La República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más contundente, por infundadas y aviesas, las declaraciones emitidas por el señor Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicadas el día 27 de junio de 2014, sobre los hechos acaecidos en Venezuela, en el contexto del intento de derrocamiento violento contra el gobierno constitucional y democrático del Presidente Nicolás Maduro Moros.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lamenta profundamente la falta absoluta de objetividad e imparcialidad demostrada por el señor Colville, quien en sus declaraciones desprecia y desestima las diligencias realizadas por el Estado venezolano para explicar con total transparencia, la verdad sobre estos hechos.
En tal sentido, el Canciller de la República, Elías Jaua Milano, y el Representante Permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra, Embajador Jorge Valero, desde el inicio de la escalada violenta por parte de la oposición venezolana contra el derecho a la paz y la estabilidad de nuestro pueblo; han informado personalmente a la Alta Comisionada Navi Pillay, aportando abundante documentación veraz y sustentada con pruebas irrefutables, que desmienten completamente los señalamientos de su vocero.
El señor Colville ha sustentado sus infelices y deplorables declaraciones, apelando nuevamente a información suministrada por organizaciones de cuestionada reputación, que han sido participes del plan para intentar derrocar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y cuyo financiamiento, se ha comprobado, proviene del Departamento de Estado estadounidense.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela deplora que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, participe en la infame campaña internacional de descrédito contra el Estado democrático venezolano, tomando como ciertas las opiniones de cierto funcionariado, incrustado en el sistema de Naciones Unidas, que está al servicio de las élites privilegiadas y más reaccionarias de nuestro continente y que pretende limitar las competencias y obligaciones constitucionales del Estado venezolano de garantizar la paz y los derechos humanos de nuestro pueblo.
Es necesario denunciar que este tipo de comportamiento y opiniones por parte de la Oficina de la Alta Comisionada, han constituido un aliento a los grupos terroristas religiosos, racistas y neonazis que recientemente han ocasionado tanta destrucción, muerte y sufrimiento a los pueblos de Libia, Siria, Ucrania y muchos países de África.
El Gobierno venezolano reafirma su absoluto apego al Estado social, de derecho y de justicia consagrado en nuestra Constitución, que estamos empeñados en consolidar en nuestro país y está comprometido en garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas y todos los derechos humanos.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica su disposición de seguir colaborando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dentro del marco del respeto a la dignidad y competencia de los Estados y en la defensa autentica de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
COMUNICADO
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