Este martes fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos una solicitud para invadir militarmente a Venezuela, en cartas hechas por 500 venezolanos exiliados en este país.
La propuesta está enmarcada en el relato de "crisis humanitaria" y el riesgo que representa Nicolás Maduro para la región por las supuestas "implicaciones de funcionarios del gobierno venezolano en el narcotráfico y la entrega de pasaportes a integrantes de organizaciones terroristas".
Esto, valoran los participantes de la actividad, debe preocupar a los senadores y congresistas norteamericanos por la cercanía territorial con el país venezolano. Así lo indicó Ernesto Ackerman, presidente de los Ciudadanos Independientes Venezolano-Americanos (IVAC, por sus siglas en inglés), ONG que organizó el evento y que tiene su sede en el sur de la Florida.
No es la primera vez que este personaje coordina una actividad así. En 2014 reunió a cerca de 200 venezolanos provenientes de Florida, pero también de otros 19 estados, en una caravana hacia Washington para apoyar la violencia orquestada por grupos opositores en las guarimbas de principios de año y para protestar por la "falta de atención" de la Casa Blanca y de la OEA.
Ackerman es un empresario venezolano que emigró para Miami en 1989. Desde entonces ha ido agrupado al sector empresarial venezolano exiliado en el estado de Florida, en la ONG IVAC, con la intención de ejercer presión sobre la toma de decisiones de políticos estadounidenses en los asuntos venezolanos.
De hecho, uno de los actores del partido republicano (senador del sur de Florida y con influencia en la Casa Blanca), Marco Rubio, fue apoyado por Ackerman en su pre-candidatura presidencial debido a su discurso de ataque intensificado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Muchas de las conexiones de dirigentes opositores con figuras del alto mando político estadounidense fueron gestionados por ellos.
Hace falta más que una carta para lograr que el conflicto se decante por la intervención militar
El promedio de los migrantes que están en el sur de la Florida tienen un nivel socioeconómico alto, con capacidad para comprar viviendas e instalar negocios de todo tipo, desde restaurantes hasta compañías. Las caras más visibles, como el caso de Ernesto Ackerman, ha encontrado en Estados Unidos un sitio para ampliar sus negocios.
Esta comunidad que ha crecido exponencialmente en los últimos años (de los 248 mil venezolanos residenciados en Estados Unidos, el 42% vive en Florida) ya comienza a incursionar en el terreno político estadounidense tanto local como nacional. Se proyecta que puedan llegar a ser tan influyentes como los cubano-americanos, en términos de recaudación de fondos, peso empresarial y apoyo electoral para los próximos cinco años.
A diferencia del sistema de democracia participativa y protagónica aplicado en todos los poderes públicos de Venezuela, en Estados Unidos son los lobbys los que tienen la oportunidad de mover influencias en el Congreso. Y la clase media y adinerada, que conforman en su mayoría a los exiliados venezolanos, han aprendido durante su estancia en Miami a manejarse en estos términos. Tienen los recursos para hacerlo y sus intereses contra el Gobierno venezolano cohabitan en perfecta sincronía con los factores políticos más extremistas del sur de la Florida, quienes han encontrado en la Administración Trump un espacio para aumentar su influencia sobre la política exterior estadounidense hacia Venezuela.
Aunque dicha propuesta se intenta mostrar como la única salida posible a través de medios de comunicación y algunos vocerías políticas internas como Soy Venezuela, las declaraciones de hace par de días del Subsecretario de Asuntos Políticos Thomas Shannon (pese a renunciar, seguirá en funciones hasta el nombramiento de un reemplazo) en Ecuador sobre la imposibilidad de usar la carta de la intervención militar, ponen de manifiesto la falta de consenso para determinar una sola línea de acción contra Venezuela. Al parecer hace falta más que una carta para lograr que el conflicto se decante por esa opción.
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