5 Sep 2019
En el año 2002, el gobierno de Hipólito Mejía en República Dominicana sorpresivamente eligió comprar nueve aviones Super Tucanos de la empresa brasileña Embraer para proteger los cielos de la mitad de La Española, como en la colonia se llamó a la isla que comparten Haití y Dominicana. Fue una sorpresa porque desde los tiempos del dictador Ráfael Trujillo, "los Estados Unidos siempre dictaron qué tipo de aviones debían ser usados por la Fuerza Aérea Dominicana", según el experto aéreo dominicano Luis Puan.
Por eso en respuesta, rápidamente, la Misión Militar de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, capital dominicana, amenazó al gobierno de Mejía con cortar la ayuda militar al país luego de que prefiriera los aviones de Embraer en vez de los 12 aviones turbohélices AT-6B Texan II de la corporación estadounidense Raytheon (quien hoy cuenta como accionista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump).
Pero el bloqueo al contrato duró hasta 2008, cuando el gobierno de Leonel Fernández aprobó finalmente la compra de los aviones Super Tucanos desatando el enojo de Washington.
Dos años después, el contrato se incluyó en la investigación del Departamento de Justicia contra Embraer por supuestamente haber incurrido en "prácticas corruptas en el extranjero" en ocho países, entre ellos Arabia Saudí, República Domicana, Mozambique y la India, donde la compañía brasileña era líder en venta de jets con el control del 35% del mercado.
Formalmente, el organismo estadounidense pidió a República Dominicana y Brasil que condenara a diez ejecutivos de Embraer por haber sobornado con 3,5 millones de dólares, a través de un tercero, al coronel retirado Carlos Piccini Núñez, quien aprobó la compra como director de proyectos especiales de la Fuerza Área Dominicana.
La investigación judicial, además, coincidió con un momento crucial de la empresa brasileña, la tercera en importancia en el mercado aerocomercial del globo, cuando su competidora Boeing se disponía a absorberla en respuesta a la fusión de Airbus con la canadiense Bombardier. Esto finalmente ocurrió el 6 de julio de 2018 con la toma de control de Boeing del 80% de las acciones de Embraer, poco más de un año después de que la brasileña se comprometiera a pagar una multa de 200 millones de dólares en Estados Unidos y Brasil para cerrar la investigación judicial por prácticas corruptas en su contra.
En modo general, este proceso revela un complejo modus operandi en el que la justicia estadounidense se encarga de hacer el trabajo sucio en función quebrar empresas extranjeras para que sean aborsibidas por corporaciones estadounidenses.
LA JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS COMO GARANTE DE LOS NEGOCIOS DE SUS CORPORACIONES
Embraer fue judicializada por el Departamento de Justicia, al igual que otras empresas, gracias a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, sancionada en 1977 en el contexto de la Guerra Fría. En principio, la ley solo afectaba a las empresas estadounidenses hasta que en los años 80 éstas presionaron para sumarle una enmienda que alcanzara también a las compañías extranjeras que operaran en suelo norteamericano. Desde ese momento, la justicia de Estados Unido, se asume como extraterritorial contra cualquier corporación que incurra en prácticas corruptas en el extranjero.
Así es que por medio de acuerdos de cooperación con agentes locales, como jueces y fiscales, construyen grandes casos contra corporaciones que operan en su suelo y pueden haber sobornado a funcionarios en países distintos al de Estados Unidos. Hoy en día, se estima que el 70% de las compañías alcanzadas por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero yacen fuera de Estados Unidos, principalmente de Europa, Asia y América Latina.
Además toda estas acciones se ven enmarcadas en grandes convenios internacionales de lucha contra la corrupción, como la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales (con puntos específicos para casos de soborno transnacional), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que compromete a los Estados extranjeros a colaborar con la justicia estadounidense en este tipo de casos.
De esta forma, el caso de Embraer, por ejemplo, es comparable con lo que sucedió a la corporación francesa de energía Alstom cuando en 2014 pagó una multa de 772 millones de dólares, una de las más altas registradas en la justicia estadounidense, luego de que aceptara haber incurrido en prácticas corruptas en Bahamas, Egipto, Indonesia, Arabia Saudita y Taiwán, para hacerse de contratos por el monto de 4 mil millones de dólares. Porque en ese contexto, el por entonces de CEO Alstom, Patrick Kron, accedió a venderle la compañía a la estadounidense General Electric cuando la alemana Simens y la japonesa Mitsubishi peleaban por comprarla.
Según el ex ministro de Economía Arnaud Montebourg, Kron indudablemente estaba bajo presión del sistema de justicia de Estados Unidos cuando negoció el acuerdo con la empresa estadounidenses a espaldas del gobierno francés, preocupado porque una compañía extranjera se hiciera del control de un sector estratégico de su país como es el de la energía.
Por su lado, Frederic Pierucci, ex ejecutivo de Alstom, afirma que Estados Unidos utiliza el sistema de cooperación legal internacional como un "arma económica" para eliminar a los competidores de las corporaciones estadounidenses. "Es una guerra económica subterránea", según su opinión.
Así esta forma de quebrar empresas extranjeras, o sacarle sus cuotas de mercado, mezcla el uso de la justicia con importantes campañas de relaciones públicas, que derivan, además, en debilitar en los mercados búrsatiles el precio de sus acciones en función de que negocien sus posibles ventas, o fusiones, con sus ejecutivos amenazados de ser llevados a la cárcel.
ESTADOS UNIDOS Y UNA NUEVA FORMA DE "GUERRA ECONÓMICA"
Desde principios de esta última década, Estados Unidos ha arreciado una guerra jurídica contra compañías como la china Huawei o la alemana Volkswagen, a quienes ha intentado sacar del mercado estadounidense y afectar sus valores de mercado. En América Latina, la traducción de la lucha contra la corrupción se ha enfocado en un focalizado ataque contras las principales trasnacionales rivales de las compañías estadounidense en áreas como alimentación, energía, petroquímica y petróleo.
Algunas de las empresas afectadas por las investigaciones de funcionarios locales y estadounidenses son Petrobras, Odebrecht, JBS, Techint y el grupo Sarmiento Ángulo, considerado el que tiene mayor influencia en el sistema financiero de Centroamérica. En este contexto, la estrategia de Seguridad Nacional de Trump establece a la lucha contra la corrupción como una herramienta para generar un "clima de negocio transparente para las empresas estadounidenses".
Por otro lado, Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ubica a la lucha contra la corrupción a la par del extremismo y el crimen trasnacional como "una amenaza a los ciudadanos estadounidenses y la economía del país". La importancia de este mensaje radica es que forma parte de su introducción a la estrategia de la USAID para el periodo de 2018-2025, lo cual afina en el trazo fino las políticas más agresivas de una agencia que realiza las actividades que antes llevaba a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En ese documento, además, se afirma que la "trasparencia ilumina la corrupción y hace que los público presten más atención a sus gobiernos, mientras se protege a los ciudadanos estadounidenses y empresas que operan en el extranjero”, bajo un enfoque donde se promueva un mercado libre y justo donde puedan competir. También la USAID remarca que "el capitalismo de Estado que prevalece en algunos países distorsiona los mercados y obstaculiza las oportunidades de negocios para Estados Unidos, mientras que la corrupción subvierte a los mercados abiertos e impide la capacidad de las empresas estadounidenses para competir".
Sin embargo, los casos de Embraer y Alstom, así como los reiterados ataques a competidoras chinas y rusas a través de sanciones, reflejan como Estados Unidos subvierte el principio de libre mercado y competencia para beneficiar a sus empresas.
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