Resumen Latinoamericano* / 17 de diciembre de 2019
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por crímenes de lesa humanidad interpuesta contra el presidente en funciones Sebastián Piñera por las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se vienen cometiendo contra la población desde el inicio del estallido social.
Esta acción legal está amparada en el artículo 5º de la ley que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra y establece que los responsables serán castigados con presidio mayor en cualquiera de sus grados, siendo el grado máximo una pena que va desde 15 años y un día a 20 años.
La querella contra el presidente en funciones por su responsabilidad en los sistemáticos crímenes de lesa humanidad fue interpuesta por el senador del Biobío y presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Alejandro Navarro. «Todo lo que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre, donde decenas de ciudadanos han sido mutilados, quedando con secuelas de por vida, tras haber sido reprimidos y atacados sistemáticamente por agentes del Estado, es lo que tipifica la ley en la que hemos basado esta querella criminal y por la que Piñera arriesga hasta 20 años de cárcel», señala.
La declaración de admisibilidad de esta querella es el primer paso del trámite judicial que marca un precedente, pues implicará la investigación al mandatario en funciones por su eventual responsabilidad en los cientos de delitos en la materia que hasta hoy se tramitan en tribunales.
NdE: El resultado del trámite judicial tendrá posiblemente como único efecto, no menor, el aumento del desprestigio internacional del autócrata Piñera. Al interior del país, de acuerdo a las encuestas de opinión, es difícil que pueda ser aún más rechazado de lo que está, batiendo todos los récord desde que existe registro de los sondeos de opinión (entre un 4 y un 10 por ciento de aprobación, según la empresa encuestadora). En términos reales, la acción del senador Navarro es probable que termine ahogada por el Tribunal Constitucional, o incluso, que sea echada a la basura por mayoría en las cámaras del Congreso, independientemente del partido político, luego del acuerdo espurio del sistema de tiendas políticas con mayor representación parlamentaria realizado para blindar el orden establecido.
Resumen*
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