Recientemente el "presidente" artificial Juan Guaidó hizo un nuevo nombramiento en su grupo de representantes que controlan los bienes y recursos venezolanos tomados ilegalmente por Estados Unidos.
Se trata de Carlos Jordá, un experto en la industria petrolera que presidió la junta directiva de CITGO entre 1999 y 2002. Se retiró de la industria estatal a principios de esa década y actualmente es director de Delek US Holding, una refinadora de petróleo con sede en Tennesse, Estados Unidos.
Según el portal de datos sobre el mercado de valores Wallmine, Jordá tiene en la compañía energética un patrimonio de al menos 1.93 millones de dólares. Mientras que las acciones que posee están valoradas en más 1 millón 152 mil dólares. Por el cargo que desempeña en Delek US, percibe 242 mil dólares anuales solo en sueldo fijo
Con la designación de Guaidó, volvería a estar a cargo de la filial de PDVSA en un contexto completamente diferente al de su anterior gestión, bajo la intervención ilegal de un gobierno ficticio respaldado por Washington y con amenazas jurídicas por parte de capitales extranjeros y fondos buitres que, a través de endeudamientos ilegales avalados por tribunales estadounidenses, apuntan a capturar los activos de las tres refinerías venezolanas operativas en Illinois, Texas y Luisiana.
Los antecedentes corporativos de Carlos Jordá, lo perfilan como una selección adecuada, no para la protección de los bienes de la República Bolivariana, cuestión que repite en sus guiones para el público el político fake Guaidó, sino para recoger informaciones de procesos operativos de CITGO que podrán ser facilitados a empresas como la propia Delek Us, en función de sacar ventaja en la disputa por apoderarse de la empresa venezolana.
Actores venezolanos que responden a intereses de transnacionales, un patrón que fácilmente se revela observando los perfiles y antecedentes de otras "designaciones" hechas por Juan Guaidó en industrias del sector energético y financiero desde su autonombramiento en enero de este año:
- El abogado José Ignacio Hernández, nombrado como "procurador especial" del antichavismo en febrero de este año, tiene nexos laborales con la minera canadiense Crystallex.
En 2017, Hernández fue contratado por esta compañía como "experto legal" para elaborar un argumento jurídico que le permitiera transferir una demanda de 1 mil 400 millones de dólares, aprobada por el CIADI contra el Estado venezolano, a la estatal PDVSA con el objetivo de poder reclamar activos de CITGO en forma de pago. Por este caso, recibiría una remuneración de 163 mil 720 dólares.
Pero antes de representar a Crystallex, utilizó el mismo alegato para favorecer a la Owens-Illinois. Ahora, el abogado de las transnacionales quedó responsable de defender a la filial venezolana ante el sistema de justicia estadounidense, del arbitraje que el mismo armó y de otras demandas llevadas por corporaciones que persiguen el objetivo de confiscarla.
- El sicario financiero Ricardo Hausmann fue designado como representante del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La consideración de su nombre en este nombramiento ilegal tuvo lugar, en buena parte, por el extenso expediente que lleva, siendo cabecilla de la persecución financiera de Venezuela en el exterior.
Mientras vivió en Venezuela durante la década de los 80, fomentó la fuga de activos (financieros e industriales)" y la privatización de activos del Estado venezolano, dada la confianza depositada por el ex presidente Carlos Andrés Pérez para llevar las riendas de Cordiplan luego del famoso Caracazo. Tiempo después, instalado en Estados Unidos, ejerció como economista en jefe del BID.
Su insistencia en endeudar al país con una solicitud de préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) es una consideración que ha sido tomada en cuenta por el equipo de Guaidó. Según sus cálculos, el monto aproximado del paquete financiero sería de 60 mil millones de dólares, además de una reestructuración de la deuda nacional.
- El dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, fue asignado por el "gobierno de transición", primero como encargado de negocios para Estados Unidos y, en el transcurso de las violaciones diplomáticas a la sede de la embajada venezolana en Washington, lo legitimó Donald Trump como "embajador".
Trabajó para ExxonMobil en la época que el presidente Hugo Chávez lideraba una lucha contra los intereses transnacionales que operaban en la industria petrolera nacional y fue, tal y como lo explica la investigación realizada por Anya Parampil y Diego Sequera, una de las voces que emergió de la oposición "quejándose en medios estadounidenses de la 'discriminación' chavista".
Siendo representante de Guaidó en Washington, ha jugado un papel fundamental en el esquema de saqueo y apropiación de recursos pertenecientes a CITGO. Entre otros escándalos que lo persiguen, está la de la junta ad hoc de PDVSA impulsada por su gestión, que es acusada de robar 800 millones de dólares de unos fondos pertenecientes a la refinería.
- Esta misma "junta administradora" de PDVSA fue armada con un grupo de ex voceros de distintas industrias privadas vinculadas al sector energético y financiero. Luis Pacheco, su presidente, trabajó con el Banco Mundial, Repsol y Pemex, a través de una firma de consultoría de la cual fue copropietario.
Otro de sus miembros, el fundador de Ecoanalítica Alejandro Grisanti Capriles, fue ex jefe de Estrategia para América Latina del banco de inversión Barclays Capital. Junto con Ricardo Haussmann, Grisanti elaboró un documento con una serie de pautas para renegociar la deuda externa venezolana y poner a beneficio de capitales extranjeros e instancias multilaterales como el FMI, el patrimonio de la nación.
En mayo, la directiva usurpadora, con la aprobación de una licencia por parte del Departamento del Tesoro, ejecutó un pago de 71.6 millones de dólares por los intereses del bono de PDVSA 2020, una movida que benefició principalmente a grupos económicos tenedores de esos bonos en Estados Unidos. Igualmente, desde el ejecutivo nacional se han hecho reiteradas denuncias sobre los miembros de la junta que están creando mecanismos de endeudamiento de CITGO desfavorables a Venezuela.
- En Colombia, dos designados fake de Guaidó, Calderón Berti como embajador de Venezuela y Jon Bilbao como directivo de la junta ad hoc de Pequiven, comparten el pasado común de haber formado parte del saboteo de 2003 a PDVSA y luego emigrar a negocios del sector energético colombiano.
Humberto Calderón Berti fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Luis Herrera Campíns y posteriormente presidente de PDVSA, en una época plagada de desvío y malversación de fondos públicos.
Fundó en 2003 la petrolera Vetra Energy, compañía con participación en bloques de exploración y producción petrolera en Colombia, a la que más adelante accedieron inversores españoles y que se expandió hacia Estados Unidos, Ecuador y Perú. Actualmente la empresa canadiense New Stratus Energy, posee la mayoría accionaria de Vetra Energy.
Como enviado de Guaidó en Colombia, Berti se ha visto implicado en planes de golpe de Estado dirigidos por el uribismo. Una confesión del mercenario José González León lo señaló como uno de los que coordinaba las preparaciones de acciones de violencia irregular del 30A.
Por su parte, Jon Bilbao, director de Pequiven a principios de 2000, sale después del paro petrolero y comienza a prestar asesoría al "Instituto Colombiano de Petróleo, a las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja y a las diversas organizaciones de Ecopetrol".
Hoy, la ratificación del nombramiento ilegal como presidente de Pequiven por parte del gobierno de Duque y la salida de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. de la lista OFAC por gestión de otro delegado de Guaidó, José Ignacio Hernández, le da a Jon Bilbao total control de los activos de esa filial de Pequiven, una empresa de fertilizantes constituida con capital del Estado venezolano en territorio colombiano.
De este modo, Juan Guaidó asignó los puestos claves de las principales instituciones que administran propiedades y activos venezolanos en el exterior, a figuras que tienen conexiones directas con intereses energéticos trasnacionales, principalmente en Estados Unidos y también canadienses y europeos.
La estructura que ha venido armando este gobierno fake desvalija los patrimonios del país con licencia de la Administración Trump y en paralelo a los intentos fallidos del antichavismo nacional, mediante intervenciones mercenarias, de sacar a Nicolás Maduro de la Presidencia para hacerse con el control directo de los recursos naturales del territorio venezolano, que hasta el momento no ha podido tocar.
En vista de que esto último parece ser una ambición que se va alejando con cada decisión política que toman sobre la cuestión venezolana, la fórmula de saqueo extraterritorial se seguirá implementando con las gestiones del dirigente Guaidó. Aparentemente, lo único para lo que este tutelado de las élites corporativas transnacionales no comete errores.
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