El legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció el pasado sábado los anuncios de creación de falsas agencias de gestión de asuntos consulares venezolanos, cuyos trámites carecerían de valor o efecto legal.
En un Comunicado Oficial, el Ejecutivo nacional advirtió que la alteración de documentos y la falsificación de sellos oficiales son conductas tipificadas como delito no sólo en el ordenamiento jurídico venezolano sino en la totalidad de los países del mundo, que acarrean penalizaciones tanto para quienes cometen tales alteraciones y falsificaciones como para quienes hacen uso de documentos alterados o sellos falsificados, causando además la invalidación de los documentos involucrados.
Las “embajadas” de Juan Guaidó, el diputado opositor que se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela en una plaza caraqueña el pasado 23 de enero y que promovió el fallido golpe de Estado del 30 de abril reciente, no son más que gestorías ilegales que, detrás del señuelo de “ayudar” a regularizar situaciones migratorias, ocultan una estrategia de denigración del gentilicio venezolano que estimula la implantación de políticas de carácter xenofóbico. Nada indica que los datos de los “registros consulares” de Guaidó no pasarán a formar parte de una nueva aventura política como lo fueron los firmazos, reafirmazos y demás maniobras, que causaron problemas a tantos usuarios por la falta de celo de los administradores de la referida data.
La República Bolivariana de Venezuela cuenta con una vigorosa red de 118 oficinas consulares en 89 países que brindan diariamente atención al público que acude a solicitar diversos servicios. Los únicos documentos venezolanos aceptados como válidos en el mundo entero son los emitidos por las auténticas autoridades gubernamentales venezolanas y gestionados mediante los sistemas bajo control, supervisión y actualización del Estado venezolano.
En la totalidad de los países, incluyendo los que no mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela, los únicos documentos aceptados como válidos son los emitidos por las auténticas autoridades venezolanas, como debe constar a cualquier venezolano que realice algún trámite en el exterior.
Los “diplomáticos” de Guaidó en el exterior no pueden emitir pasaporte ni visa; sólo ofrecen a los usuarios inscribirse en supuestos sistemas de “registro consular”, que captan datos privados de la ciudadanía sin que se tenga la certeza del destino que tendrán esos datos personales.
¿Quién es el responsable de administrar los datos de los “registros consulares” de Guaidó?
Sobre este tema, escandaliza la absoluta falta de transparencia que impide conocer la localización de estos “servidores”, quiénes tienen acceso a la data recabada y la utilidad que se le pretende dar.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro implementó recientemente el sistema de emisión electrónica de apostillas y legalizaciones internacionales de documentos, que trajo un importante ahorro de tiempo y dinero para los usuarios.
Los documentos venezolanos gozan de una buena reputación internacional. La preservación de esta ventaja es una responsabilidad de todos.
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