También hay sedes similares en Guárico, Aragua y Miranda
(Caracas, 16 de junio de 2016) Desde el año 2012 hasta la fecha, la Unidad Antiextorsión y Secuestro del Área Metropolitana de Caracas ha contribuido de manera satisfactoria con la resolución de casos en esta materia.
Así lo informó el coordinador de esa dependencia, Carlos Almarza, durante el programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido este jueves 16 de junio por Radio Nacional de Venezuela.
Explicó que luego de que los órganos de seguridad reciben las respectivas denuncias por secuestro o extorsión, los expertos de la referida unidad se activan inmediatamente para ofrecer a las víctimas una respuesta oportuna.
Almarza destacó que los estados Guárico, Aragua y Miranda cuentan también con este tipo de unidades, las cuales trabajan directamente con la Dirección contra la Extorsión y el Secuestro del Ministerio Público
El funcionario del Ministerio Público detalló que estas sedes laboran los 365 días del año, por lo que sus trabajadores realizan guardias de día y de noche para estar atentos ante cualquier eventualidad.
Dijo que una vez resuelto un caso, los expertos de las unidades realizan informes que posteriormente son suministrados a los fiscales para que los incluyan en sus investigaciones.
Como parte del abordaje integral que requieren estas causas, también participan efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos policiales.
Contacto con las regiones
Durante la transmisión del programa de radio, el fiscal superior del estado Trujillo, Chanti Ozonian, participó vía telefónica para conversar sobre la labor preventiva que realiza el Ministerio Público en esta parte del país.
En ese sentido, indicó que mensualmente realizan un promedio de 35 actividades relacionadas con la capacitación de funcionarios de la institución y organismos policiales y militares, con el fin de que sus actuaciones estén apegadas a las leyes.
También se realizaron charlas, conversatorios y foros sobre responsabilidad penal de los adolescentes, violencia de género, acoso escolar, prevención del consumo de drogas, entre otros.
El fiscal superior de la entidad andina destacó que durante el año 2016 se formaron un total de 1 mil 28 personas en materia de derechos humanos, entre efectivos de seguridad e integrantes de las comunidades.
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