Las pruebas del crimen económico contra Venezuela

Por: Alfredo Serrano Mancilla

Prohibido ver lo evidente. Esta suerte de sentencia encontrada en un mural callejero le viene como anillo al dedo a todo aquel que ignora la continua agresión económica que viene sufriendo Venezuela en los últimos años. Se puede legítimamente estar a favor o en contra de las decisiones económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Todo debate económico es bienvenido. Sin embargo, el desconocimiento del conjunto de acciones orquestadas desde múltiples ámbitos en contra de la economía venezolana resta rigor a cualquier tipo de análisis. Dejar de lado lo que Venezuela está afrontando en forma de multi-agresión permanente en materia económica es un acto de irresponsabilidad deliberada. Pero además sería un análisis parcial y sesgado. Sería lo mismo que analizar la economía mexicana sin considerar que tiene a Estados Unidos como vecino del norte. O suponer que un país tiene mar a pesar de no tenerlo. ¿Cómo debería leerse un estudio o una propuesta en base a premisas falsas, inexistentes, eclipsando buena parte de lo que sucede?

Lo apropiado es tener un panorama integral para tener un diagnóstico certero, y en función de ello realizar las recomendaciones que cada quien considere oportuno. Ninguna de las pruebas esgrimidas a partir de ahora deben ser consideradas como excusas ni como parches que sirvan para esconder otros desequilibrios estructurales de la economía venezolana. De lo que se trata en este artículo es de demostrar con pruebas manifiestas que la economía venezolana no es como otra cualquiera. Por muchas razones geopolíticas, está sometida a un constante hostigamiento que es obligatorio conocer en detalle. He aquí un listado de estas pruebas irrefutables:

El riesgo país (RP) otorgado por las agencias de calificación es improcedente con el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73.359 millones de dólares. Y el RP ha seguido subiendo. Se han encontrado 32 meses en los últimos 14 años en los que el RP contra Venezuela ha subido a pesar del incremento del precio del petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra actualmente en 4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile a pesar que este país tiene un ratio de deuda/PIB similar al venezolano.

La palabra “default” es usada contra Venezuela con independencia de su significado. Dos ejemplos sucedidos recientemente a pesar de haberse cumplido con el pago de la deuda externa: a) Fitch Ratings dijo que Venezuela tenía un “Default Selectivo”, b) Standard & Poors bajó la calificación de CC/C a SD/D (default selectivo). Pero esto viene de lejos. Otro ejemplo menos reciente: en febrero de 2016 Bloomberg afirmaba que Venezuela tenía un 76% de probabilidades de entrar en default en un año. Y así tendríamos miles y miles de testimonios que ratifican que las calificaciones contra Venezuela no siguen un criterio de racionalidad económica.
Donald Trump dictaminó una orden ejecutiva (amparándose en un decreto previo de Obama) en contra de la economía venezolana. Solo basta leerla en detalle para darse cuenta que se trata de un boicot explícito con la intención de impedir el relacionamiento de Venezuela con socios privados estadounidenses, al mismo tiempo que restringe el cumplimiento de los pagos de deuda externa así como las posibilidades de refinanciación de la misma.

Gran parte del sistema financiero internacional ha venido en los últimos años propiciando un esquema de bloqueo hacia las operaciones financieras de Venezuela; limitando el accionar de múltiples instituciones nacionales (públicas y privadas) para ejecutar pagos a proveedores, recibir pagos, ejecutar transacciones, administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras y acceder a fuentes de financiamientos internacionales. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria en contra de Venezuela (Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank). Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera. Por su parte, Novo Banco (Portugal) notificó en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares por partes de instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. La empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte importante de los bonos de Venezuela, mantiene importantes operaciones de transacciones de bonos retenidas en proceso de “Revisión”; por presiones hechas por la OFAC (más de 1.200 millones de dólares). El banco aliado de Venezuela, Bank of China Frankfurt, no ha podido realizar una operación destinada al pago de unos compromisos con la empresa minera Canadiense Gold Reserve por 15 millones de dólares.

Se han producido bloqueos para pago de alimentos y otros bienes básicos. Por ejemplo, la tercera semana de noviembre fueron devueltas más de 23 operaciones de pago por 39 millones de dólares en alimentos porque bancos intermediarios de proveedores no querían aceptar recursos desde Venezuela. Situaciones parecidas han ocurrido en compras navideñas, medicamentos (insulina, fármacos contra la malaria y el paludismo), semillas, transporte de deportistas venezolanos (el Banco Wells Fargo impidió la operación), comunicación (el Banco holandes Rabobank negó el pago para la operatividad de Telesur alegando que el ordenante se encontraba sancionado por la OFAC).

La evolución del tipo de cambio ilegal “paralelo” no tiene ningún “paralelismo” con ninguna de variable macroeconómica. El valor de este tipo de cambio se ha multiplicado por 1.410 veces desde agosto de 2014 hasta la actualidad; mientras que la cantidad de billetes y monedas se multiplicó por 43; la cantidad de liquidez se multiplicó por 64; y el tipo de cambio implícito por 141. Ni siquiera la ortodoxia neoclásica sirve para explicar el comportamiento de esta arma política de destrucción económica, utilizada para inducir un aumento desmedido de la inflación.

Podríamos añadir a este listado de pruebas todo los intentos de Mercosur por aislar a Venezuela; y las sanciones de la Unión Europea o Canadá; y la retirada de compañías aéreas como Avianca o Aerolíneas Argentinas. Y además a eso cabe sumarle la caída estrepitosa del precio del petróleo desde el 2014 al 2016 (pasando de un precio promedio anual por barril de 88 a 35 dólares).

Esta realidad es innegable y no cualquier país está sometido a tipo de este asedio económico, de alta intensidad y persistencia.