14 de diciembre de 2019
Imma Guerras-Delgado, líder de la misión en Chile y Ugo Cedrangolo, integrante del equipo, dieron a conocer este viernes el informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las protestas en Chile y el Estado de Emergencia.
En el documento de 35 páginas se detallan una serie de situaciones en los que se han visto vulnerados los derechos fundamentales. Además, se dan a conocer 17 conclusiones relacionadas con la violencia que se ha vivido en el país durante las últimas semanas.
Respecto de las síntesis se señala que “desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones”.
Conclusiones
“De la información recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, se sostiene en el documento.
Además se señala que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.
También se afirma que “ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Respecto a las fuerzas de orden y seguridad, se apunta a que “Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”.
“Hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia”, se añade en relación a dicho punto.
Respecto a las personas lesionadas con armamento no letal, se afirma que “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”.
“Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones”, se señala.
También se indica que “adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados”.
Además se advierte que “las personas defensoras de los derechos humanos, incluido el personal del INDH, periodistas y las y los trabajadores de la salud han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones”.
Además se desliza una crítica al sistema de justicia penal: “Preocupa a la ACNUDH el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
Recomendaciones
Además de las conclusiones, se realizaron 21 recomendaciones al Estado chileno.
Entre ellas destacan “asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos”.
En relación a las fuerzas del orden público se sostiene que se debe asegurar que “sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento. Garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas, en todo momento, de plena conformidad con las normas internacionales”.
“Poner fin de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales relevantes”, se detalla en otra de las sugerencias.
También se detallan medidas específicas para el actuar de Carabineros, entre las que se incluyen “asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades”, “garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública” y “fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada”.
La información para la elaboración de este documento fue levantada durante la estadía de la misión del Alto Comisionado que se realizó entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre pasado.
Este reporte se suma a los entregados durante las últimas semanas por organizaciones de derechos humanos. Tales son los casos de Amnistía Internacional, dado a conocer el pasado 21 de noviembre pasado, y el de Human Rights Watch (HRW), que se hizo público el 26. Ambos apuntaban a un alto nivel de violencia por parte de agentes del estado desde el pasado 18 de octubre.
Respecto al primero, el gobierno lo calificó de “irresponsable” y lo rechazó categóricamente. El de HRW tuvo una recepción diferente por parte de la autoridad. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, afirmó que el gobierno recibía con “dolor” los antecedentes dados a conocer por la institución.
Politika*
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