ANÁLISIS /
16/05/2014
La decisión de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de retirarse de la segunda ronda de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pone de nuevo en el tapete cómo a veces este sector político concibe a conveniencia esta pertinente práctica de la “real politik”, o sensatez política, ocultando detrás de esta todo lo contrario: el chantaje al adversario para lograr sus objetivos políticos, que en el caso Venezuela es acabar con la revolución bolivariana.
Visto en retrospectiva, la decisión de la MUD de participar el pasado 15 de abril en un diálogo por la paz convocado por Maduro con el acompañamiento de la UNASUR, tuvo cómo factor coadyuvante la derrota que sufrieran las “guarimbas” violentas iniciadas el pasado 12 de febrero tanto en el plano de seguridad ciudadana y de Estado, como en el de opinión pública, aunque a pesar de ello sus promotores activaron ya una segunda fase que prevé asesinatos políticos selectivos, tanto de líderes de la oposición como del chavismo, y actos terroristas, según las autoridades.
Como es sabido, más del 80 por ciento de las y los encuestados rechazó contundentemente esta violencia callejera de grupos de personas al parecer ligadas tanto al partido de extrema derecha Voluntad Popular, del encarcelado Leopoldo López, como a las directrices también golpistas de otros dos operadores de este sector político venezolano como lo serían María Corina Machado y el actual alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, cuyo pasado represor es harto conocido.
Capear el temporal
Ante esta nueva derrota política, la MUD aceptó finalmente sentarse en la mesa de diálogo, pero lo hizo al parecer más cómo una vía para capear el temporal adverso en su contra al no deslindarse a tiempo de los guarimberos, que otra cosa; mientras que a puertas cerradas se dedicaría a replantearse su estrategia antibolivariana, pero sin descuidar nunca su pierna permanentemente “engatillada” para, llegado el momento oportuno, darle la patada a la mesa de diálogo.
Por lo visto, este momento llegó luego de las declaraciones de Secretario de Estado estadounidense, John kerry, quien habría dicho que “EUU no actuará en relación a Venezuela mientras haya diálogo”.
La respuesta del presidente Nicolás Maduro no se hizo esperar: “”Estados Unidos no se debe meter en los procesos de paz y de diálogo que he adelantado en Venezuela. Los quieren sacar (a los representantes de oposición) de las mesas de diálogo (…) Por eso es que nosotros debemos estar muy claros de las tareas y la lucha que nuestro pueblo tiene que dar por la paz”, advirtió.
No tardaría mucho Ramón Guillermo Aveledo, presidente de la MUD, en enumerar en rueda de prensa sus puntos “inamovibles”, que de no ser considerados por el Ejecutivo Nacional, los obligaría a levantarse de la mesa de diálogo, lo que no tardó en suceder.
El principal de estos “inamovibles”: la liberación, vía gracia judicial humanitaria, del comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad luego de comprobarse su responsabilidad en el asesinato por disparos el 11 de abril de 2002 de más de una docena de personas en las adyacencias del palacio presidencial de Miraflores.
Muertes estas ocasionadas durante un ataque de la extinta Policía Metropolitana, de la cual este era su máximo jefe en su condición de Secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor, a su vez encabezada por el periodista Alfredo Peña, uno de los cabecillas del intento de golpe de este día contra el presidente Hugo Chávez, y quien traicionó al líder bolivariano.
Las presiones sobre la MUD
Quizá estas recientes declaraciones del Kerry, como las de otros funcionarios norteamericanos, llevaron al presidente Nicolás Maduro a decir que la MUD estaba recibiendo muchas presiones para retirarse de la mesa de diálogo y paz, y más recientemente dijo que esas presiones provenían desde la ciudad de Miami, quizás en alusión a las posturas de parlamentarios republicanos de Florida como Rss Lehtinen y Marco Antonio Rubio, quines no ocultan su labor antivenezolana.
En rueda de prensa este viernes, Maduro llamaría la atención de los periodistas sobre cómo el retiro de la MUD de la mesa de diálogo se producía justo cuando su gobierno presentaría comprometedoras pruebas de apoyo a las guarimbas por parte de miembros de la oposición derechista.
Y en este orden de ideas, generaría mucha suspicacia que la Sub Secretraria de asuntos hemisféricos, Roberta Jacobson, saliera rápidamente a desmentir sus acusaciones contra el presidente de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, quien según la primera versión de esta funcionaria le habría señalado lo inconveniente de aplicar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por parte de la administración Obama.
Al parecer de los hechos, los sectores de extrema derecha venezolanos hicieron llegar sus quejas a la Jacobson sobre la “peligrosa coincidencia” de Aveledo con el Gobierno bolivariano sobre la necesidad de detener de una vez por toda la violencia guarimbera que estos ejecutan.
Por lo que la funcionaria presionó al presidente de la MUD con estas declaraciones en su contra que luego corregiría desde Brasil una vez Aveledo le dio una señal a los violentos, pero sobre todo a los halcones del Pentágono, de su compromiso firme con el plan de golpe continuado. Señal que no habría sido otra que el retiro de la MUD de los diálogos de paz.
Por lo visto, este juego de chantaje de la MUD y del gobierno estadounidense contra el gobierno bolivariano, quedaría evidenciado una vez más con el recrudecimiento de la violencia callejera ejercida por los grupos fascistas de Voluntad Popular, la Machado y Ledezma en los últimos días, fundamentalmente en los municipios metropolitanos de Chacao y Baruta.
Parece traducirse de estos últimos acontecimientos, que para la MUD no habrá ni diálogo ni paz en Venezuela, si Nicolás Maduro no acepta todas sus exigencias, a sabiendas de que esa actitud desdice de su sensatez política, o de querer transitar la “real politik”, es decir, la resolución de toda controversia entre adversarios políticos de manera pacífica y democrática, y con plena garantía del ejercicio de las libertades públicas, como ha venido siendo en estos 15 años de revolución bolivariana.
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