9 Ago 2019
La guerra no es un espacio
de batalla donde dos enemigos que se ven las caras y asumen el riesgo
de morir se enfrentan. Es un conjunto de estrategias, de distinta
naturaleza, destinadas a eliminar al otro, a debilitar sus estructuras y
a obtener sus tierras, sus recursos naturales o sus mercados.
Desde esa perspectiva, puede hacerse una guerra entera fingiendo o simulando juicios o autoridades, y esta es sin duda una de las facetas de la acción emprendida por Estados Unidos contra Venezuela.
El caso Crystallex International Corporation es un buen ejemplo para entenderlo porque hemos de tomar en cuenta que esta compañía minera canadiense tuvo brevemente una concesión en el país, la cual fue revocada porque no cumplía los requisitos ambientales necesarios para operar en Venezuela y porque se decidió que estas actividades económicas iban a ser directamente explotadas por el Estado.
Esta decisión no tan sólo es legal sino que está en el marco de la premisa que sostiene que las riquezas mineras desde la Colonia son del soberano, fuese este el Rey, o desde la Independencia, la República.
Una revisión del portal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) devela que esta compañía no ejerció mayores recursos en el país puesto que, salvo algunos asuntos penales menores, no hay un ejercicio de oposición a la decisión venezolana.
Fue en 2011, Crystallex International Corporation demandó a Venezuela en el CIADI ganando el arbitraje que estimó que la República Bolivariana debía pagarle a la minera canadiense 1 mil 400 millones de dólares, en un procedimiento que Venezuela no reconoció y que originó que la compañía se dedicase a demandar en tribunales estadounidenses.
Para demandar en los tribunales estadounidenses, Crystallex International Corporation tuvo que modificar su pretensión, puesto que aquellos no eran competentes para conocer de un conflicto que esta minera tuviese contra otro Estado-nación y este juicio se vería truncado por los principios de inmunidad de jurisdicción, así como los tratados internacionales y comerciales vigentes.
Por ello, visaron demandar a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que es una empresa estatal S.A., con personalidad jurídica y patrimonio propio, distintos a la República.
En este juicio hay un detalle a considerar, que es la participación del abogado José Ignacio Hernández, quien ha sido denunciado por tener vínculos con la empresa que era la contraparte de la República que finalmente dijo defender.
Esta actuación contraria a la ética del abogado y catalogable como delito, está en el marco de habérsele otorgado a Hernández una figura extraña prevista en el literal b del artículo 15 del denominado Estatuto de la Transición, considerada como un Procurador Especial y Provisional que tendría como función desempeñarse en el extranjero.
Es importante detenernos en esto porque claramente se observa que la Asamblea Nacional creó un sujeto para que actuase como un abogado-administrador de los bienes en el extranjero, que son justamente los que hoy se encuentran amenazados y cuya entidad es continuamente negada por los Estados Unidos.
Lo que devela que esta ha sido siempre una estrategia de pillaje a través de la simulación de actos presuntamente jurídicos.
Así las cosas, tenemos dos cuestionamientos.
El primero es cómo la República se ve representada por alguien que había sido promovido en el proceso por la contraparte a PDVSA.
El segundo: cómo y por qué establece un tribunal de Delaware que este sujeto, que existe como persona jurídica distinta a la República según nuestra Constitución, es responsable por compromisos o indemnizaciones que alguien alegue le debe el Estado venezolano.
Es importante que veamos que la intervención de este funcionario puso fin a una apelación ejercida por PDVSA en contra de una decisión que, dictada en agosto de 2018, sin decir cuándo ni cómo, ya buscaba darle a Crystallex International Corporation parte de los activos de CITGO. Debiendo finalmente observar cómo estos bienes han sido los más apetecidos por "el gobierno de transición" que negocia su entrega, así como su separación sobre el resto del patrimonio venezolano en Estados Unidos que hoy se encuentra embargado.
Reuters, en una nota publicada en 2017, afirma que Las Cristinas era el proyecto más importante de Crystallex International Corporation, pues este, en su momento, fue catalogado como uno de los mayores depósitos de oro sin desarrollar del mundo.
Lo cual ha sido objeto de múltiples declaraciones de la oposición, entre las cuales las rendidas por el ingeniero opositor Jorge Alejandro Rodríguez, quien indicó que el "procurador especial en el exterior" José Ignacio Hernández ha fungido como abogado defensor de Crystallex durante el litigio contra Venezuela, por lo que no dudó en señalar que fue colocado por Guaidó para favorecer a la transnacional canadiense para la cual trabaja.
Debiendo observar que sobre este caso, en agosto de 2018, antes de la aparición de Guaidó Márquez y sus agentes en la escena pública nacional, la Asamblea Nacional debatió el caso y procedió a celebrar una rueda de prensa, el diputado Juan Andrés Mejía, quien informó estar "preocupado" por la situación de los activos de Citgo. Señalando el parlamentario que esta situación podría acelerar la banca rota de Venezuela.
Así las cosas, es importante que nosotros evidenciemos cómo el fracaso político de la estrategia Guaidó se devela con claridad como una estrategia económica en la cual, mediante la creación de sujetos y su reconocimiento en Estados que tienen deudas o poseen haberes venezolanos, se despoja a la República de sus bienes, se le limita las posibilidades de desarrollo económico y secuestro de nuestros mercados.
Desde esa perspectiva, puede hacerse una guerra entera fingiendo o simulando juicios o autoridades, y esta es sin duda una de las facetas de la acción emprendida por Estados Unidos contra Venezuela.
El caso Crystallex International Corporation es un buen ejemplo para entenderlo porque hemos de tomar en cuenta que esta compañía minera canadiense tuvo brevemente una concesión en el país, la cual fue revocada porque no cumplía los requisitos ambientales necesarios para operar en Venezuela y porque se decidió que estas actividades económicas iban a ser directamente explotadas por el Estado.
Esta decisión no tan sólo es legal sino que está en el marco de la premisa que sostiene que las riquezas mineras desde la Colonia son del soberano, fuese este el Rey, o desde la Independencia, la República.
Una revisión del portal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) devela que esta compañía no ejerció mayores recursos en el país puesto que, salvo algunos asuntos penales menores, no hay un ejercicio de oposición a la decisión venezolana.
Fue en 2011, Crystallex International Corporation demandó a Venezuela en el CIADI ganando el arbitraje que estimó que la República Bolivariana debía pagarle a la minera canadiense 1 mil 400 millones de dólares, en un procedimiento que Venezuela no reconoció y que originó que la compañía se dedicase a demandar en tribunales estadounidenses.
Para demandar en los tribunales estadounidenses, Crystallex International Corporation tuvo que modificar su pretensión, puesto que aquellos no eran competentes para conocer de un conflicto que esta minera tuviese contra otro Estado-nación y este juicio se vería truncado por los principios de inmunidad de jurisdicción, así como los tratados internacionales y comerciales vigentes.
Por ello, visaron demandar a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que es una empresa estatal S.A., con personalidad jurídica y patrimonio propio, distintos a la República.
En este juicio hay un detalle a considerar, que es la participación del abogado José Ignacio Hernández, quien ha sido denunciado por tener vínculos con la empresa que era la contraparte de la República que finalmente dijo defender.
Esta actuación contraria a la ética del abogado y catalogable como delito, está en el marco de habérsele otorgado a Hernández una figura extraña prevista en el literal b del artículo 15 del denominado Estatuto de la Transición, considerada como un Procurador Especial y Provisional que tendría como función desempeñarse en el extranjero.
Es importante detenernos en esto porque claramente se observa que la Asamblea Nacional creó un sujeto para que actuase como un abogado-administrador de los bienes en el extranjero, que son justamente los que hoy se encuentran amenazados y cuya entidad es continuamente negada por los Estados Unidos.
Lo que devela que esta ha sido siempre una estrategia de pillaje a través de la simulación de actos presuntamente jurídicos.
Así las cosas, tenemos dos cuestionamientos.
El primero es cómo la República se ve representada por alguien que había sido promovido en el proceso por la contraparte a PDVSA.
El segundo: cómo y por qué establece un tribunal de Delaware que este sujeto, que existe como persona jurídica distinta a la República según nuestra Constitución, es responsable por compromisos o indemnizaciones que alguien alegue le debe el Estado venezolano.
Es importante que veamos que la intervención de este funcionario puso fin a una apelación ejercida por PDVSA en contra de una decisión que, dictada en agosto de 2018, sin decir cuándo ni cómo, ya buscaba darle a Crystallex International Corporation parte de los activos de CITGO. Debiendo finalmente observar cómo estos bienes han sido los más apetecidos por "el gobierno de transición" que negocia su entrega, así como su separación sobre el resto del patrimonio venezolano en Estados Unidos que hoy se encuentra embargado.
¿Qué es Crystallex?
Según su página web, "Crystallex International Corporation es una compañía aurífera con sede en Canadá con un historial exitoso de desarrollo y operación de minas de oro en Venezuela y en otras partes de América del Sur. Crystallex tiene su sede en Toronto, Canadá".Reuters, en una nota publicada en 2017, afirma que Las Cristinas era el proyecto más importante de Crystallex International Corporation, pues este, en su momento, fue catalogado como uno de los mayores depósitos de oro sin desarrollar del mundo.
El juicio
- El lunes 31 de octubre de 2016, según referencia noticiosa, Crystallex presentó una acusación en contra de Venezuela ante la Corte de Delaware mediante la cual buscaba ser indemnizada por la nacionalización de sus negocios en el país, buscando que los montos pretendidos fuesen saldados mediante acciones de CITGO, principal activo de PDVSA en Estados Unidos, señalando que en las negociaciones estos bienes habían sido ofertados como garantías.
- El 10 de abril de 2017, la minera canadiense Crystallex solicitó una medida cautelar a la Corte del Distrito estadounidense de Delaware, alegando que "PDVSA llevó a cabo cerca de 2 mil 800 millones de dólares en operaciones relacionadas con su filial estadounidense Citgo y prometió acciones de Citgo a una petrolera rusa como garantía por un préstamo, lo que Crystallex describió como un esfuerzo por bloquear su compensación".
- En mayo de 2017, la Corte Federal en el estado de Delaware, Estados Unidos, desestimó una acción incoada por la minera canadiense Crystallex International Corp contra PDVSA, objetando el pago de dividendos provenientes de su filial estadounidense Citgo.
- El 14 de agosto de 2017, la canadiense pidió el lunes al Tribunal del distrito de Delaware embargar las acciones de PDV Holding, una filial de PDVSA dueña, a su vez, de la refinadora Citgo. Declarando la estatal que tomaría todas las acciones legales necesarias para proteger sus activos frente a las intenciones de embargo de la empresa canadiense Crystallex, y señalando que no reconoce lo demandado por Crystallex International Corp en tanto PDVSA no fue parte de ese arbitraje, y no existe ninguna sentencia contra la empresa petrolera al respecto.
- En diciembre de 2017, la empresa minera canadiense Crystallex desarrolló ante el tribunal la teoría de que "PDVSA es un alter ego" de la República Bolivariana de Venezuela, con lo que señala que se da un supuesto de "la teoría de transferencia fraudulenta", lo que fue desestimado judicialmente en enero de 2018.
- En febrero de 2018, Crystallex volvió a solicitar al juez Leonard Stark del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware un embargo contra las acciones de PDV Holding, la subsidiaria con sede en Delaware propietaria de Citgo Holding, alegando la existencia de la deuda que PDVSA había negado por no reconocer el arbitraje que considera Crystallex como causante de la deuda.
- En agosto 2018,
Leonard P. Stark, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
en Wilmington, Delaware, autorizó el embargo de Citgo solicitado por la
minera canadiense Crystallex, con lo que permitió a la empresa cobrarse 1
mil 400 millones correspondientes a una indemnización por la
expropiación de sus activos en Venezuela. La corte no indicó en su fallo
cuándo se podría hacer efectiva su decisión.
El 10 de agosto de 2018, PDVSA apeló la decisión. - A finales de agosto de 2018, según lo informó la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, la Corte de Delaware permitió el embargo sobre Citgo, lo cual sería producto de la desestimación de la apelación y de la infructuosidad de los acuerdos que, según los voceros de Crystallex, habían sostenido con PDVSA.
Una estrategia redoblada
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció que en el presente caso se desarrolló una operación para el despojo, robo y apropiación ilegítima de los recursos y activos de Venezuela.Lo cual ha sido objeto de múltiples declaraciones de la oposición, entre las cuales las rendidas por el ingeniero opositor Jorge Alejandro Rodríguez, quien indicó que el "procurador especial en el exterior" José Ignacio Hernández ha fungido como abogado defensor de Crystallex durante el litigio contra Venezuela, por lo que no dudó en señalar que fue colocado por Guaidó para favorecer a la transnacional canadiense para la cual trabaja.
Debiendo observar que sobre este caso, en agosto de 2018, antes de la aparición de Guaidó Márquez y sus agentes en la escena pública nacional, la Asamblea Nacional debatió el caso y procedió a celebrar una rueda de prensa, el diputado Juan Andrés Mejía, quien informó estar "preocupado" por la situación de los activos de Citgo. Señalando el parlamentario que esta situación podría acelerar la banca rota de Venezuela.
Así las cosas, es importante que nosotros evidenciemos cómo el fracaso político de la estrategia Guaidó se devela con claridad como una estrategia económica en la cual, mediante la creación de sujetos y su reconocimiento en Estados que tienen deudas o poseen haberes venezolanos, se despoja a la República de sus bienes, se le limita las posibilidades de desarrollo económico y secuestro de nuestros mercados.
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