Desde 2014, la situación económica en el país se ha hecho cada vez más difícil. Por eso, ya en 2018, aún a falta de indicadores oficiales, todos los sectores en Venezuela han reconocido que en el presente se está dando una emigración que antes no fue característica.
Las organizaciones especiales, como el ACNUR, reportan a diario las peripecias de grupos de venezolanos, usualmente jóvenes, que se desplazan por el continente mientras se afianza un mito: irse del país es la manera de escapar de la crisis, e incluso de poder evitar la precarización de nuestras familias.
Sea que a nosotros nos interesen o no los temas relacionados con la igualdad de género, los indicadores siguen siendo elocuentes, al determinar, por ejemplo, que entre todos los migrantes que se desplazan en el mundo, las mujeres y los niños tienen más posibilidades de ser víctimas de las enormes redes criminales que acosan el planeta, y de las cuales muchos de nosotros no nos enteramos nunca.
En ese ambiente, muchas personas emprenden partir como una aventura, sin tener ni siquiera una remota idea de cuáles son los riesgos que van a enfrentar. Por ejemplo, cuánto cuesta la vida en el extranjero, cuáles son las políticas para la entrada y permanencia en un país o cuáles son los riesgos del camino.
Muchas veces, cuando una persona decide irse, lo hace porque ha recibido una promesa de un familiar, de un vecino, de un conocido o incluso a través de Internet, que va a encontrar un mejor futuro. Ignorando que esta es una de las formas mediante las cuales las redes de trata, esclavitud o tráfico de órganos encuentran sus víctimas. Siendo sobretodo de la primera de las acciones, las mujeres y las niñas, las más vulnerables.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Un listado sencillo, ajustado a lo que suelen incluir los informes internacionales, nos hablará que todos los migrantes corren el riesgo de ser estafados, víctimas de carteles de droga, extorsionados por parte de funcionarios corruptos a lo largo de la travesía, víctimas de acto de violencia sexual, tráfico de personas, de ser secuestrados, de las condiciones peligrosas de los trayectos, en especial de los naufragios o pases de ríos, así como de no ser recibidos en los países de tránsito o destino por no cumplir las condiciones mínimas, o por las políticas cada vez más restrictivas en la materia.
En el presente, se habla de una "feminización" del flujo migratorio, pues son cada vez más mujeres latinoamericanas las que migran porque ya no dependen de su pareja, sino porque ellas se han convertido en la cabeza de la familia. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, actualmente, de la totalidad de migrantes internacionales, 49% son mujeres, pero en América Latina la tasa femenina se eleva hasta 50.1%.
Sin dudarlo, las mujeres sufren los mismos riesgos que enumeramos a los cuáles se les suman algunos, por ejemplo, en la opinión del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), a las emigrantes centroamericanas que transitan aquel o cual país, el viaje se le hace más riesgoso y más costoso porque están siempre expuestas a ser víctimas de violencia sexual, por lo que contratan más servicios de protección y usan vías menos expeditas.
También resaltan que "…las mujeres son víctimas de violencia psicológica en un mayor número de casos. Así, el 29.1% dijo haber sufrido menosprecio y humillaciones públicas, el 20.4% recibió amenazas de lesiones, y el 11.7% denunció que otras personas controlaron sus actividades, dinero y tiempo. En cuanto a la violencia física, el 16% de las migrantes denunciaron ser víctimas de heridas, lesiones y fracturas; mientras que un 9.2% dijo haber padecido manoseos y tocamientos; un 8.3% que fue forzada a tener sexo; y un 28.2% dijo que ofreció sexo a cambio de bienes (dinero, protección, alojamiento…)".
Sirviendo lo anterior como un panorama general que nos permita ubicarnos, estamos hablando de una situación gravísima que nos permite dudar si aquellas promesas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ciertas, porque la igualdad de derechos y dignidad, así como el derecho a ser asistidos y protegidos por las autoridades, no está condicionada a la nacionalidad o el estatus migratorio. Nosotros queremos recopilar algunos datos que han aparecido aislados en las noticias que hablan de la vulnerabilidad de las venezolanas en el extranjero, que ha generado un número importante de feminicidios, así como a que estas han sido captadas por las redes de trata.
La trata
Muy pocas veces hablamos de "trata" en nuestra vida común, aunque está presente detrás de todas las actividades de prostitución que solemos ver en nuestras ciudades. El ACNUR la define como la utilización, en beneficio propio y de modo abusivo, de las cualidades de una persona, en contra de su voluntad. La explotación de la persona se dará en términos de prostitución u otros modos de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o la extracción de órganos; si bien la más común es la explotación sexual, en especial de mujeres y menores.
La razón por la cual las mujeres, en especial las que son pobres y/o inmigrantes, son más vulnerables tiene que ver con la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Así lo afirma la Asociación de Promoción de Servicios Sociales que recuerda que "este fenómeno existe porque hay un mercado prostitucional que busca satisfacer una demanda compuesta en una inmensa mayoría por hombres. Así, la prostitución es una institución social que satisface la demanda masculina".
En materia de trata, los análisis suelen diferenciar a los países. De modo que se diferencian los países de origen de los de tránsito y destino. Habiendo calculado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2014 que este es un negocio que mueve globalmente unos 32 mil millones de dólares al año, en el que casi un tercio del total de las víctimas a nivel mundial son menores de edad, y que en América Central y el Caribe, sin embargo, el porcentaje de niños y niñas víctimas es aún mayor, con 62% y 64%.
Casos referidos de venezolanas
El portal insightcrime.org, radicado en Miami, publica una valoración de la situación de la trata en el continente en el Informe Anual Sobre Trata de Personas, realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y divulgado el 27 de junio de 2017, que fue ejecutada usando estándares estadounidenses -no onusinos-, en los que estiman que la situación venezolana, junto con la de Belice, son las más graves en la materia.
Belice y Venezuela, por ejemplo, siguen siendo los peores países de Latinoamérica para la trata de personas. En los últimos tres años, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha hallado que ambos países ejercen esfuerzos mínimos de control, protección a víctimas y prevención.
Desde 2004, Estados Unidos tiene a Venezuela en la lista negra como el país con el peor récord de lucha contra la trata de personas. A medida que el país se hunde más en la crisis política y económica, es poco probable que esa designación cambie. Se dice que la actual crisis económica ha llevado a un número creciente de ciudadanos a participar en actividades ilícitas, como la trata de personas.
Observándose que dicha valoración omite que han existido y siguen existiendo importantes esfuerzos del Estado venezolano para combatir el fenómeno. Por ejemplo, su retipificación en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su aplicación por parte del sistema de justicia.
Más allá de esto, nosotros hemos de considerar que las crisis económicas son un caldo de cultivo para transformar un país en un parque de caza para estas redes, así como nosotros somos vecinos de un país que es destinatario de alguna parte de la trata internacional, pero sobretodo un país de tránsito para las víctimas. Pudiendo traer a colación números recientemente publicados por la Fiscalía colombiana que indican que en los últimos 13 años se han abierto 2 mil 127 investigaciones por trata de personas, aunque los tribunales sólo se han proferido 123 condenas.
Desde hace más de un año y con una frecuencia mayor en los últimos meses, la prensa ha referido la explotación sexual de venezolanas en Colombia, o cómo son embaucadas por colombianos para ser explotadas en otros países como México y España.
"Colombia tiene un rol fundamental para las redes criminales de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, porque es la puerta migratoria de los venezolanos", explicó la abogada Beatriz Borge, coautora del documento. A partir de la crisis que vive Venezuela, miles de mujeres han caído en condiciones de vulnerabilidad, que ha sido aprovechada por cadenas criminales que las enganchan con falsas promesas laborales.
Las investigaciones señalan que una extensa red colombiana de paramilitares, traficantes de drogas, bandas criminales, policías, militares y oficiales de migración corruptos emergió hace varios años como pieza clave de una operación que atrapó a venezolanas para prostituirlas en cantinas, restaurantes, hoteles y casas de citas en México y otros países de Latinoamérica.
Esta noticia de mayo de este año puede ponerse en relación con la desarticulación de una red de trata en julio reciente en Lima, donde eran forzadas a prostituirse venezolanas que habían sido captadas en Colombia.
El Ministerio del Interior de Perú informó que la Policía Nacional de Perú (PNP) rescató a 12 mujeres venezolanas y 3 colombianas víctimas de una red de trata de blancas en Lima, 3 de ellas menores de edad. De acuerdo al Expreso de Perú, las menores, 2 de ellas venezolanas y 1 colombiana tienen entre 16 y 17 años, y 1 de ellas está embarazada de cinco meses.
Las mujeres fueron rescatadas tras la denuncia de una de ellas que logró escapar. Según los testimonios de las víctimas a la Policía, fueron captadas por sus raptores en Bogotá (Colombia) con el ofrecimiento de un trabajo de anfitrionas en un tragamonedas (casino) de Lima, pero al llegar a la capital peruana, sus captoresles exigieron 1 mil dólares por gastos de traslado, excusa que usaron sus captores para obligarlas a prostituirse y de esa forma pagar la "deuda".
Existen en la prensa muchas otras noticias de esta naturaleza. Como el asesinato de Mayerlin Luisiana María Padilla Piñango, ocurrido el 24 de julio en Cancún, o el de Kenny Finol, una joven que fue hallada con el rostro desfigurado con ácido tras haber sido violada, torturada y asesinada en México, o el desmantelamiento de una red de trata en Panamá en la que algunas víctimas y una de las responsables eran venezolanas.
Las autoridades venezolanas, en los distintos niveles de gobierno, así como desde sus diferentes visiones políticas de la realidad, han anunciado en los últimos días acciones para prevenir estas prácticas criminales. Así lo hizo la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, quien denunció que opera una red de prostitución infantil en la entidad andina, y anunció que en la entidad se trabajará en la prevención del flagelo; así como desde 2016 la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ha venido anunciando la capacitación de funcionarios y talleres de prevención en la materia, hasta perfeccionar una ruta de atención fronteriza en julio del presente año.
Los riesgos para la vida así como para el resto de los más preciados derechos de las personas que quedan anulados cuando una persona es víctima de una red de trata, exigen que este tema sea denunciado, debatido y advertido a todos quienes asumen que la emigración es un camino fácil y no detectan posibles riesgos de sufrir algunos de estos actos.
Porque hemos de considerar que la mayor vulnerabilidad social, como la que genera una prolongada crisis económica, es la facilidad del captador para engañar a sus víctimas, así como que la captación puede hacerse de muchas maneras. Por ejemplo, a través de un novio que propone un viaje a otro país, un amigo virtual, un grupo de amigas que se van a la aventura.
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