Detenciones arbitrarias a comunicadores y opositores políticos, amenazas a medios alternativos y denuncias a la prensa internacional. El Gobierno de Lenín Moreno se toma revancha contra el levantamiento popular que obligó a derogar el decreto del ajuste. La relevancia de la contra información que rompió el cerco mediático dejó al desnudo la complicidad entre el Gobierno, empresarios y medios hegemónicos. Por ANRed.
El gobierno ecuatoriano se ha avocado a una cacería contra opositores políticos luego de haber tenido que dar marcha atrás, el pasado 14 de octubre, con el decreto 883 que quitaba los subsidios al combustible y disparaba el costo de vida en la población. La histórica rebelión que se vivió en el país andino fue la más grande durante décadas y paralizó al país durante 11 días de crecientes movilizaciones que dejaron mal herido a todo un plan de ajuste acordado con el FMI. Con la fiscalización del levantamiento, el Gobierno esta tomando represalias contra los medios alternativos que no acataron al apagón informativo.
En estos días la violencia policial para contener las protestas fue inusitada y denunciada por organismos de DD.HH. locales e internacionales. La represión hasta el momento registrada se cobró 8 muertos, 1192 detenidos y 1400 heridos. De los encarcelados 32 manifestantes han sido procesados por «rebelión».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está acompañando a la Defensoría del Pueblo en un relevamiento de las vulneraciones a los DD.HH. durante el paro nacional. Mientras, los medios de comunicación alternativos y activistas sociales denuncian que se está llevando a cabo detenciones selectivas, amenazas y una situación de pánico direccionada a comunicadores que informaron durante las protestas.
Cristian González durante actividades comunitarias.
El periodista del medio alternativo «Nuestroamericano», Cristian González, fue detenido mediante un allanamiento a su vivienda en donde se secuestraron equipos. Se lo acusó de «incitación a la rebelión». Al igual que la detención el 15 de octubre de Pablo Del Hierro referente del Centro de Formación Leonidas Proaño de Quito.
La propia ministra Paula Romo denunció un complot de golpe de estado orquestado por comunicadores, medios alternativos y correístas, y en plena conferencia de prensa increpó a una comunicadora del medio «Wambra», y les dijo: «ustedes también han colaborado con las noticias falsas». La misma funcionaria indicó que le «llamaba la atención que la agencia de noticias rusa RT trasmitiera en vivo lo que sucedía en Ecuador». A la par, se daba la detención de dirigentes correístas, como fue la detención el domingo pasado de la ex-alcaldesa de Durán, Alexandra Plúas, y el lunes el allanamiento y detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
Los grandes medios, acusados de ocultar lo que estaba sucediendo mientras las movilizaciones paralizaban al país, hoy acomodaron sus opiniones para justificar las detenciones que se llevan adelante. Un ejemplo de esto es el artículo escrito por Roberto Aguilar publicado en Expreso.cu, en donde reconoce la importancia de los medios alternativos e incluso el caracter de guerra que posicionó a los grandes medios alineados al oficialismo por un lado y a los medios alternativos/comunicadores populares por el otro: «jugaron un papel decisivo en la guerra informativa que acompañó al intento golpista». Aguilar se esfuerza por asociarlos a la violencia y la imparcialidad. Y nombra a Wambra Radio y INREDH como organismos que accionaron de esta forma.
Hoy el gobierno intenta generar pánico no solo deteniendo y señalando a medios alternativos sino amenazando a las personas que registraron las protestas. «Muchas personas están borrando los videos y las fotos que filmaron, temen que los vayan a detener», comentaba un comunicador. En los últimos días, la ministra de Gobierno avisó que utilizarían lo encontrado en las redes sociales como prueba para intentar identificar y criminalizar tanto a comunicadores como a las personas que salen en las filmaciones.
«Esto no ha finalizado, tenemos muchas preocupaciones. El Gobierno a través de la ministra María Paula Romo no ha parado el asedio contra las organizaciones y los medios de comunicación alternativos. Estamos viviendo momentos donde tenemos una avance fascista de persecusión y donde vimos la violencia ejercida, incluso denunciada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de DD.HH. Ayer el Ministerio de Gobierno acaba de denunciar a los líderes de los movimientos indígenas del país, lo que agrava la situación y muchos ex-asambleistas opositores han tenido que resguardarse en la embajada y pedir asilo en otros países. Estos correístas que fueron señalados son chivos expiatorios. Pero la persecusión se extendió a comunicadoras y medios alternativos. Han allanado casas de compañeros y han secuestrado equipos para incriminarlos por, supuestamente, difundir información falsa y acusándolos por la destrucción de bienes materiales», explicó Gabriel Buitrón, comunicador de Revista Crisis (Ecuador) y Casa Pukara.
En comunicación con integrante del equipo de comunicación de la CONAIE y la CONFENIAE (organizaciones indígenas mas grandes del país) explicó que los medios alternativos ganaron relevancia ante la evidencia que los grandes medios estaban desinformando: «Nuestras plataformas digitales cumplieron un rol fundamental y fueron las fuentes confiables. Nuestro equipo cubrió todo el país y durante los días de paro tuvimos unas 2 millones de personas siguiendo nuestras plataformas virtuales. En represalia a esta labor informativo la ministra arremetió contra nosotros acusando de difundir información falsa. Y esto es mentira, ya que estuvimos en el lugar de los hechos. Al contrario, nuestro labor fue contrarrestar la información falsa y tergiversada. Nuestra información se puede corroborar en nuestras plataforma. La ministra, con sus declaraciones, siembra el odio entre periodistas y obedece a un plan de desprestigiar la lucha del pueblo ecuatoriano. Y la declaración de la ministra sobre la sorpresa que le provocó la cubertura de RT en Ecuador nos demuestra su actitud injustificable, que cuestiona a los medios que hacen su trabajo. Entonces es claro que el fin era el ocultamiento».
Ministra @mariapaularomo manifiesta preocupación por los periodistas agredidos, pero en su amnesia selectiva no fue capaz de decir lo que las imágenes muestran, el derecho a la comunicación y la información impedida por la fuerza pública.#RomoCriminal #JarrinCriminal
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Los medios populares y comunicadores han publicado un pronunciamiento manifestando que «el gobierno Nacional pretende delegitimar de manera sistemática» su trabajo y que la información difundida fue «frontal, verificable y verificada desde el lugar de los hechos». Señalando que el trabajo en red logró «romper el cerco mediático». Denuncian «que fueron afectados por la censura tecnológica y digital» y reprimidos por órganos gubernamentales. Y responsabilizan al Gobierno Nacional por «la integridad de cada uno de nosotras, nosotros y nuestras plataformas».
Los medios alternativos en los 11 días del Paro Nacional
Recordemos que las protestas iniciadas el 3 de octubre con el anuncio del paro de transportistas rápidamente tomó una fuerza que nunca dejó de crecer en los 11 días, que culminaron con una verdadera rebelión popular en la ciudad de Quito, ocupada por columnas del movimiento indígena que llegaron desde todo el país y que fue fortalecido por otros sectores como se vio el último día con la adhesión de los barrios periféricos con barricadas y cacerolazos.
Durante todo el conflicto, los medios hegemónicos públicos y privados se alinearon para difundir el discurso del gobierno, primero agitando la versión del fantasma de Maduro, las FARC o el ex-presidente Correa, luego reduciendo las protestas a saqueos y vandalismo. Mientras se daban los conflictos en las calles algunos noticieros proyectaban novelas o dibujos animados. Las fuerzas de seguridad fueron endureciendo la represión y focalizando contra comunicadores. Muchos sufrieron detenciones y roturas de equipos, y se contabilizaron más de veinte periodistas detenidos en los enfrentamientos.
También se caían cuentas y se sucedían apagones de internet para dificultar la difusión de las imágenes represivas. El cercó informativo cobró una fuerza fenomenal. A diferencia del anterior gobierno, como señala la investigadora Anahí Macaroff, los medios públicos cayeron presos del oficialismo. La radio pública Pichincha Universal desacató el mandato, salió a entrevistar a manifestantes en la calle y luego sufrió un allanamiento de la Ficalía General en plena protesta. Incluso, durante el último día (13 de octubre) la prensa informaba que los cacerolazos que inundaban Quito eran en apoyo al gobierno por el llamado «al orden» y reciente toque de queda ampliado. En Argentina, TN Noticias, del grupo Clarín, replicó el error noticioso que rápidamente tuvo que corregir.
Manifestantes atacan Teleamazonas
Las noticias falsas (fake news) fluyeron durante todo el conflicto: fotomontajes, falsos comunicados de organizaciones sociales, de las Fuerzas Armadas, decretos del ejecutivo, saqueos que no existían o asesinatos masivos, entre otras noticias falsas. Hoy el Gobierno acusa también a los medios alternativos y a organizaciones políticas de agitar las fake news para desestabilizar. Sin embargo, los manifestantes denunciaban lo contrario por parte de anónimos y de los grandes medios: «Incluso los medios difundieron noticias falsas y riesgosas, como por ejemplo, que se reanudarían las clases en medio de la convulsión y eso podría llevar a situaciones riesgosas a niños y adolescentes. Estas noticias falsas apuntaban a desmoralizar a la población y a asustar. Decían todo el tiempo que estaban militares preparándose para atacar y asesinar a manifestantes para generar miedo».
Los medios hegemónicos trataban de instalar la idea de una ciudad insegura y de constantes actos vandálicos, pero los enfrentamientos eran contra las fuerzas de seguridad: «había solidaridad entre la gente a pesar de algunos hechos aislados». La prensa internacional comenzó a tomar de fuente a los medios alternativos y las redes sociales donde actuaban los comunicadores. Mientras, a algunas cadenas como TeleSur se les quitó la señal sin explicación alguna. Las manifestaciones identificaron que «la prensa corrupta» actuaba para los intereses del Gobierno y muchos medios hegemónicos fueron atacados. Las instalaciones de la emisora Teleamazonas fueron asediadas por una movilización y luego fueron incendiadas. También el medio El Comercio. En la ciudad de Ambato, provincia de Tugurahua, unos 3 mil indígenas ocuparon las antenas de las grandes emisoras en protesta, la por la desinformación y dejaron sin señal a gran parte de la sierra central del país.
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