(Caracas, 06 de diciembre de 2017.-Prensa DP) La Defensa Pública (DP) y otras instituciones del Estado dieron inicio este martes, en la sede de Policaracas, ubicada en la Cota 905, Caracas, al Plan de atención integral a privados de libertad, cuyo objetivo es garantizar los derechos humanos de las personas recluidas en los centros de detención preventivas del país.
Durante la jornada efectuada en este centro de detención preventiva se atendieron 155 privados de libertad, se celebraron 8 audiencias preliminares para la revisión de medidas judiciales, lo que coadyuva en la celeridad en la obtención de justicia;
La Defensa Pública, asimismo, ofreció servicios de asesoría y representación jurídica, al tiempo que realizó seguimiento a las causas judiciales de los privados de libertad.
Además, los detenidos pudieron tramitar documentos tales como: cédula de identidad, cartas de extrema pobreza, de no poseer vivienda, soltería y concubinatos; y fueron beneficiados con atención médica integral, dotación de medicamentos y vacunación contra la Hepatitis B y toxoide.
“Esta actividad se realiza cumpliendo con las orientaciones de la defensora pública general, Susana Barreiros Rodríguez, a fin de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, expresó la directora del despacho de la Defensora Pública General, Mariana Oliveros.
La funcionaria de este órgano del sistema de justicia, encargado de garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos en los procesos judiciales, manifestó que este plan se replicará en otros centros de detención preventivas de todo el país, a fin de brindar atención integral a los privados de libertad.
Por su parte, Juan Carlos Tabares, director de Derechos Humanos Indígenas y Minorías Vulnerables de la DP, dijo que con este plan “se pretende demostrarle a los privados de libertad que son importantes para el Estado, y que los funcionarios públicos estamos trabajando para que se garanticen y respeten sus derechos”.
Participaron en la actividad el Consejo Nacional Electoral; Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público; Defensoría del Pueblo; los ministerios para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Servicio Penitenciario; Mujer e Igualdad de Género; y Salud; así como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
Este Plan es el resultado de los acuerdos suscritos en diversas mesas de trabajo realizadas en la sede principal de la Defensa Pública, en el bulevar Panteón, en Caracas, orientadas a trazar estrategias con el fin de brindar una atención integral a los privados de libertad.
En estos encuentros participaron instituciones del Estado que ofrecen servicios en materia jurídica y de derechos humanos a los ciudadanos involucrados en procesos judiciales, a fin de garantizar sus derechos.
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