Lawfare y medios, las nuevas armas de Washington contra el socialismo

Por: Geraldina Colotti

Lawfare, un término que frecuentemente ingresa al debate internacional sobre América Latina. Se utiliza para indicar el uso indebido de instrumentos legales con fines políticos, con fines destituyentes. Lawfare significa una combinación de acciones aparentemente legítimas y legales, amplificadas por los medios de comunicación hegemónicos donde expertos que utilizan un lenguaje jurídico desacreditan a figuras políticas que se oponen a los intereses dominantes.

El oponente debe perder el apoyo, y para esto la condena es anticipada por los periódicos y canales de televisión, prepara el trabajo de los tribunales: tribunales dirigidos por jueces que defienden a los intereses mencionados anteriormente. Los juicios se basan en las declaraciones de traidores, impulsados por la legislación “de premios” que fomenta informantes a cambio de beneficios tangibles.

Lawfare: guerra jurídica osea judicialización de la política. Una enorme “estrategia de distracción masiva”, que sirve para desviar los sectores populares de sus verdaderos intereses y sus verdaderos enemigos. Una estrategia que sirve para construir una narrativa en la que, si todos roban, mejor poner al mando un Macri que está lleno de dinero, por lo que no tendría que robar … Y si “la política es corrupta”, mejor entregarse a los jueces. ¿Pero quién controla los controladores?

La guerra jurídica es una tendencia global que, a través de la utilización política del poder judicial pretende imponer nuevas reglas, un nuevo pacto contra la exclusión de los sectores populares. Poder judicial y medios hegemónicos preparan una gigantesca guerra contra los pobres para “reacomodar” la nueva división del trabajo a nivel global. Son las garras del cóndor para este tercer milenio.

América Latina aparece ahora el nuevo campo de batalla, pero es en Italia que la experimentación ha tomado forma, durante las distintas fases en las que el poder judicial ha jugado un papel de sustitución del Estado y de la política. Un laboratorio que viene de lejos, que se repite y se perfecciona por una “emergencia” a otra: de la “antimafia” hasta la Operación Manos Limpias – con la cual se enjuiciaron algunos políticos de los gobiernos anteriores, y que ha inspirado el juicio Lava Jato en Brasil -, y hasta la “emergencia migratoria” de hoy.

En el origen de todo, esta la “emergencia” en contra de los revolucionarios de los años 1970, que surgieron a partir del ciclo de lucha de los trabajadores y de los estudiantes que habían socavado las estructuras dominantes y que cuestionaron la compatibilidad de la izquierda moderada con el sistema de poder. El uso del poder judicial con fines políticos ha forzado entonces los espacios constitucionales introduciendo nuevas figuras jurídica “positivas” (los traidores de sus compañeros o de los ideal) o satanizado los revolucionarios, enemigos de encerrar e incluso aniquilar con instrumentos de tortura que el sistema político ha aprobado por medio de “leyes especiales”.

Una distorsión neo-autoritaria también respaldada por una izquierda cada vez más arrodillada al pie del gran capital. La lógica de la emergencia, que justifica la reagrupación de las fuerzas del sistema en torno a la “unidad nacional” y el inicio de mecanismos de control destinados a prevenir finalmente el conflicto social, implica la construcción de un “enemigo interno” o una amenaza que cae desde el exterior. O, como ahora es el caso en gran parte de América Latina, la emergencia está representada en términos de un gigantesco sistema de corrupción, que el poder judicial debe asumir
la responsabilidad de dispersar.

Son operaciones de transformación modernas a través de las cuales las clases dominantes intentan redirigir su poder, eligiendo el caballo más adecuado para volver a ganar. Como señaló oportunamente el analista español Juan Carlos Monedero, Estados Unidos pone en el entrenamiento
de los jueces el mismo cuidado que pusieron en el siglo XX para entrenar a los torturadores Gorilas de la Escuela de las Américas.

Una operación a gran escala. Lo vemos contra Lula en Brasil, contra Correa en Ecuador o contra Cristina Kirchner en Argentina. La detención en Brasil de Assad Ahmad Barakat, designado por Washington como el tesorero del partido libanés Hezbolá (considerado “terrorista” por los EE.UU.),
reporta ahora en primer plano otro juicio posible contra Cristina: por la muerte del juez Alberto Nisman que investigó el ataque contra la mutua judía Amia (1994) por el cual Israel acusa a Hizbullah.

Donde el poder popular organizado impide el lanzamiento de Lawfare desde adentro, se usan las organizaciones internacionales a sueldo de Washington o se inventan los tribunales ficticios en el exterior. El ejemplo más llamativo es Venezuela.

Contra el gobierno bolivariano y su presidente, se esta actuando una ofensiva internacional organizada desde la OEA dirigida por Luis Almagro, desde los países neoliberales del Grupo de Lima, y desde un “Tribunal Supremo en el exilio” (TSJ), tan grotesco que peligroso. Pero también desde los países capitalistas de la Unión Europea en los que Italia tiene un papel principal. El llamado TSJ en el exilio ya ha “sentenciado” a Maduro a más de 18 años por corrupción vinculada a los juicios contra la firma Odebrecht en Brasil. Ahora le gustaría establecer un “gobierno de transición” desde Colombia, donde tiene su sede.

Mientras tanto, los países del Grupo de Lima – Argentina, Colombia, Paraguay, Chile y Perú – solicitarán al Tribunal Penal Internacional (CPI), el inicio de un procedimiento preliminar contra Maduro por “crímenes de ilesa humanidad” cometidos por su gobierno. Una solicitud acompañada de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre la “represión” contra la oposición, cuyas acciones desestabilizadoras ciertamente no están sancionadas.

La denuncia de los 5 países latinoamericanos crea un hecho jurídico sin precedentes en los 16 años de existencia de la CPI. La iniciativa activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, el estatuto fundador, que permite a los Estados miembros denunciar los crímenes contra la humanidad causados a personas en terceros países.

Un gesto que suena como una advertencia en contra de Daniel Ortega que, después de 10 años de ausencia, viajará mañana a la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir la situación en Nicaragua, en el escenario de un ataque similar a lo que ha llevado acabo la derecha venezolana contra el gobierno bolivariano en 2017.

Ortega ha denunciado las maniobras de Estados Unidos contra su país y contra el continente, y rechazado los intentos de injerencia de una misión de la ONU, enviada a “vigilar las violaciones de los derechos humanos”. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, cuyo país continúa bajo el pie del feroz bloqueo norteamericano, también irá a la ONU.

Frente a las amenazas explícitas recibidas, tanto de Bogotá como de los representantes de la administración de los Estados Unidos, Maduro podría no estar presente mañana en Nueva York. Ciertamente, sin embargo, habrá varias reuniones y debates sobre la situación venezolana en la que Trump y los países vasallos intentarán imponer sus políticas de agresión, usando la presunta “emergencia de los refugiados venezolanos”.

Lawfare, pero también provocaciones militares para “probar” la posibilidad de un incidente en la frontera entre Colombia y Venezuela que pueda desencadenar un conflicto armado. Con este fin, las FANB informaron que los aviones espía de los EEUU han violado el espacio aéreo de Venezuela,
mientras que el ejército colombiano ha incursionado en la isla venezolana de Mantequero, lo que aumenta aún más la tensión.