantó un proceso penal contra el líder indígena por los presuntos delitos de sedición y terrorismo, entre otros.
La administración de Jeanine Áñez basó su acusación en la grabación de una supuesta conversación telefónica entre el dignatario y un dirigente social.
‘Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional’, precisó Morales a través de la red social Twitter.
‘A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos’, agregó.
Un juzgado de instrucción penal envió a la cárcel al vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, por supuesto uso indebido de bienes del Estado, ‘sin pruebas ni argumentos jurídicos’, de acuerdo con la denuncia formulada por Morales en las redes sociales, en otro evidente caso de persecución política.
De acuerdo con analistas, todo apunta a una estrategia de restar liderazgo y organización a las fuerzas progresistas de cara a un eventual proceso electoral, en fecha aún por definir.
‘En Bolivia habrá elecciones, Áñez prolongará usurpación más tiempo, persiguen a dirigentes (…), se pide garantías para Morales que Áñez niega ¿Cómo rearmar fuerzas y unidad para las elecciones y ganar?’, señaló el sociólogo y periodista argentino Marco Teruggi.
La persecución de los líderes sociales y la criminalización de las protestas contra el golpe de Estado, contrasta con la impunidad reinante en torno a la ola de violencia desatada por la derecha tras los comicios del 20 de octubre, así como la brutal represión que dejó al menos 30 fallecidos tras el derrocamiento de Evo Morales.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció este lunes el testimonio de víctimas en la localidad de Sacaba, Cochabamba, donde el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el Ejército ?con el empleo incluso de armamento letal- ocasionó la muerte de nueve personas el 15 de noviembre.
El vicepresidente de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, aseveró que se trató de una ‘masacre’, como la ocurrida después en la localidad de El Alto, otro de los principales focos de resistencia popular contra la asonada golpista.
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